La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia gaditana una organización responsable de un fraude masivo al SAS de más de 250.000 euros. Se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, entre los que se encuentran el gerente y el exgerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; aunque la Junta aclara que estos han declarado “en calidad de intervinientes, conocedores del caso y denunciantes del mismo, como en cualquier otra investigación”. Esta trama de 2012 a principios de 2014 llegó a facturar piernas ortopédicas y sillas de ruedas a motor a pacientes que andaban con normalidad y que jamás habían tenido ningún tipo de lesión.
En el marco de la operación Venel, desarrollada en la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha desarticulado una organización responsable de un fraude masivo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 250.000 euros. Se ha puesto a disposición judicial a 22 personas (13 detenidos y nueve investigados), entre los que se encuentran el director y el exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; los exdirectores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros públicos durante los años investigados. Se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.
Además del perjuicio causado al erario público, una de las consecuencias más graves que se derivan de esta práctica criminal es el caso de un paciente al que se le denegó un material ortopédico que precisaba porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos.
La operación, se relata en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se inició a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real para investigar unas supuestas irregularidades detectadas por el equipo provincial de inspección de la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, relativas a la facturación de la prestación ortoprotésica prestada por el Clínico durante los años 2012, 2013 y primer semestre de 2014.
De este modo, se detectó una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del propio SAS del hospital puertorrealeño y varios titulares de ortopedias radicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Posteriormente se determinó que gran cantidad de recetas emitidas para la prescripción de material ortopédico, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de distintas ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia. Se trataba de distintos productos de mayor o menor coste, dándose una pluralidad de casos delictivos detectados, además de multitud de irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial.
Habían facturado productos a nombre de más de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento.
Entre las modalidades delictivas más utilizadas están: prescripciones de prótesis de amputados a personas que manifestaron no haber recibido los productos, aclarando además que padecían amputaciones distintas a la de estos artículos facturados irregularmente a su nombre; prescripciones de prótesis de amputados a personas no amputadas; prescripciones de sillas eléctricas y arreglos de sillas eléctricas, manifestando estos pacientes que no las habían obtenido, no les habían realizado arreglos e incluso que no las necesitaban; prescripciones duplicadas de artículos ortoprotésicos, por las que se realizó una doble facturación; prescripciones a pacientes que manifestaron no haber acudido a su médico para la obtención de estos artículos, sino que se los había gestionado directamente las ortopedias; prescripciones en las que se visó y falsificó la firma de los auxiliares administrativos y de los propios facultativos; o prescripciones de las que no existen registros informáticos, debido a un borrado de la base de datos de cargos, y de los que tampoco existe documentación en el archivo del hospital.
Aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó el mismo y se corrigieron las deficiencias “supera ampliamente el medio millón de euros en uno de los hospitales”, se remarca desde la Benemérita.
LA JUNTA ACLARA QUE LOS GERENTES HAN DECLARADO COMO DENUNCIANTES
A raíz de la información difundida por la Guardia Civil, la delegación territorial de Salud apostilla que la operación ha sido posible con el trabajo de la inspección de la propia delegación, “que, a su vez, fue alertada por los propios hospitales de una serie de irregularidades en torno a la facturación de la prestación ortoprotésica a sus usuarios”.
Al respecto, es en octubre de 2013, cuando la dirección económica administrativa del Clínico solicita a la inspección una investigación relativa al campo de la ortoprótesis de los hospitales de Cádiz y Puerto Real, en virtud de un acuerdo de colaboración entre ambos para este tipo de actuaciones.
Como consecuencia de la actividad inspectora se elaboraron dos informes, uno de 3 de junio de 2014, en el que se señala una serie de irregularidades consistentes en una facturación por parte de una ortopedia, lo que supuso, entre otras actuaciones, la tramitación de un expediente sancionador a cuatro trabajadores del centro. Dichos expedientes, iniciados por la propia gerencia del hospital, fueron paralizados, como es preceptivo, una vez que se inicia el procedimiento judicial.
Posteriormente, el 1 de octubre de 2014 se realiza una ampliación del informe previo, que extiende las irregularidades a otras ortopedias, tanto de la provincia como de Andalucía. Inicialmente, las irregularidades se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional de San Fernando; posteriormente, el 21 de abril de 2015 se remitió un escrito a la Fiscalía Provincial de Cádiz. Fue el 16 de mayo de 2016 cuando la Guardia Civil inició la investigación judicial y, desde entonces, la inspección ha colaborado hasta la conclusión del caso.
Por todo ello, se incide desde la Junta en que la gerencia y el equipo del Hospital Universitario de Puerto Real “han permitido detectar y poner en conocimiento de la inspección de Servicios Sanitarios las supuestas irregularidades y actuar contra los causantes”. En este sentido, tanto miembros de la anterior dirección como de la actual, han acudido a declarar “en calidad de intervinientes, conocedores del caso y denunciantes del mismo, como en cualquier otra investigación”, se aclara.
PODEMOS EXIGE EXPLICACIONES A LA JUNTA
Mientras, Podemos en Cádiz lamenta este nuevo caso de “corrupción” que afecta directamente al SAS. Asimismo exige explicaciones a la Junta al haber sido detenidos varios exaltos cargos. “Esto es una muestra de la sensación de impunidad que ha existido en la gestión de la Junta en los últimos años”, sostiene José Ignacio García, miembro del equipo provincial de la formación morada
Una noticia que, se añade, “se suma las últimas informaciones negativas publicadas por los medios como los recortes en personal y servicios, las deficiencias en infraestructuras o el aumento de las listas de espera•.
Desde Podemos demandan “una investigación a fondo por parte de la consejería de Salud y la asunción de responsabilidades políticas”.
Del mismo modo se exige transparencia y que, de una vez, se ponga fin a la opacidad: “este caso de facturas falsas se suma al que conocimos recientemente sobre las donaciones opacas que los laboratorios privados hacían a empresas públicas de sanidad de Andalucía, un asunto en el que aparecía el nombre del ya exviceconsejero de Sanidad, Martín Blanco”.
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