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La propiedad privada, la Colau y sus prácticas usurpadoras


“Si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas, se desobedecerán”. Ada Colau.

Cuando un personaje, como Ada Colau, que se ha pasado una parte importante de su vida ejerciendo de activista política,  de agitadora de masas, de inductora a la desobediencia de las leyes, de obstructora a la acción de la justicia y de defensora de okupas, antisistemas y, a la vez, portavoz de la PHA (una presunta plataforma de “resistencia ante la injusticia”),por los avatares del destino, contando con el apoyo expreso de estos grupos comunistas bolivarianos de Podemos y gracias a que la desorientada ciudadanía catalana, –incapaz de asimilar la situación en la que el separatismo ha puesto a la autonomía catalana, quisieron encontrar en las voces de sirena del grupo comunista, gestado en la Complutense y formado bajo la capa protectora del régimen venezolano de Chávez y de Maduro, un apoyo a sus aspiraciones y, a la vez, una salida a este izquierdismo que siempre ha predominado en Cataluña, muy anterior a la Guerra Civil y a la propia II República de Abril de 1931 –.decidió, en un gesto de rechazo a los anteriores gobernantes y la debacle producida por el impaechment en contra de Jordi Pujol (y la fabulosa fortuna conseguida por su familia por artes, supuestamente fraudulentas), votar masivamente a esta émula de la Pasionaria, como alcaldesa de Barcelona, en un gesto que fue, a la vez, de castigo a CDC y un guiño a dar paso al comunismo estrictamente made in Catalonia.

Fue como darle a un niño la potestad de hacer lo que le pluguiera con la vajilla de la casa. La señora Colau, apenas pisó el patio del ayuntamiento catalán y antes de que hubiera tenido tiempo de enterarse de lo más fundamental y escuchar a quienes la hubieran podido aconsejar sobre la materia, lanzó su primera andanada que, en esta ocasión, afecto a todo el importante sector del turismo barcelonés, emitiendo una de las cacicadas tan propias de ella, decretando una moratoria suspendiendo la puesta en marcha de cuantos nuevos hoteles, restaurantes, bares etc. , estuvieren a punto de abrir sus puertas a la clientela, aunque estuvieran dotados de sus correspondientes autorizaciones para hacerlo. ¿Estaba entre sus funciones el poder tomar esta decisión, tal y como lo hizo? Daba igual, ella lo decidió y para ella, como ha repetido constantemente, las leyes no van a constituir un impedimento para tomar decisiones legales o no, si “nos parecen injustas”. Basta, por lo visto que, a esta avispada “jurista”, le parezca que una norma no es justa para que “ordeno y mando” se la deje sin efecto y se implante la ley del más fuerte, en este caso la suya.

Lo curioso es la interpretación que se le está dando al Art. 33, del Título I, Capítulo Segundo, Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; cuando en su apartado 2 se habla de “la función social de estos derechos, delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. Para Colau y muchos otros políticos de los partidos de izquierdas les han bastado la primera parte, omitiendo la segunda que hace referencia a “de acuerdo con las leyes”. Ha venido amenazando a la SAEB para que les ceda pisos voluntariamente, para ser  ocupados por personajes okupas, antisistemas y otros presuntos carentes de viviendas; ha impedido cuando ha podido hacerlo los desalojos de locales ocupados, incluso forzando las puertas, por intrusos sin conocimiento ni permiso de sus propietarios; ha presionado a inmobiliarias para que alquilaran los pisos que tenían destinados a ventas y ha multado con fuertes cantidades a aquellos que mantienen viviendas vacías en espera de poderlas vender. Y en todos estos casos olvidándose de que en el apartado 3ª del citado Art. 33 se especifica: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.

