El Ayuntamiento de Rota se adherirá al nuevo convenio para proteger a las familias en situación de exclusión social amenazadas por desahucios. El citado acuerdo fue recientemente rubricado por parte de la Junta, el Consejo General del Poder Judicial, y la FAMP. Así, a partir de ahora “se podrá trabajar en red, y contar con un protocolo de actuación en caso de lanzamiento, ya esté derivado por una ejecución hipotecaria o por impago de la renta”.
El Ayuntamiento de Rota se adherirá al nuevo convenio para proteger a las familias en situación de exclusión social ante la problemática de los desahucios. El citado acuerdo fue recientemente rubricado por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez.
La concejala de Servicios Sociales, Lourdes Couñago, considera que la próxima adhesión de la Villa a este acuerdo viene a complementar todo el trabajo que se viene haciendo por parte del Gobierno local en materia de vivienda “respondiendo al compromiso adquirido con los ciudadanos y que se firmó en el pacto de gobierno entre PSOE e IU”; una labor en la que se incluye la declaración, ya aprobada, de Rota como Municipio Libre de Desahucios, o las ordenanzas de la función social de la vivienda, que actualmente están en fase de exposición pública.
Couñago recuerda el respecto en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que cuando se declaró a Rota como Municipio Libre de Desahucios “hubo expresiones en las que se nos acusó de querer saltarnos a los jueces y ser utópicos. Nunca hemos querido obviar a la justicia, y hemos intentado buscar soluciones”. En este sentido, explica que hasta el momento el asunto judicial se solucionaba hablando con la jueza, con un tema de voluntades más que de forma objetiva, pero que con este convenio se sientan unas bases firmes para actuar con medidas concretas en favor de personas con especial vulnerabilidad en materia de desahucios y ejecución hipotecaria.
Así, a partir de este convenio “se podrá trabajar en red, y contar con un protocolo de actuación en caso de lanzamiento, ya esté derivado por una ejecución hipotecaria o por impago de la renta, y siempre en el caso personas y familias que objetivamente se encuentren en especial situación o exclusión social”.
De hecho, a través de este convenio los jueces tendrán acceso a la información que manejan los servicios sociales y podrán, contando con ésta y siguiendo la legislación vigente, suspender el lanzamiento de las viviendas en los casos en los que así lo estimen oportuno.
En este acuerdo “funcionan los tres organismos que trabajan en materia de vivienda: la Junta de Andalucía, con las delegaciones de Vivienda, el Consejo General del Poder Judicial y la FAMP que coordinará todo este trabajo”, ha insistido la representante del bipartito roteño.
Entre los aspectos que incluye este acuerdo se encuentra informar del código de buenas prácticas; ayudar a los afectados sobre el acceso a la justicia gratuita; o un nuevo servicio informático, que permitirá, siempre con la autorización de las personas afectadas, el acceso a la información que manejan los Servicios Sociales de los ayuntamientos sobre las familias desfavorecidas afectadas por casos de desahucios.
En definitiva, para la delegada de Servicios Sociales, este convenio “no sólo viene a complementar el trabajo que venimos haciendo en la localidad en materia de vivienda, sino que también da tranquilidad y un poco de alivio a familias afectadas”.
(puedes comentar esta información más abajo)
