La Diputación, el 18 de enero en el acto de presentación en la capital del Estado del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, prevé exponer los objetivos de esta “oportunidad” para la provincia, para allá de una mera celebración y recuerdo del pasado.

La Policía Local de San Fernando en su versión de Policía de Barrio ha atendido unas 5.000 incidencias el pasado año. La regulación en los accesos a los centros escolares y las atenciones en materia limpieza han sido las principales actuaciones de estos agentes.

El Ayuntamiento ha iniciado la redacción del proyecto de mejora de la calzada en los enclaves de Plaza Esteve, Plaza Las Angustias y calle Corredera, que supondrá, gracias a fondos europeos, “una mejora sustancial tras el deterioro acusado en los últimos tiempos”.

Este dinero se ha distribuido en subvenciones, vales de alimentación, vales para farmacias, alojamiento de personas sin hogar, comedor, transporte urbano, material escolar, suministro de luz y agua, y sobre todo ayudas a familias con o sin hijos menores.

La Diputación ha cumplido su compromiso y ha ejecutado obras e instalado una nueva señalización de limitación de velocidad, para la mejora de la seguridad del transporte escolar en el kilómetro 1 de la CA-3133, en el término municipal de Puerto Real, en El Portal.

Tras las fiestas, comienza la ejecución del último tramo de la segunda fase de los trabajos de Apemsa en la calle Larga de El Puerto. Las obras se desarrollarán entre la calle Espíritu Santo y la Plaza de los Jazmines, y cuentan con su plan de tráfico alternativo.

Se normaliza y da estabilidad en el empleo a estos trabajadores del servicio remunicipalizado que venían reclamando, en algunos casos hasta más de diez años, una serie de condiciones laborales que no habían sido atendidas y que se encontraban en fraude de ley.

La Junta ha aprovechado las vacaciones escolares para pequeñas obras de retirada de amianto. En el caso de San Fernando, ha actuado en el CEIP Constitución, donde se han invertido 1.300 euros en esta actuación de reemplazo de fibrocento, un material cancerígeno.

Facua acusa a esta empresa semipública de mantener un comportamiento, además de ilegal, “totalmente carente de sensibilidad” ya que entiende que quien no paga no es por dejadez, sino porque no puede. Mientras se trabaja en sacar adelante el bono social eléctrico.

CSIF demanda a las administraciones que forman parte del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz un “mayor esfuerzo” en sus aportaciones para aumentar la plantilla. A finales de 2016 se convocaron nueve plazas, “habiendo unas 100 vacantes”.