DIARIO Bahía de Cádiz
contando tu Bahía desde 2004

Esisa ofrece por primera vez ayudas propias al pago del alquiler de vivienda pública o privada para isleños en situación muy vulnerable

El BOP acaba de publicar la convocatoria de subvenciones al alquiler del Ayuntamiento de San Fernando, que cuenta con una partida de 100.000 euros (insuficiente para AxSí o Podemos), y que supone la primera vez que se destina presupuesto municipal a conceder esta cobertura (de entre el 40 y el 60% de la renta) a familias y personas en situación muy vulnerable tanto en vivienda pública como en privada.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) acaba de publicar la convocatoria de subvenciones al alquiler del Ayuntamiento de San Fernando, que cuenta con una partida de 100.000 euros, y que supone la primera vez que se destina presupuesto municipal a conceder este tipo de ayudas.

Este programa, que gestiona la Empresa de Vivienda y Suelo (Esisa), va a beneficiar a personas y familias en situación vulnerable que residan tanto en viviendas de propiedad municipal como en vivienda privada, y podrán cubrir sus necesidades durante un total de un año.

De esta forma, esta cobertura social tratará de atender a aquellos que acrediten no disponer de ingresos suficientes, con el doble objetivo de aliviarles en el pago la renta para que puedan mantener sus viviendas y de que no acumulen deuda.

El porcentaje de ayuda que se podrá conceder será del 40%, 50% y 60% del alquiler mensual, que irá en relación al tramo de ingresos económicos en que se sitúe. Ese dinero se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses, y se podrán solicitar dos ayudas anuales, siempre que la persona solicitante no adeude más de tres recibos de alquiler.

Del mismo modo, van a ser objeto de atención preferente de cara a obtener estas ayudas aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda digna y que tienen necesidades específicas ya que por sus circunstancias personales precisan de apoyo específico o singularizado. Es el caso de víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias en situación de riesgo o exclusión social, personas mayores de 65 años, y personas privadas del derecho de uso y disfrute sobre su vivienda habitual y permanente en ejecución de un fallo judicial.

Los solicitantes deben disponer de la vivienda como domicilio habitual, no encontrarse en el supuesto de ocupación de la casa o presentar infracción grave en protocolo de convivencia, incumpliendo las normas de policía e higiene. Además, todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en la vivienda, residir en ella, y tener una antigüedad mínima de un año empadronados en la localidad.

Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles una vez que se produzca la publicación de la convocatoria en el tablón municipal y en la página web del Ayuntamiento, “lo que ocurrirá en unos días”.

“ERA EL MOMENTO DE ACUDIR EN DEFENSA DE FAMILIAS AZOTADAS POR LA CRISIS”

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha puesto de relieve “la importancia de poder contar con estas ayudas por primera vez en la historia de la ciudad, una cobertura social que es especialmente necesaria en la situación económica actual condicionada por la aparición de la crisis derivada del Covid-19, que ha puesto al límite a muchas economías familiares”.

“El Ayuntamiento –asegura la primera edil socialista- tiene el compromiso de dar soporte y cobertura a las familias isleñas que están en una situación de crisis, con consecuencias de todo tipo que no les permiten el pago del alquiler de sus viviendas”. Por ese motivo, añade, “una vez que hemos logrado sanear la situación económica de la empresa pública Esisa, hemos podido poner en marcha acciones que sirvan para paliar los efectos de esta situación de vulnerabilidad en las familias, dándoles soluciones integrales que pasan por el mantenimiento de sus viviendas, para que puedan mantener la normalidad en sus vidas”.

Reconoce que desde Esisa se han tramitado otros programas de ayudas, como el de la Junta de Andalucía, “pero la disponibilidad presupuestaria no ha permitido cubrir las necesidades de todos los solicitantes. Era por tanto el momento de acudir en defensa de la situación de estas familias azotadas por la crisis y con claras dificultades para el mantenimiento de sus viviendas”.

Por su lado, AxSí desde la oposición, entre otras críticas a las bases para optar a estas ayudas, lamenta que la partida destinada de 100.000 euros, “es escasa para una ciudad cuyo censo se aproxima a los 100.000 habitantes”, mientras Cavada “se gasta 300.000 euros en propaganda personal, 50.000 euros en iluminar la fachada del Ayuntamiento, 10.000 euros en las innecesarias e ilegales letras de la mismas, 18.000 euros en un símbolo ilegal de ciudad, 18.000 euros en rotular de nuevo los nombres de las calles, 50.000 euros en los monolitos de entrada y salida a la ciudad, 1.000 euros en la silla de su despacho. Y suma y sigue”.

Igualmente, Podemos considera que el bipartito “ha vuelto a defraudar” con unas ayudas al alquiler que resultan “escasas y muy limitadas” y que no abarcarán a toda la necesidad real; también sospecha que “lo restrictivo de las condiciones” para solicitar la ayuda “podría parecer que lo que se busca es una financiación encubierta: retroalimentar a la propia Esisa y financiar los alquileres impagados mediante subvenciones indirectas”.

Estos días, la formación morada ha anunciado además que llevará al pleno ordinario “un plan antidesahucios” justificado por la situación “tan dramática” que, entiende, tiene la ciudad en cuanto al número de lanzamientos, “que están creciendo y que se producen casi de manera semanal”. Entre esas medidas están incentivar los alquileres sociales entre los propietarios particulares con viviendas vacías y negociar con los bancos para que ofrezcan sus casas sin uso en régimen de alquiler social de forma temporal y de emergencia. Se reclama asimismo la puesta en marcha de la Mesa antidesahucio, una propuesta aprobada en el pleno hasta en cuatro ocasiones, y la elaboración de un protocolo municipal de prevención de desahucios.

Los comentarios están cerrados.