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home Opinión Miguel Massanet

Transferir la educación el mayor error del Estado

· Firmado por ·
31 de julio de 2017
/tiempo de lectura: 6 minutos/
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“A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas que resolver” (Roger Lewin)

Las izquierdas saben mucho de como desestabilizar una nación, conocen los métodos adecuados para utilizar, en favor de sus objetivos, aquellas demandas de parte de la ciudadanía que saben que no pueden ser satisfechas por el Estado; son expertos en acompañar a quienes tienen cuentas pendientes con el sistema y son los que tienen respuesta para casi todos aquellos que se sienten engañados por quienes los gobiernan. Ahora, en España, saben que existe un medio realmente efectivo para conseguir que la división interna a la que tanto aspiran, la proliferación de los enfrentamientos entre las diferentes autonomías de las que está compuesta España, que tanto pueden beneficiar sus planes y el apoyo de la juventud, especialmente de la universitaria, que tan maleable resulta ser ante los problemas sociales del pueblo, por su innata tendencia a la defensa de los más débiles; y este, sin duda, el medio que, en Cataluña y en el País Vasco han venido utilizando para manipular a las nuevas generaciones de catalanes y vascos, a través de las escuelas, ikastolas y las universidades. Hablamos de la fuerza que otorga, a quienes pueden hacerse con su control, el poder de la enseñanza.

Nunca dejaremos de lamentarnos de la falta de sensatez, de visión de futuro, de análisis de la realidad sociológica de las distintas regiones de nuestra patria y del poder que se ha venido otorgando a quienes vienen reclamando, cada vez, mayores competencias, más libertad de actuación, menores sujeciones al poder central y menos dependencia de las leyes generales del país. Hoy en día es obvio que, quien dispone de la potestad de educar a los ciudadanos, tiene una de las llaves importantes para imponer sus ideas a las nuevas generaciones, que pasan ineludiblemente por el filtro de las escuelas y las universidades. Es obvio que, si a un niño de pocos años se le imbuye de una historia fraudulenta, se le adoctrina en ideas de tipo nacionalista, se le enseña a considerar al resto del Estado como un enemigo que pretende oprimirle, que viene robando al pueblo al que pertenece, que pretende restarle libertades, impedirle hablar en su propio idioma o coartarle el ejercicio de sus costumbres y tradiciones; no hay duda de que, aquella juventud, va creciendo bajo el convencimiento de que el Gobierno central es su enemigo,, contra el que hay que rebelarse, al que hay que atacar para obligarle a que ceda y permita que, aquella parte del territorio nacional, pueda independizarse para gozar de la libertad que, según le han enseñado, se les ha estado robando.

Por desgracia, los sucesivos gobiernos que hubieran podido acabar con este estado de cosas, han sido incapaces, dominados por sus intereses partidistas, sus aspiraciones de poder, su incapacidad para tomar en cuenta la gran responsabilidad que han ido adquiriendo cada vez que han cedido ante las peticiones de los gobiernos autonómicos; han permitido que redactaran unos estatutos de autonomía cada vez más exigentes, más dotados de competencias, menos dependientes del Estado central y, en consecuencia, con más posibilidades de actuar, sin necesidad de quedar sometidos a la vigilancia que debiera haber impedido que se extralimitasen en sus funciones hasta el punto, como ha venido ocurriendo en la comunidad catalana, de que las autoridades locales, se han considerado capacitadas para poder enfrentarse al Estado, dejar de verse sometidos al Estado de Derecho y echarse a la calle, sin temor alguno a enfrentarse a las leyes españolas y a la propia Constitución de 1978, a la que ya se niegan a respetar, en su loca carrera hacia el abismo que les espera, de seguir aferrados a la idea de rebelarse en contra de la nación a la que vienen perteneciendo desde hace 500 años.

