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El anterior adjudicatario del complejo de piscinas debe al Consistorio puertorrealeño 883.000 euros; Equo insta a acudir a los Juzgados

Equo preguntó en el pleno de septiembre del Ayuntamiento de Puerto Real por la deuda de más de 883.000 euros que tiene pendiente el anterior y problemático adjudicatario del complejo de piscinas con el Consistorio, al incumplir el contrato firmado en 2013. Se insta a que los servicios jurídicos municipales estudien el caso y procedan a su reclamación por la vía judicial, tras ser “previsiblemente infructuosa” la vía administrativa iniciada en el pasado mandato.

Equo preguntó en el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Puerto Real por la deuda que tiene pendiente con el Consistorio el anterior y problemático adjudicatario del complejo de piscinas, la UTE Activa-T Wellness, cuyo representante es Tomás Sánchez, “un señor que a principios de verano saltó a los medios de comunicación a nivel nacional como presunto estafador”.

Del resultado de la liquidación del contrato firmado en 2013, e incumplido, se determinó que debía al Ayuntamiento más de 895.000 euros, que pasaron a ser unos 883.300 euros después de que se le hubiera incautado la “ridícula” garantía de 12.500 euros depositada para responder a eventualidades del contrato.

La concejala y portavoz del partido verde, Vanessa Huerta, recuerda que en el pasado mandato, con Gobierno de Podemos y Equo, se iniciaron los trámites para reclamar esta cantidad por la vía administrativa, “pero al haber resultado previsiblemente infructuosa esta vía, hemos instado al Ayuntamiento a que los servicios jurídicos estudien el caso y procedan a su reclamación por la vía judicial. El tiempo pasa y no podemos arriesgarnos a que se produzca una prescripción de la deuda”.

En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se añade que tras el análisis del expediente para la reclamación de la deuda, “nos percatamos de esa ridícula garantía definitiva que el Ayuntamiento a finales de 2013 exigió a Sánchez para hacerse cargo de la piscina, tan sólo 12.500 euros”. Nada comparable con lo ocurrido en 2018 cuando se adjudicó de nuevo la piscina a la S.C.A. cooperativa con una garantía de 964.000 euros, “aunque esta entidad por su naturaleza jurídica de cooperativa, tuvo que depositar una cuarta parte”.

La ley exige que la garantía definitiva sea el 5% del importe de adjudicación: “calculamos que la garantía que debió exigirse a Sánchez debería haber rondado los 400.000 euros. Sin embargo se le exigió sólo el 5% del canon que debía pagar al Ayuntamiento. Ardid de legalidad cuestionable y que se empleó para poner alfombra roja a este presunto estafador para que se hiciera cargo del complejo de piscinas. Con el resultado del cierre del complejo durante años que todo Puerto Real conoce y que a la postre ha supuesto un enorme perjuicio económico a la hacienda municipal”.

A decir de Huerta, “teniendo en cuenta que por gracia del PSOE, ahora llevan el área de Deportes los mismos andalucistas que en aquellas fechas cometieron semejante chapuza”, es “de justicia que concentren todos sus esfuerzos para que el Ayuntamiento recupere tal suma de dinero y se preocupen de que no prescriba la deuda”.

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