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Criticas al “parche” de la calle Écija y a su financiación

La Marea Azul de Cádiz, junto a Equo, no ha recibido con demasiada “alegría” el inicio de la licitación de la obra de la primera fase del proyecto para dar una solución al aliviadero de la calle Écija. “La construcción de un tubo de 245 metros para que salgan al mar los vertidos no es la solución”, se le insiste al Ayuntamiento. Además, se cuestiona la financiación de estos trabajos, relacionándolos con la prórroga a Aqualia del servicio de aguas.

La Marea Azul de Cádiz, junto a Equo, no ha recibido con demasiada “alegría” el anuncio del Ayuntamiento de Rota del inicio de la licitación de la obra de la primera fase del proyecto para dar una solución al aliviadero de la calle Écija, buscando acabar con el problema histórico de inundaciones y vertidos de mezcla de aguas residuales y pluviales en la arena de la playa de la Costilla.

“La construcción de un tubo de 245 metros para que salgan al mar los vertidos desde calle Écija, no es la solución a la contaminación del océano, destruirá la biodiversidad de la zona del fondo marino donde se encuentre la arqueta de salida, y buena parte de lo vertido al mar regresará a la playa con el oleaje y mareas, dado que la arqueta de desbaste propuesta en calle Écija actuará de filtro para residuos sólidos mayores de 10 centímetros, por lo que plásticos, latas, o cualquier objeto de menor tamaño, y los residuos químicos de los productos de limpieza y saneamiento en viviendas o evacuados a través del alcantarillado y de las tuberías de fecales no disgregadas de las pluviales, seguirán vertiéndose directamente en el mar”, vuelven a defender desde Equo.

Otra razón para no estar de acuerdo con este “parche”, señalan desde Marea Azul en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, es la financiación del proyecto, dado que los más de 2 millones previstos inicialmente para esta primera fase “provienen en parte de la prórroga en la concesión a Aqualia, por la gestión privada de un bien esencial para la vida como es el agua”.

Aqualia, según el acuerdo aprobado durante el pasado mandato, adelantaría en 2016 los 1,8 millones de euros que recaudaría posteriormente a través de sus facturas, para que el Ayuntamiento tuviera liquidez necesaria para iniciar la ejecución de las obras “ese mismo año”. A cambio se le prorrogaba la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua hasta marzo 2020.

Para Equo y la Marea Azul, queda demostrado que Aqualia “no ha puesto un euro de los 1,8 millones”; que “sigue con la gestión privada del agua en Rota obteniendo beneficios económicos”; que el dinero “lo hemos pagado de nuestros bolsillos en la factura de agua”; y que la primera fase de la obra prevista para 2016, “acabará en 2021”.

NADA SE SABE DEL RESTO DE FASES DEL PROYECTO

Mientras, de las siguientes tres fases del proyecto, que en un principio deberían suponer según se indicaba en 2016, otros 3,2 millones “si no aumenta de nuevo el coste como en esta primera fase”, aún no se sabe nada, ni de su financiación ni licitación, ni ejecución, “y mucho nos tememos que con el actual ejemplo, pase una década antes de que finalice el proyecto completo en sus cuatro fases, y por tanto, que Aqualia siga gestionando el abastecimiento de agua a través de nuevos contratos que se defenderán como la única salida viable para Rota, cuando ya sabemos por muchos municipios cercanos y lejanos, que la gestión del ciclo integral del agua en manos públicas, es mucho más económico para las familias, más justo social y ambientalmente, y más barato para el ayuntamiento que lo gestiona”, se subraya.

Finalmente, la Marea Azul de Cádiz solicita que se cumplan la Directiva Marco del Agua y la de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, leyes europea que entraron en vigor en el año 2000 y 1991 respectivamente, que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español hace lustros, “y que establecían la fecha de 2015 para que todas las aguas residuales fuesen depuradas al 100% antes de ser vertidas al mar, ríos, arroyos o efluentes, para lo que fueron dotadas con más de 11.000 millones de euros provenientes del Estado y de los fondos europeos de las comunidades autónomas, además de los cánones de depuración de aguas que se han venido aportando por la ciudadanía en sus recibos; dineros que por la realidad vista en estas décadas transcurridas, no ha servido para cumplir las normativas de la gestión del ciclo integral del agua”.

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