El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha mantenido una reunión con el capitán David S. Baird, comandante de las actividades navales de EEUU en España, con el fin de transmitirle su preocupación y la de todo el Ayuntamiento ante la situación que viven los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval por el largo conflicto que mantienen con la empresa concesionaria de este servicio, la norteamericana Louis Berger Aircraft Services.
Las reivindicaciones de la plantilla se vienen prolongando desde hace tres años, constituyendo uno de los conflictos laborales más largos en la provincia gaditana (sufriendo despidos, persecución laboral y sindical, inseguridad), con numerosas concentraciones a las puertas del recinto militar, movilizaciones de carácter pacífico, y huelgas.
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, el primer edil socialista, cumpliendo con el acuerdo plenario adoptado por todas las fuerzas políticas el pasado mes de septiembre, ha mantenido este encuentro dentro de la Base con el capitán Baird, solicitándole que la administración americana traslade dicha preocupación a la empresa, para que vuelva a reunirse la mesa de negociación de forma que las reclamaciones de los trabajadores puedan ser atendidas.
De igual forma, el alcalde ha trasladado a este militar de EEUU su agradecimiento y el del Consistorio roteño por su disposición favorable a atender su solicitud para reunirse y por manifestar su intención de facilitar “vías de entendimiento y cooperación”.
Este conflicto cumplía a principios del pasado octubre un año de la huelga indefinida que viene manteniendo la plantilla, que ya soporta una treintena de despidos desde que explotaba hace tres. Además, ocho sanciones que han sido respondidas por la vía judicial favorable a los trabajadores y más de 16 actas de infracción contra la firma norteamericana emitidas por la Inspección Provincial de Trabajo. Sindicatos y partidos evidencian que Louis Berger está incumpliendo sistemáticamente la legislación laboral española, mientras el Gobierno central (antes del PP y ahora del PSOE) miran hacia otro lado.
Para CCOO, el fin de dicha empresa extranjera “es doblegar la legítima voluntad de defensa de la plantilla y disminuir su capacidad de resistencia y acción sindical reivindicativa del conjunto de los trabajadores, con la finalidad para despedir a 40 operarios y, suplantar estos por nuevas contrataciones a los que le aplicaría salarios que no llegan a los 980 euros, aumento de la jornada laboral, e imposición de normas laborales no acordadas con la representación sindical”.
