Resulta imposible entender que, en una España, que todavía tiene más de cuatro millones cien mil desocupados inscritos en las oficinas del Desempleo, se siga cometiendo la estupidez de pretender salvar los empleos de apenas 3.279 mineros y mantener en funcionamiento 15 compañías; para producir un carbón de baja calidad que, por añadidura, deben comprar, obligatoriamente, nuestras centrales térmicas por cuestiones exclusivamente políticas, a pesar de su baja calidad y elevado precio.
Hace ya muchos años que el tema de las subvenciones al carbón se viene repitiendo tozudamente en cada uno de los PGE, de forma que para mantener a 15 empresas que, curiosamente, quedan exentas de las reglas de la oferta y la demanda, cuando sus clientes tienen la obligación de comprarles la producción, aunque sólo sea para que puedan mantener abiertas sus empresas que, al contrario de lo que debiera ocurrir, en lugar se suponer un beneficio para nuestra economía tienen unos efectos completamente adversos; ya que, mantener abiertas aquellas explotaciones mineras le cuestan al Estado, como se puede comprobar en los nuevos presupuestos Generales del Estado para el año 2.016, la friolera de 411 millones de euros. Unos euros que, fácilmente, podríamos ahorrarnos si el Gobierno decidiera ponerse las pilas, perder el miedo a tomar decisiones positivas para la nación e ir saneando nuestras finanzas, librándonos de todo este tipo de subvenciones y apoyos que no tienen ninguna razón de ser, máxime cuando lo que se apoya no tiene ningún valor para los españoles.
Alguien, capacitado para ello, ha calculado lo que nos viene costando cada uno de los mineros a los que se mantiene de una manera artificial en sus puestos de trabajo. El resultado ha sido apabullante, porque la cantidad que se deduce del cálculo nos da la cifra de 125.000 euros por cada uno de los 3.279 mineros. Uno, que es un pésimo matemático, ha intentado traducir dicha cantidad a lo que fueron las antiguas pesetas y nos sale la absurda cifra de 20.800.000 pesetas por cada minero. Es decir, que si el gobierno se decidiera a indemnizar a cada minero con la cantidad de 125.000 euros por cabeza, se libraría de este problema para siempre, se ahorraría las subvenciones de los años venideros y supondría un alivio para los dirigentes de las térmicas españolas a los que se les viene endosando el “marrón” de tener que comprar basura en lugar de un buen combustible que eleve el rendimiento de sus respectivas eléctricas.
Lo que ocurre, señores, es que esta nación ha estado durante muchos años asustada por el poder de los Sindicatos obreros, estos mismos sindicatos que, ahora, en Andalucía, están sometidos a la investigación de los Tribunales por haber utilizado, de forma delictiva, aquellos dineros que se les entregaron para que favorecieran a los obreros que habían sido objeto de ERE’s, perdiendo su empleo sin recibir lo que, por justicia, se les debía. En parte, por la actitud timorata de los empresarios, convencidos de que cediendo y pagando más a sus trabajadores les iría mejor, que han estado años sometidos al chantaje de los Sindicatos españoles que, a diferencia de los del resto de naciones europeas, han estado regidos por activistas, ignorantes y fanáticos de la lucha de clases, en lugar de por personas sensatas, negociadores, con buen criterio y convencidas que: lo primero que debe hacer un buen sindicalista es saber hasta donde puede apretar la soga, para no matar a la gallina de los huevos de oro (empresario) para evitar que, por intentar conseguir más de lo que la empresa puede resistir pagar, manteniendo su competitividad y participando, con posibilidades de éxito, en la competencia con el resto de empresas, nacionales o extranjeras, no se produzca lo que en tantas ocasiones ha ocurrido, de que hayan convertido a la empresa en insostenible y haya acabado cerrando; con las consecuencias nefastas que ello ha reportado a todo su personal. Personalmente podemos garantizarles que esto ha ocurrido en innumerables ocasiones con resultados graves, tanto para la empresa como para sus trabajadores que han acabado en la calle y la empresa arruinada. Después han venido los lamentos cuando ya no tiene remedio.
