El Ayuntamiento de Rota ha aprobado sin unanimidad en un reciente pleno extraordinario y urgente el procedimiento de pago a proveedores 2025, “una medida clave para garantizar la estabilidad económica y reforzar la confianza con empresas y autónomos que prestan servicios a la administración local”.
“Sin subir los impuestos, estamos manteniendo y mejorando la calidad de los servicios públicos. Este plan refleja un modelo de gestión solvente, responsable y centrado en las personas”, destacaba durante la sesión el alcalde, Javier Ruiz Arana.
La medida abordada por el pleno implica tres puntos. Por un lado, la relación de facturas impagadas aceptadas dentro del procedimiento, y la modificación del plan de ajuste municipal 2025-2040 “sin incremento de impuestos ni recortes en los servicios públicos” al tiempo que “se refuerzan las medidas de eficiencia del gasto y ahorro” (aprobado con la abstención de IU y el rechazo del PP).
Y por otro, la concertación de una operación de crédito a largo plazo, “con condiciones más ventajosas”, para financiar esas obligaciones pendientes con proveedores del Consistorio (que salía adelante con la abstención de IU y el apoyo conjunto de PSOE y PP).
“UNA OPERACIÓN RESPONSABLE”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Hacienda, Nuria López, defiende este nuevo plan señalando que “se trata de una operación responsable que no incrementa la deuda del Ayuntamiento, sino que la transforma en una deuda con el Estado, con un interés más beneficioso para nosotros del 2,9%”.
Además, esta edil socialista pone en valor que la empresa municipal Modus se incorpora a la consolidación contable del Ayuntamiento.
Por otro lado, recuerda que antes de la llegada del PSOE al Ayuntamiento en 2015, durante los mandatos con gobiernos de PP/RRUU, “el endeudamiento alcanzaba el 120%”, mientras que con la gestión actual “se ha reducido al 70%”.
Igualmente, el período medio de pago a proveedores ha pasado de 370 días en 2012 (es verdad que eran momentos muy complejos por la crisis-estafa) a 142 días, “un avance significativo en la agilidad financiera municipal”, presume López. Con todo, se sigue incumpliendo con creces la ley, que obliga a las administraciones públicas a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días.
