El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado suspender el procedimiento sancionador incoado a las empresas Redelsur, Ecogades y Delphi por diversas infracciones contra la normativa medioambiental en sus instalaciones en Puerto Real y Chiclana. Se esperará a la investigación judicial. Las multas que se barajaban rondan 5 millones de euros.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado suspender el procedimiento sancionador incoado a las empresas Redelsur, Ecogades y Delphi Automotive Systems España por diversas infracciones contra la normativa medioambiental en sus instalaciones en Puerto Real y Chiclana.
La decisión obedece a la apertura de un proceso penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real por los mismos hechos, que se concretan en gestión y transferencia de residuos peligrosos sin autorización ambiental integrada; almacenamiento y eliminación incontrolada a través de la red de saneamiento municipal; vertido indirecto de aguas oleosas a la red; y abandono de tierras contaminadas con hidrocarburos.
De acuerdo con la vigente Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la suspensión acordada se mantendrá hasta que el proceso penal concluya con una resolución judicial firme, se señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El expediente sancionador, por parte de la administración regional, fue iniciado en septiembre de 2015 por la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (el Seprona de la Guardia Civil), que constató el almacenamiento, vertido y abandono de residuos tóxicos y peligrosos en las antiguas instalaciones de la factoría Delphi por parte de Redelsur, sin ser gestor autorizado. Estos hechos están calificados como graves y muy graves por la legislación vigente.
Asimismo, se acordó iniciar procedimiento a Ecogades por la recogida de estos residuos en sus dependencias chiclaneras y el abandono de otros. Mientras, a Delphi Automotive Systems España se le abrió expediente por su responsabilidad como arrendador de los terrenos en el término puertorrealeño.
La propuesta de resolución del procedimiento ahora suspendido proponía la imposición de multas por importe total de 4,74 millones de euros.
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