Escribo esto desde la perplejidad, desde el sonrojo de pertenecer a un Estado, como es el actual Estado español, que no permite que los ciudadanos de un territorio, sea el que sea, pueda ejercer de forma libre, y sin jugarse la libertad, un derecho básico de cualquier democracia real y participativa, como es el derecho a decidir su futuro. Pero por desgracia así es.
Todo ello en base a un sistema compuesto por cuatro partidos, bueno yo me arriesgaría a decir que un solo partido con cuatro cabezas, envejecidos y enloquecidos por el poder de los cuatro de “arriba” que son capaces de cualquier cosa con tal de mantener su parcela de poder inamovible. Un sistema en el que, con tal de que nada cambie, se cargan los derechos básicos civiles, derecho a opinión, expresión y por el camino que vamos el de cátedra, bueno, no seré catastrofista, siempre nos quedará el derecho a pensar… eso creo.
Este nefasto sistema político, ha impedido e impide, y si lo seguimos permitiendo seguirá impidiendo, el desarrollo democrático de la Constitución del 78, suspendido desde el mismo momento que se aprobó. Hoy envejecida e inútil por no haber sido actualizada al ritmo que cambiaba la sociedad y las necesidades de la misma, solo les vale a los cuatro partidos “dopados”, que callan toda propuesta política que intente cambiar dicho modelo caduco político, amparados en una más que discutible legalidad, por desfasadas, leyes en la que se sustenta.
Los fundadores de los Estados Unidos de América del Norte, hace ya más de dos siglos, se dieron cuenta que, si un Gobierno impedía el pleno desarrollo de la democracia, se convertía en tirano, y por tanto no podía representar al Gobierno del Pueblo[1] “The People” y era, por tanto, legítimo que el pueblo se alzará contra dichas leyes y contra el propio Gobierno para derrocarlo e instaurar la democracia. Intuyeron que un Gobierno protegido en las leyes, podría privar al pueblo de sus derechos, y por tanto llamaba al pueblo a derogar tal Gobierno. Las Leyes deben estar siempre al servicio del pueblo para garantizar sus derechos, no al revés, y cuando esto ocurre el pueblo tiene la obligación de cambiar dichas leyes y al Gobierno que las sostiene.
Estos conceptos básicos para la democracia, hoy se están dando en España. Unos partidos políticos se refugian en las Leyes para impedir que el pueblo exprese su opinión. Esto no tiene más justificación que el intento de secuestrar aún más, si cabe, la poca democracia que nos queda a todos e impedir el pleno desarrollo político, social, económico y democrático del pueblo español. La negativa del poder Ejecutivo representado por el Partido Popular, con el apoyo del Legislativo controlado por sus partidos que lo soportan, y la puesta en duda por muchos de la independencia del Judicial, ante un problema como el visualizado en Catalunya.
Una parte del “pueblo” de Catalunya quiere poder expresar de forma democrática, limpia y pacífica su modo de permanencia o no, dentro del Estado español. Pero las actuales leyes, según la interpretación del Gobierno lo impiden. Entramos por tanto de lleno en el conflicto de intereses que ya previeron los firmantes de la Carta de Independencia de los EEUU, el Gobierno contra el pueblo.
Un Gobierno digno de serlo, no puede impedir, bajo ninguno de los conceptos, las aspiraciones del pueblo, o de una parte del mismo, menos intentando someterlo con leyes contrarias a tales propósitos democráticos, menos aún utilizarlas para incriminar a los que luchan por ellas, ya que, en ese caso, dejan de ser leyes democráticas para convertirse, de mano del Gobierno, en leyes tiránicas al servicio de un Gobierno tiránico, y por tanto contra el que el pueblo tiene la obligación de derrocarlo e instaurar la democracia.
Muchos argumentan que la vía elegida por aquellos que quieren expresar su derecho a decidir de forma libre y democrática, como es el de la Declaración Unilateral de Independencia DUI, es contraria a todo derecho. Pero ¿qué derecho puede impedir dicha consulta al pueblo? Cuando el Gobierno jamás ha abierto puerta alguna a que el pueblo se exprese, siempre amparado en leyes hoy injustas, el pueblo hace lo que han hecho todos los pueblos a través de la historia de las conquistas democráticas, tomar la vía de desobedecer y actuar contra lo que cree injusto. Por tanto, si el Gobierno ha impedido que una parte del pueblo pueda expresarse, este está legitimado por derechos democráticos internacionales a tomar la vía unilateral como único y último camino. Por tanto, no estamos ante una sublevación, sedición o rebelión, sino ante un acto democrático de un pueblo en contra del Gobierno que se lo impide.
