La empresa Claros se adjudicó en la primavera de 2019 el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Fernando durante tres años, por algo más de 4,3 millones de euros. Aunque dicho contrato se ha ido engordando con dos modificaciones aprobadas a lo largo de este 2021 ante el aumento de usuarios atendidos, con lo que el coste se eleva ya a cerca de 6,8 millones de euros.
Ahora UGT acaba de advertir de que desde que esta concesionaria asumió en marzo de 2019 este servicio privatizado (Podemos ha pedido en reiteradas ocasiones que se municipalice, como en Chiclana, por ejemplo), “se vienen produciendo diversas irregularidades en la prestación del contrato, las cuales han afectado a los derechos de la plantilla, de los usuarios y de los ciudadanos en general”.
De este modo, este sindicato mayoritario en el comité de empresa ha difundido las primeras denuncias que se han presentado “ante los numerosos, graves y continuos incumplimientos del pliego”. Irregularidades que, se asegura, “han ido siendo trasladadas tanto a la empresa, como al equipo de Gobierno del Ayuntamiento en las escasas reuniones que se han podido mantener en estos casi tres años. De hecho, la alcaldesa Patricia Cavada aún no ha tenido un huequito en su agenda para atender a las 150 trabajadoras del servicio desde que accedió al cargo en 2015, tratándose además de la empresa en la que trabajan más mujeres de todo San Fernando”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, UGT lamenta asimismo “el desinterés y la apatía” con la que el concejal de Desarrollo Social, Jaime Armario, y la concejala de Políticas Sociales, Virginia Barrera, han recibido sus quejas y denuncias; “a pesar de que es suya la responsabilidad, tanto de haber contratado a Claros como de hacer cumplir el contrato que firmaron. Cumplimiento a todas luces defectuoso como puede verse con sólo preocuparse de comparar lo firmado con lo que realmente se está ofreciendo por parte de la concesionaria”.
NO SE PROPORCIONA VESTUARIO “ADECUADO Y SUFICIENTE”
En la primera de estas denuncias ya elevada ante la Inspección de Trabajo (se avanza que se irán desglosando y exponiendo públicamente otras “en los próximos días”) se ha puesto de manifiesto la falta de cumplimiento de la empresa “entre lo que tendría que dar de vestuario a la plantilla y lo que realmente da”.
Existe un informe económico del propio Ayuntamiento isleño en el que se basa el precio por el que se oferta este contrato en el que desglosan los gastos que deberá afrontar la empresa; entre ellos, el de proporcionar un vestuario adecuado y suficiente a las trabajadoras (y que también se incluyen en las ampliaciones de contrato, con el correspondiente aumento de plantilla). Pero “la realidad es que desde que se inició el contrato hace más de dos años, jamás se ha cumplido esta obligación por parte de la empresa, ni se le ha hecho cumplir por parte del Ayuntamiento”, asevera esta sección sindical.
UGT calcula que existe un desfase de 142 euros por trabajador/año entre lo real y lo que está incluido en el precio del servicio (Claros debería haber gastado 25.110 euros anuales en vestuario, tal y como calcula el informe económico municipal, frente a los 5.670 que es lo que el sindicato estima que realmente ha gastado al año). La diferencia es de 19.440 euros anuales “que el Ayuntamiento, del dinero de los isleños, paga por algo que no reciben las trabajadoras y que están obligados por contrato a proporcionar”.
Así, este sindicato sospecha que durante los tres años de contrato, el montante del incumplimiento sólo por este concepto “puede ser de más de 100.000 euros en total”. Dinero que “ha engrosado el bolsillo de la empresa, sin que esta haya cumplido con su obligación contractual, y sin que nadie en el Ayuntamiento haya controlado ni exigido el cumplimiento del mismo”. Y ello, se sentencia, “a pesar de las reiteradas ocasiones en las que la representación sindical de las trabajadoras ha alertado de esta circunstancia a los concejales encargados del tema”.
“Esa falta del vestuario adecuado y suficiente ha sido suplida en la mayoría de los casos por las propias trabajadoras, usando su ropa personal (e incluso adquiriendo de su bolsillo otras partes del vestuario como pantalones, camisetas, polos, chubasqueros, etc…)”, se añade.
Esta misma empresa también tiene adjudicado el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de El Puerto, y regularmente el comité de empresa denuncia que “viene retrasando el pago de las nóminas mes tras mes”.
