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Primero las bebidas endulcorantes y después… ¿las pastelerías?


Una definición amplia del término protector sería: quien protege.

George Orwell escribió, entre 1948 y 1949, su famosa obra “1984”, una novela política de ficción distópica. Según un artículo firmado por Ignacio F. Garcés: “Se fija en 1984 y narra un mundo sin libertad de expresión, desesperanzador, donde todos son siempre vigilados, y se intenta borrar la felicidad de la vida de las personas. En este mundo la información es manipulada a antojo del gobierno, siendo el pasado editado o borrado todos los días”. A Orwel se debe el conocido concepto del Big Brother (Gran Hermano) ejemplo del Estado vigilante, opresor, intervencionista, controlador y totalitario, del que parece decidieron tomar ejemplo todos aquellos sistemas totalitarios y dictatoriales aplicados en muchos países en los que, los comunistas o anarquistas, han conseguido hincar su zarpa; aunque, en realidad fue el mismo Orwell quien, en su obra 1984, pretendió desenmascarar a aquel comunismo radical y criminal que, el señor José Stalin, practicó en la Unión Soviética después de haberse librado, expeditivamente, de todos sus compañeros revolucionarios, como consecuencia de sus purgas dentro del mismo partido comunista ruso.

Hoy, cuando hemos tenido noticia de que, desde este 1º de Mayo, el gobierno catalán ha decidido dar un paso más en su afán intervencionista, aumentando de una manera que se podría considerar como casi una incautación, el tributo sobre el precio de las bebidas edulcoradas. Los motivos alegados por el Ejecutivo catalán para la implantación de esta nueva tasa, tan poco popular, que se aplicará sobre productores y distribuidores (y acabaremos siendo los consumidores los verdaderamente perjudicados por ella) de bebidas en las que haya azúcar, parece que se basan en las “recomendaciones” de la Organización Mundial de la Salud, que intenta que se rebaje el consumo de estas bebidas azucaradas por considerar que producen obesidad. Evidentemente, no parece que, como ha sucedido con el aumento del precio del tabaco, estos aumentos de céntimos sobre dichos productos, sean suficientes para impedir que se continúen consumiendo, debido a que, si la campaña contra el tabaco parece que ha dado buenos resultados, no ha sido precisamente por el encarecimiento que han venido sufriendo, sino, más bien por el miedo que la gente le ha ido cogiendo ante la evidencia de que, su consumo excesivo, es uno de los factores que más influyen en el cáncer de pulmón y en la muerte prematura de los fumadores respecto a los no fumadores.

Lo curioso es que, esta medida, que todavía no se aplica en el resto de España y que quedaría sin efecto si el Estado español promulgara una nueva ley sobre este mismo tema; ha salido de la Generalitat que, como suele ser habitual en estos organismos, ha negado que tenga ningún fin recaudatorio, aunque los cálculos llevados a cabo respecto esta tasa dan unos ingresos, para este 2017, de unos 31 millones de euros (41,3 millones para todo el año completo), sino que, lo que les ha impulsado a tomar tal medida ha sido su “preocupación por la salud de los ciudadanos catalanes”.

Verán ustedes, cuando los que nos están esquilando a base de impuestos, tasas, tributos etc. empiezan a querer dorar la píldora presumiendo de paternalismo y pretenden convencernos de que nos conviene pagar más para quitarnos de encima nuestros pequeños vicios, es evidente que lo que intentan es tomarnos por imbéciles, incapaces de tomar nuestras decisiones y de organizar nuestra vida como mejor nos parezca, sin que a ellos les corresponda otra misión que procurar que “la cosa pública” funcione; que no nos roben, presuntamente, sujetos como los de la familia Pujol; que los servicios públicos cumplan con sus obligaciones; que se paguen puntualmente las pensiones; que se cumplan íntegramente las leyes de la nación y que nadie, y mucho menos las autoridades municipales y autonómicas catalanas, sigan intentando desobedecer la Constitución incurriendo en delito de secesión y desobediencia.

