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El Ayuntamiento rompe el contrato con la concesionaria de las piscinas “por incumplimientos” y busca ya otra empresa


Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado la resolución del contrato con la UTE Activa-T Wellness para la gestión del Complejo Municipal de Piscinas, “por claro incumplimiento de contrato”. No ha durado ni un año gestionando el servicio. Y con carácter de urgencia se inicia el proceso para una nueva licitación, “que sea viable económicamente y que mantenga a todos los trabajadores”.

El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, en sesión extraordinaria celebrada en la mañana del martes día 25, ha aprobado la resolución del contrato con la UTE Activa-T Wellness para la gestión del Complejo Municipal de Piscinas. No ha durado ni un año gestionando el servicio.

Dejará por tanto de ser el concesionario de esta infraestructura deportiva local “por claro incumplimiento de contrato”. De forma paralela a la resolución de este expediente se abrirá un nuevo procedimiento de elaboración de pliego de condiciones y posterior licitación a otra empresa con capacidad para gestionar las piscinas municipales. Sería la tercera en apenas unos años.

El concejal de Economía y Hacienda, Jesús Plaza, ha explicado durante el pleno el procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo la extinción del contrato “con todas las garantías de futuro posibles”. “Desde que entró esta empresa a gestionar el servicio, los técnicos municipales, que han realizado su trabajo de manera excelente, han dejado constancia de los incumplimientos del contrato de Activa-T Wellness en la gestión de la instalación y el mantenimiento de los servicios, así como también la situación de los trabajadores, con los que hemos tenido un contacto permanente”, ha indicado.

“Pero como nuestra intención era resolver el contrato con las garantías y seguridad jurídicas, hemos tenido especial cuidado con el incumplimiento de la obligación esencial, que era el impago del canon que la empresa debía abonar al Ayuntamiento según reza en el contrato, y que ascendía a 25.000 euros anuales”, ha añadido el edil del PA.

En este sentido, la concesionaria “ha llevado a cabo todas las maniobras de dilación posibles para evitar que el Ayuntamiento le quitara la concesión de la piscina, intentando detraer del monto total los 7.500 euros de la fianza depositada por la anterior empresa concesionaria para apelar a un cumplimiento parcial, y esta petición ha debido de rechazarse siguiendo todos los trámites oportunos. Incluso ha solicitado la recusación de los miembros del equipo de Gobierno -una cuestión superada en un pleno extraordinario celebrado inmediatamente anterior a éste-, que también hemos tenido que resolver salvando todos los plazos”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Plaza insiste en que “hemos actuado con diligencia y con el objetivo último de que no se perjudiquen los intereses de los trabajadores, los usuarios y del Ayuntamiento ni ahora, ni dentro de meses, ni dentro de años. No queríamos que pasara como ocurrió con la anterior concesionaria, que al final tuvo que dejar de gestionar las instalaciones por una resolución judicial que aún nos está perjudicando”.

Entre los acuerdos aprobados este martes también se encuentra el inicio del expediente que, con carácter de urgencia, licite un nuevo contrato de gestión de los servicios del complejo municipal de piscinas.

“Se licitará siguiendo tres líneas fundamentales –asegura Plaza-: la primera, que el pliego de condiciones asegure que la gestión sea equilibrada económicamente, garantizando la viabilidad del servicio sin que dependa de recursos municipales; la segunda, que se mantengan los puestos de trabajo con las correspondientes subrogaciones; y tercera, que con vistas al futuro, pueda irse paulatinamente compensando el agujero financiero creado por la liquidación del anterior contrato”.

IU HABLA DE “FRACASO” DEL PA

Para IU, la resolución de este contrato “no es más que el resultado de la nefasta gestión que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo en la provisión de éste servicio”.

Durante la sesión plenaria, los izquierdistas han recriminado una vez más a la alcaldesa, Maribel Peinado, haberles “vetado” el derecho a la información, ante las reiteradas irregularidades en las que ha estado incurriendo la empresa. Asimismo le acusan de “haber contribuido, con su silencio, a la prolongación de situaciones que podrían haber tenido graves consecuencias para la seguridad de usuarios, así como de la plantilla de trabajo”.

Mientras Jesús Plaza, responsable de contrataciones, se centraba en los débitos contraídos por la UTE con el Ayuntamiento por el impago del canon, el grupo de IU incidía “con mayor ahínco” en la “deplorable situación” en la que se encontraba las instalaciones, el incumplimiento del plan de explotación que exigía el contrato, pero fundamentalmente, “en la precariedad de las condiciones de trabajo de la plantilla y en las anomalías de las garantías del servicio”.

De este modo, este partido reprocha al Ejecutivo andalucista que “su indiferencia hacia lo que venía ocurriendo ha contribuido irremediablemente al progresivo deterioro del Complejo Deportivo”, exigiéndole a su vez que asuma su responsabilidad y adopte un firme compromiso para reestablecer un servicio “que en su día ofrecía garantías para éste municipio”.

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