La Fiscalía de Cádiz ha respondido a la denuncia remitida por Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real. En su escrito el grupo verde describía multitud de situaciones en las que el Gobierno municipal del PA “vulneraba por omisión o por denegación expresa todo tipo de información”. Hechos que también ha denunciado meses atrás el PSOE, y que se incluirán en el procedimiento ya abierto en los Juzgados de la Villa.
La Fiscalía de Cádiz ha respondido a la denuncia remitida por Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real a principios del pasado mes de enero. En su escrito el grupo verde describía multitud de situaciones en las que el Gobierno municipal encabezado por Maribel Peinado “vulneraba por omisión o por denegación expresa todo tipo de información”.
En la respuesta de Fiscalía se indica que tales hechos son “indiciariamente constitutivos prima facie de delito contra los derechos civiles del artículo 542 del Código Penal” y que por ser coincidentes en tipo delictivo y tiempo con los también denunciados por la socialista Ana Mosquera con anterioridad, toda la documentación de esta denuncia ha sido remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto Real para que se acumulen al procedimiento ya abierto.
La coportavoz de Equo, María Merello, recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “la información solicitada es de todo tipo pero destaca la referente a las empresas públicas, el auténtico Ayuntamiento paralelo sometido a una opacidad más que sospechosa. También pedimos información sobre dietas de miembros corporativos y personal municipal, cuantía de los gastos en publicidad institucional en emisoras de radio o el convenio entre Epsuvi y el Puerto Real Club de Fútbol. Toda esta información ha sido expresamente denegada a nuestro grupo con excusas de lo más peregrinas”.
Por su lado, el concejal y portavoz de la formación, Iván Canca, afirma que “no es plato de buen gusto para nuestro grupo la judicialización de los asuntos políticos. Pero la situación de denegación de información que veníamos sufriendo era insostenible. Por momentos sentíamos que nos estaban tomando el pelo con denegaciones de información que resultaban ridículas. Y encima una y otra vez en las sesiones plenarias nos retaban a ir a los tribunales si pensábamos que estaban haciendo algo mal, sabedores de lo complicado que es llevar estos asuntos a la justicia. Ahora no hará falta que los llevemos a los tribunales, lo ha hecho la propia Fiscalía”.