El Gobierno, en vez de arremeter contra todos/as y todo lo que no se acoja de forma textual a las leyes, debería haber facilitado el cambio de las mismas para que, esa parte del pueblo pueda expresar su opinión de forma libre, democrática y pacífica en vez de hacerlo bajo una lluvia de palos por parte de unas fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, a las que no culpo en sí porque cumplen órdenes, sino a los responsables de ordenarlos. La prohibición nunca es, ni será digno de ninguna democracia. Es lo que tenemos, lo que hay que cambiar… entre todos.
El proceso de Catalunya ha servido para poner en evidencia la baja calidad de la democracia en España, un problema que, aunque nace y se desarrolla en Catalunya, se comienza a extender por el resto de naciones de la Península Ibérica, ya que no es un problema de un referendo sobre el derecho a decidir del pueblo de Catalunya, sino un verdadero problema de democracia, y sin democracia no podrá progresar ni el derecho de los catalanes, ni el derecho de nadie. Es por tanto más necesario y urgente que nunca la unidad de los demócratas en la lucha por la democracia, objetivo que sólo se podrá alcanzar desde las reformas necesarias para el pleno desarrollo de las libertades individuales de todos. Ningún pueblo por sí sólo, por mucha fuerza que este tenga podrá vencer a un Estado como el actual.
La fuerza del poder, los medios de comunicación, poder judicial y la fuerza pública es mucho, muy poderosa y necesita la unidad de todos. A la vista de lo ocurrido en Catalunya, y en el modo que ha intentado e intenta el Gobierno acallar al pueblo, evidencia dicho poder. Detenciones, opresión contra el pueblo, aplicación del 155 que pone en suspenso las instituciones democráticas de Catalunya y la investigación de todo aquel que ha participado en la lucha por las libertades es la muestra evidente de dicha dificultad.
Es tanta la fuerza del Estado, que lejos de rectificar y sentarse a negociar con el pueblo, se enroca aún más en las leyes ya no sólo para seguir negando el derecho a decidir, sino para que lo utiliza para hacer el mayor recorte de libertades básicas que se conozca en Europa, y poner en la línea del horizonte la aplicación del artículo 116, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Y esto perjudica a todo el conjunto de la sociedad democrática por igual. No podemos permitirlo. Es por ello que todos/as tenemos un objetivo primario en común: recuperar la democracia para permitir su pleno desarrollo y acoja el derecho a decidir de los pueblos como derecho básico de convivencia entre las naciones.
El camino hacia tal objetivo es y debe ser común a todos/as los demócratas. El objetivo cambiar el Gobierno, para desde el poder cambiar las leyes y la estructura del Estado es el fin que nos une a todos. Sin estas reformas no será posible ejercer ningún derecho democrático como luchar por el derecho a decidir. Si el objetivo final de un pueblo es Londres, y de otro Bruselas, ¿qué nos impide, ¿qué hace imposible que viajemos juntos hasta París y después sigamos por separado hacia nuestros propios objetivos? Si el objetivo de Catalanes, Andaluces o Vascos es la consecución de nuestras respectivas Repúblicas, y para ello es necesario el paso previo de las reformas que lo permitan ¿por qué no luchar juntos en ese objetivo?
Una unidad de acción que sólo nos engrandece. Solos no podemos, juntos sí. Potenciar por tanto un “espacio común” de trabajo, colaboración y coordinación para que la lucha sea más efectiva, real y con suficiente poder como para cambiar o forzar los cambios que todos necesitamos para alcanzar el derecho a decidir. Unidad de acción en la comunicación, en redes sociales, en trabajo en el exterior, en la llamada al compromiso de los demócratas. Una unidad que sea capaz de reforzar y renovar la lucha por nuestros objetivos comunes. Una unidad que nos hará más fuertes. Una unidad que, estoy seguro, conseguirá hacer realidad el mandato democrático de Cambiar a un Gobierno con tintes tiranos al mantenerse en base a Leyes que han convertido en tiranas.
Sea este esfuerzo colectivo por todos, por la democracia, la libertad y la independencia de los pueblos, que de ese modo lo expresen, bajo layes democráticas que permitan el derecho a decidir. DIARIO Bahía de Cádiz
ARTÍCULO DE: Pedro Ignacio Altamirano (Asamblea Nacional Andaluza)
[1]Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.