El interferir en una parte, sólo una parte del consumo de azúcar por los ciudadanos, no deja de ser algo discriminatorio, que sólo perjudica a una fracción de los que fabrican o venden productos líquidos en los que se utiliza; no obstante, se deja sin regular y sin gravar otras de las actividades en las que también se venden productos en los que el azúcar es uno de los componentes primordiales y, otros, en los que dicho producto forma parte esencial de combinaciones alimenticias. Empecemos por los licores, las galletas, los bollos, los chocolates, los turrones, todo lo relativo a los productos de las pastelerías, etc. que se seguirán vendiendo y produciendo obesidad en la misma proporción o, todavía, en cantidades más importantes y con mayor frecuencia que estas bebidas, a las que van a perjudicar, aumentando su coste de producción. Porque, señores, es muy posible que los fabricantes prefieran reducir sus beneficios, no repercutiendo el tributo para evitar que, una subida excesiva de su coste de venta, pudiera producir un rechazo en los clientes habituales.

No hay producto que, consumido con exceso, no llegue a ser perjudicial para el cuerpo humano. Incluso los medicamentos que nos recetan los médicos tienen sus propias incompatibilidades y peligros si se juntan con otros o se toman en mayor cantidad o, incluso, si resultan alérgicos para quienes los usan. Empiece usted a comer embutidos (sobrasada, por ejemplo) e hínchese de ellos y verá cómo puede llegar a coger un cólico o le aumenta el colesterol o tiene un ataque de hígado. ¿Es que nos lo van a prohibir todo para evitar que enfermemos? Es cierto que nuestro cuerpo, al llegar a determinadas edades, ya nos impone sus propias limitaciones, nos priva de muchas cosas de las que, con anterioridad, podíamos gozar y nos limita lo que podemos comer, beber, practicar o incluso nos coarta los movimientos ¡pero resulta intolerable que, cuando uno está en condiciones de gozar de la vida, vengan unos chiflados a intervenir, para prohibirnos lo que podemos comer, decir, hacer o rechazar!

La verdad de todo este tinglado montado por los separatistas catalanes, no es otra que necesitan recaudar dinero de dónde sea. Lo mismo le ocurre a la Colau con los pisos vacíos que, aparte de entregárselos por las buenas a los okupas, por ser gentes de su misma orientación antisistema; ha decidido castigar a todos aquellos propietarios que no quieran alquilar los pisos vacíos que tengan, aplicándoles una tasa punitiva de unos 500 euros anuales. Según ella debido que es una cuestión social, pero, este robo imperdonable, no tiene otra explicación que la necesidad de irnos sangrando con impuestos a los catalanes de Barcelona, para poder dedicar lo recaudado a sus proyectos de formación de un nuevo partido, que aspira a gobernar la Generalitat de Cataluña.

Lo cierto es que agradecemos “los buenos sentimientos de estos señores”, que quieren amargarnos la vida encareciendo los productos que consumimos, sin embargo, les agradeceríamos que dejaran de interferir en nuestros asuntos; nos dejaran organizar nuestras vidas sin intervenir en ellas; se despreocuparan de lo que comemos y bebemos que, para eso, tenemos nuestro libre albedrío; que no escatimen nuestras visitas a la Seguridad Social ya que, para poder usarla, hemos estado, durante los años de actividad laboral, contribuyendo a ella con una parte importante de nuestros salarios o, los que siguen en activo, a quienes se les viene detrayendo de los suyos una parte, como contribución a las pensiones de los actuales beneficiarios; y todo ello sin saber lo que les deparará el futuro en cuanto a lo que, en definitiva, irán a percibir de pensión cuando les toque jubilarse, sea a los 65,70 u 80 años, según los expertos hayan calculado como edad de jubilación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, no nos queda otro remedio que pedirles a quienes gobiernan esta autonomía, que dediquen sus meninges, si es que les quedan algunas, a velar para que los ciudadanos puedan disfrutar de mejores servicios municipales; de mantener una buena asistencia sanitaria y subvencionen, si fuera preciso, los medicamentos a los que tienen derecho los beneficiarios de la sanidad pública; de mantener las calles y carreteras en buen estado de conservación y evitar que los delincuentes asalten nuestras viviendas; en reducir el exceso de funcionarios para disminuir el gasto público; reducir de una manera drástica las empresas públicas que dependen del Ayuntamiento y de la Generalitat, y dejar de invertir dinero de los impuestos de los ciudadanos o de las ayudas que reciben de Madrid, en esta aventura loca y anticonstitucional, en la que llevan enterrados tantos millones de los catalanes, sin que exista la menor posibilidad de que logren sus objetivos independentistas. Ya es hora de que acaben de hacer el tonto. DIARIO Bahía de Cádiz

más opinión Miguel Massanet

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