La plantilla de la adjudicataria de los servicios del aeropuerto de la Base de Rota, Louis Berger, ha iniciado un mes de movilizaciones que se desarrollarán con paros parciales a lo largo de nueve jornadas, exigiendo la readmisión de los 13 despedidos ya y la negociación del convenio colectivo. Al respecto, se critican los servicios mínimos “abusivos” impuestos por el Gobierno del PP. Los trabajadores cuentan en este conflicto con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU.
La plantilla de la adjudicataria por parte de la Marina estadounidense para la gestión de los servicios del aeropuerto de la Base de Rota, Louis Berger, ha iniciado este 29 de marzo un mes de movilizaciones que se desarrollarán con paros parciales a lo largo de nueve jornadas, exigiendo la readmisión de los despedidos y la negociación del convenio colectivo.
Los representantes de los trabajadores denuncian que la postura de la empresa norteamericana hoy día –y tras el último intento de acuerdo en el Sercla- es que los despedidos se quedan en la calle (12 desde el pasado 31 de enero más uno disciplinario producido anteriormente) y, además, que el resto de la plantilla se baje el sueldo un 22,5% “o continuará con los despidos”.
Louis Berger ha argumentado por su lado desde que se adjudicó este contrato el pasado verano verse en la “obligación” de adaptar la plantilla y las condiciones laborales de la misma para que este sea “económica y operativamente viable”.
De este modo, esta huelga se desarrollará los días 29, 30 y 31 de marzo, y 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de abril, paros de cuatro horas por turno. Al respecto, el comité de empresa denuncia también los servicios mínimos “abusivos” decretados por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Es más, añade que la empresa ha traído a personal estadounidense para sustituir a los huelguistas.
Ante estas quejas, la Subdelegación replica que estos servicios mínimos fijados “respetan el derecho constitucional a la huelga de los empleados, a la vez que cumple con las exigencias de seguridad que requiere una instalación militar”.
Tras diversas reuniones de los responsables técnicos de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con los representantes de la empresa y de los trabajadores –tanto de modo independiente como juntos, con el fin de intentar el acercamiento de las posturas-, y una vez recibidas las propuestas de servicios mínimos por las partes en conflicto y vista la imposibilidad actual de cualquier tipo de acuerdo o de acercamiento entre las dos, “se decidieron unos servicios mínimos teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se derivan de las exigencias de seguridad requeridas por un establecimiento militar y de los servicios que en él se prestan”, se anota.
En el caso de las concentraciones en el exterior de la Base y debido a que el comité lamenta que se les ha “apartado a un rincón”, la Subdelegación responde que las peticiones de protestas han sido tramitadas según normativa establecida “y en base a informes técnicos para garantizar el derecho de manifestación, a la vez que haciéndolo compatible con una instalación (y sus accesos) afectada por determinadas y concretas condicionantes de seguridad, y para salvaguardar los derechos, igualmente constitucionales, de los usuarios de las vías afectadas”.
CCOO ha alertado en las últimas semanas que “nada justifica” los despidos de trabajadores en esta empresa; “es más son necesarios con los niveles de trabajo que viene teniendo el aeropuerto, con 12 ó 14 aviones aterrizando y despegando con los que la actual plantilla no da abasto”. En este sentido, se ha advertido de la falta de seguridad existente ante la falta de personal, con situaciones como la de que no se respetan los descansos necesarios, por lo que “no sólo hacen falta los 13 trabajadores despedidos, sino que es necesaria una plantilla mayor”.
Este mismo sindicato también revelaba hace unos días, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, que la concesionaria del servicio aeroportuario en la Base Naval ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por el incumplimiento del vigente convenio colectivo. Se basa en no haber entregado los cuadrantes anuales para el año 2017 de la plantilla.
Desde hace semanas, estos trabajadores vienen recibiendo el apoyo del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía –el vicepresidente aseguraba en una visita a la Villa que se va a poner en contacto con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para exigir al Gobierno central del PP un compromiso claro con los trabajadores de la Base- y de partidos como IU, Podemos, PSOE y Ciudadanos. Precisamente la formación naranja acaba de anunciar que presentará en el Congreso una serie de preguntas sobre este conflicto con las que “lo que buscamos es como primera instancia un diálogo fraternal entre la empresa y los trabajadores”.
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