Aquí convendría hacer unas precisiones. Las leyes, aunque con ciertas limitaciones y respecto a según que materias, pueden aprobarse en los parlamento autonómicos siempre que no vayan en contra de las de superior rango a las que contradigan y sujetas a revocación, en su caso, si el TC las considerase contrarias a la Constitución. Al respecto y refiriéndose a la belicosa alcaldesa, aquella que quisiera que el Ejército se marchase de Cataluña, ya se han pronunciado el portavoz del Foro Judicial Independiente advirtiéndole que el incumplimiento de las leyes puede ser prevaricación. Para el portavoz de la Unión Progresistas de Fiscales, “sólo cumpliendo la ley es como se protege a los más débiles” y el portavoz de la Asociación de Fiscales, en Europa Press,  asegura “incumplir la Ley puede implicar delito de prevaricación”.

En el caso de la Asociación de Jueces Francisco Victoria consideran que el incumplimiento de la ley también es “corrupción”, coincidiendo en la posibilidad de que la alcaldesa pudiera incurrir en prevaricación. En términos parecidos se han mostrado otras asociaciones de jueces y magistrados respecto a la prepotencia de la señora Ada Colau, sin que, hasta ahora, parezca que todos estos avisos hayan servido para que se moderara en sus decisiones y haya seguido intentando ponerse los derechos ciudadanos por montera cuando se oponen a sus deseos. Aparte de la posibilidad de que sus actos pudieran ser considerados como prevaricación por su condición de funcionario público, se incurriría en inhabilitación para el ejercicio del cargo que ocupa.

En todo caso parece ser que, ya se han dado casos de ocupación de fincas agrícolas por miembros de partidos de extrema izquierda, algunos en Andalucía; en las ciudades ya no constituye novedad que alguien se ausente por unos días de su domicilio y se lo encuentre ocupado lo que, curiosamente, le reportas más inconvenientes que a los cara dura que forzaron la entra y se alojaron en la vivienda. No parece que, por parte de Jueces y funcionarios judiciales, se tenga la misma vara de medir cuando se trata de sancionar a los ocupantes que cuando se le debe reintegrar la propiedad a su legítimo dueño. Y esto nos lleva a la evidente duda sobre si, en España, la defensa de la propiedad, del famoso ius utendi vel fruendi romano, recogido en el 33 de nuestra Carta Magna, cuando se trata de que se defienda por las autoridades judiciales encargadas de hacer que se cumplan las normas constitucionales, se tiende en demasía a favor del aspecto social de la propiedad, olvidándose de exigir que, los requerimientos del apartado tercero, se cumplan en todos sus extremos, para no situar en desventaja el derecho del legítimo propietario y las posibilidades de utilizar su propiedad de la forma más favorable a sus intereses.

Hay veces que en nuestro país tenemos la sensación de que nuestra Constitución es conservadora, incluso de derechas y, sin embargo, a la hora de ser aplicadas e interpretados en los tribunales sus normas y mandatos, nos asaltan las dudas sobre si quienes están encargados de hacerlo tienen una visión más progresista, al respecto, que el propio legislador. Este es el peligro que existe cuando un país está navegando entre dos aguas, sin que se vea claro cual va a ser el resultado de esta lucha entre derecha e izquierda, cuando la proliferación de partidos ha creado una situación de verdadera dispersión del voto que ha producido una larga situación de interinidad gubernamental y, entre tanto, es obvio que algunos quieren sacar partido de esta confusión y no se puede decir que, algunos jueces y fiscales de tendencias izquierdistas, no hayan pretendido jugar con ventaja en cuanto a algunas decisiones que no parecen del todo apropiadas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que en España estamos pisando terreno resbaladizo, cuando la extrema izquierda toma posiciones mientras los partidos tradicionales siguen enzarzados en sus propias batallitas, al parecer ignorantes de lo que se está cociendo   a sus espaldas. Cataluña, señores, se ha convertido en una bomba de relojería, donde separatismo y comunismo parecen decididos a hacerla explotar a la menor ocasión de que se les presente la oportunidad. DIARIO Bahía de Cádiz

más opinión Miguel Massanet

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