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La Apdha ‘entra’ en la campaña del 26-M con doce propuestas de mínimos “para un municipio respetuoso con los derechos humanos”

La Apdha en Cádiz, de cara a las municipales del 26-M, ha presentado ‘Por un municipio respetuoso con los derechos humanos’, documento con el que se recuerda a las distintas candidaturas que “estas son unas elecciones especiales”, ya que “tienen la capacidad de modificar de forma importante la calidad de vida de los vecinos”. “No cabe duda de que cualquier política pública que se pretenda diseñar debe poner en el centro la vida y sus cuidados”, se subraya.

La delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo ha presentado el documento ‘Por un municipio respetuoso con los derechos humanos’, con el que se recuerda a las distintas candidaturas locales que “estas son unas elecciones especiales”, ya que “tienen la capacidad de modificar de forma importante la calidad de vida de los vecinos”.

“Siendo importantes las elecciones de ámbito estatal y autonómico, de las elecciones a los distintos ayuntamientos –reflexiona este colectivo- surgen equipos de gobierno local que podrían (o al menos debieran) paliar las vulneraciones de derechos básicos, derechos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró en 1948 y que nuestra asociación se encarga de recordar de forma permanente con su actividad diaria”.

Sin embargo, la Apdha admite en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz que “cada vez afrontamos estas convocatorias con menos expectativas”, incidiendo en que ya presentó un estudio al respecto en 2015 y “gran parte de las reivindicaciones que se hacían en el documento de hace cuatro años mantienen plena vigencia hoy en día, o incluso se han hecho más acuciantes”

Con estas premisas, apuntan que “no cabe duda de que cualquier política pública que se pretenda diseñar debe poner en el centro la vida y sus cuidados. Solo paliando los efectos de la desigualdad generada por las políticas de austeridad, recortes y pérdida de derechos podemos alcanzar un municipio respetuoso con los derechos humanos y es en esa línea que planteamos nuestras propuestas”. “Pero no solo reclamamos políticas igualitarias; también consideramos necesaria la eliminación de estructuras de desigualdad”, se subraya.

Las doce posicionamientos, de mínimos, que defiende la Apdha, con vistas a que los asuman las diferentes formaciones políticas gaditanas desde sus respectivos ayuntamientos, son: la lucha contra la desigualdad (de género, defensa del colectivo LGTBI, niños y mayores): la defensa de la cobertura de las necesidades básicas para la vida (luz, agua, sanidad, educación…); la apuesta por unos servicios sociales comunitarios y al servicio de la gente “de carácter integrador y no asistencial” (con una dotación suficiente de profesionales); garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna “y a un urbanismo integrador y respetuoso con el medio ambiente” (se habla de erradicar la infravivienda, apostar por la rehabilitación, regular la implantación de viviendas y apartamentos turísticos…); la activación de medidas para la erradicación de la pobreza y la exclusión social (y centrarse en trabajar por la inclusión de las personas sin hogar); potenciar medidas “para una lucha tenaz” contra el paro (y es que se considera que “el derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a una remuneración justa y satisfactoria, y a la protección contra el desempleo, reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal, se ve especialmente vulnerado en la provincia gaditana); reconocer y apostar “por nuestros nuevos vecinos”, las personas migrantes (promover el rechazo a los discursos de odio o apoyar el derecho su derecho al voto); potenciar la cooperación para el desarrollo (llegar al 0,7% de los presupuestos municipales, actualmente ronda el 0,1%); garantizar la dignidad y los derechos de las personas que ejercen la prostitución (con el reconocimiento de los derechos del colectivo); velar por las personas presas y sus familiares (con vistas sobre todo a la reinserción); promover y aplicar valores éticos en el desarrollo de la actividad financiera y económica de las instituciones (“no entendemos que la reducción del déficit se haga con cargo a las partidas más sociales”); y apostar por una institución democrática y transparente, “dotada de las herramientas necesarias para garantizar la correcta supervisión de su gestión y funcionamiento”.

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