 

Hace años que la ley de Educación ha sido motivo de enfrentamiento entre los distintos partidos que han pasado por el gobierno de la nación. Nunca, el PSOE y el PP, en su calidad de partidos mayoritarios de la nación española, han conseguido la suficiente calma, sensatez, buen disposición y sentido de estado, para ser capaces de llegar a un consenso sobre una Ley de Educación consensuada por ambas partes, con la posibilidad de tener una vigencia superior a la de la duración de la legislatura en la que han gozado del poder para hacerlo. Es evidente que, en las circunstancias actuales, con un Parlamento dividido, sin mayorías suficientes, donde las izquierdas actúan de freno a cualquier actuación que tenga sentido y los partidos, que se pudieran considerar constitucionalistas, están enfrentados entre ellos, más pendientes de buscar ventajas partidistas, de conseguir victorias pírricas en contra de sus oponentes o en velar por sus intereses electorales pensando, no en la legislatura en la que se encuentran, sino en las posibilidades de ganar unas nuevas elecciones en el futuro.

Y, con estos mimbres, son con los que, el actual gobierno del PP, tiene que organizarse para evitar que, Cataluña, consiga su objetivo de independizarse de España, impedir que el ejemplo catalán contagie a los vascos que, si bien parecen actuar con más sensatez, es evidente que, lo que pudieran conseguir los separatistas catalanes, lo iban a pedir inmediatamente para ellos. Los comunistas de Podemos, jugando al doble juego de aliarse con los socialistas de P. Sánchez, un sujeto con evidentes síntomas de estar poseído por una fanatismo con ribetes morbosos, con la idea fija de presentar una moción de censura en contra de Rajoy; mientras, por otra parte, les siguen haciendo el juego a los catalanes, apoyando su desafío al gobierno y a las Cortes españolas, mientras la señora Colau, que parece ir por libre, intenta por todos los medios dar la sensación a los catalanes de que los apoya en sus ansias de ser independientes, pero limitándose a hacer promesas vagas de facilitar las votaciones, sin concretar de que forma lo va a hacer, para intentar evitar entrar en el peligroso juego de cometer actos en los que pudiera ser acusada de colaborar con el independentismo catalán, incumpliendo las órdenes, cada vez más precisas, del TC.

Es evidente que sería necesario, ante la situación en Cataluña, si es que fuera factible ( y actualmente es imposible) cambiar la Constitución, pero no en el sentido que quisieran los separatistas o el propio PSOE de cambiar la Carta Magna para convertir el estado de las autonomías en otro de tipo federal; algo que, no solamente sería una grave equivocación por las consecuencias disgregadoras que se darían, sin duda empeorando os efectos perniciosos de carácter evidentemente nefasto, del actual Estado de las autonomías. Por el contrario, las reformas deberían centrarse en cambiar el Título VIII, para reducir de una forma importante todas aquellas funciones, actualmente traspasadas a las regiones autonómicas, para que volvieran a ser administradas desde el Estado central. Y, la primera de todas ellas, sin la menor vacilación, aquella relativa a la enseñanza que debiera de quedar unificada para todo el territorio nacional; de modo que las materias que se enseñasen en Guadalajara fueran las mismas, que las que se enseñaran en Cataluña o el País Vasco. La historia de España debería enseñarse en cualquier autonomía mediante un texto unificado en el que, los hechos y acontecimientos históricos, se enseñaran tal y como sucedieron y no trufados de intentos de tergiversarlos; de forma que, como ocurre en la actualidad, en cada autonomía enseñan lo que, según sea el gobierno que está al frente y sus ideas políticas, los textos de la Historia de España tienen un contenido favorable a las ideas sostenidas por los gobernantes que, en muchas ocasiones, difieren sustancialmente, de cómo ocurrieron los hechos en la realidad histórica.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que reconocer que, así como parece que se encuentran, en estos momentos de esta legislaturas, las relaciones de fuerzas entra la derecha y la izquierda, cuesta mucho poder adivinar lo que nos espera en los próximos meses en los que, la espada de Damocles va a pender sobre todo el pueblo español, nos estará amenazando según como se acabe solucionando el grave problema independentista catalán o según las artimañas de las izquierdas españolas, dirigidas por los socialistas de P. Sánchez, IU y los de Podemos, consigan los apoyos precisos para pedir la moción de censura, en la que tanto insiste el señor P. Iglesias, con la intención de instaurar un gobierno frente populista o, ambos problemas, el señor Rajoy y su equipo sean capaces de solucionarlos satisfactoriamente. En todo caso, vamos a estar temblando mientras llega el momento en que se produzca el desenlace. DIARIO Bahía de Cádiz

Tags: Miguel Massanetopinión
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