Los distintos gobiernos tampoco quedan exentos de culpa y los legisladores, a pesar de tener el mandato constitucional de acometer el estudio de leyes esenciales para la economía de la nación, como la pendiente Ley Orgánicas que debía desarrollar y reglamentar el recto uso del “Derecho a la Huelga”, una ley que, desde el año 1978, en el que entró en vigencia la Carta Magna, está pendiente de ser puesta en vigor. Han transcurrido 37 años, tiempo más que suficiente para que, los distintos ejecutivos, que se han ido relevando en el gobierno de la nación, hubieran tenido la ocasión de llevar una ley reguladora del Derecho a la Huelga para su estudio y aprobación a las Cortes generales de la nación.
Puede ser que, como es usual y ha ocurrido en el caso de la Ley del Aborto, en esta legislatura; en un flagrante incumplimiento de una de las promesas electoras del PP, a los sucesivos ejecutivos que ha tenido España, les haya dado pereza meterse en el estudio de una de las leyes que, con seguridad, hubiera sido contestada por la oposición y por los sindicatos. Es la maldición que tenemos los españoles que, cuando un tema resulta incómodo, poco rentable electoralmente o puede crear una situación de tensión entre los ciudadanos; todos los gobernantes intentan pasar de puntillas, evitando meterle mano, esperando que los que le vayan a sustituir en la labor de gobierno, se atrevan a ponerlo en práctica. Algo que, por supuesto, nunca ocurre.
Es obvio que, como simple ciudadano de a pie, no dispongo de los datos, pero no me cabe la menor duda de que el daño que le ha causado a España el haber dejado en barbecho la publicación de la correspondiente Ley orgánica, regulando cuando la huelga es legal, justificada, y convocada con todos los elementos requeridos para ello; distinguiéndola de aquella, a la que se denomina “salvaje”, en la que no se cumplen los requisitos y trámites estipulados o aquella que, aún siendo legal en su convocatoria, en el transcurso de la misma, los que la practican, no se atienen al deber de permanecer parados en su puesto de trabajo, no se limitan a expresar su desagrado de forma pacífica o, incluso, se muestran violentos, producen destrozos o amenazas a las personas, entre ellas a los que quieren seguir trabajando; a la par que establece las sanciones y responsabilidades de cada una de las partes en cuanto a todo el proceso, a los daños materiales que se pudieran causar y las responsabilidades penales y administrativas que se pudieran producir por las amenazas, agresiones, destrozos o actos terroristas que pudieran tener lugar con ocasión de la huelga.
Seguramente los daños causados a nuestra economía por falta de una ley reguladora de la huelga y del nock out empresarial (en este caso, insignificantes), durante todo el periodo en el que se ha carecido de ello y los tribunales se han tenido que limitar a las escasas normas que la regulaban en algunos aspectos; se puede afirmar que son miles de millones de pérdidas en producción y miles en daños causados por el ejercicio irregular e irresponsable, normalmente inducidos por los agitadores profesionales, de daños causados en el mobiliario urbano de las ciudades y a las economías de los mismos trabajadores afectados..
Es posible que, durante los últimos años, retenidos por la grave amenaza de la crisis y por la extremadamente dificultosa situación de nuestro país, el fenómeno de las huelgas se haya reducido; sin embargo, si que se ha mantenido el de las movilizaciones populares en contra del gobierno o, incluso, del sistema democrático que los españoles nos dimos a través de nuestra Constitución; de modo que algunos han pretendido chantajear a la administración atribuyéndose una representatividad que no se les ha otorgado por las urnas, lo que se ha ido extendiendo; hasta el punto de que hoy nos están gobernando, a nivel de ayuntamientos y autonomías, grupos minoritarios a los que la incuria de muchos electores les ha dado un protagonismo inmerecido que, si no se rectifica, pudieran acabar con las esperanzas de que nuestra nación pueda recuperarse como ya lo está haciendo en la actualidad.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos preocupa que no seamos capaces de acabar con los vicios endémicos que, por desgracia, hace años venimos arrastrando. DIARIO Bahia de Cádiz
