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El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz retoma la adaptación de sus estatutos a la nueva ley, tras meses de “bloqueo” del PP


El delegado territorial de Fomento de la Junta en Cádiz ha presidido la reunión constitutiva del grupo de trabajo que se encargará de abordar los trámites necesarios para la adaptación de los estatutos del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz al nuevo marco legal, tras la aprobación de la ley de reforma de la administración local, impuesta por el Gobierno central del PP. Precisamente, representantes de este partido han ido bloqueando este procedimiento en los últimos meses, ausentándose de las reuniones. La idea es que haya más implicación de la Junta, que asumirá la mayor parte de la financiación, como de hecho ya hace.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel González Piñero, ha presidido las reuniones constitutivas de los grupo de trabajo que se encargarán de abordar los trámites necesarios para la adaptación de los estatutos de los consorcios de transportes metropolitanos Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar al nuevo marco legal, tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la más conocida como ley de reforma de la administración local, impuesta por el Gobierno central del PP.

Los grupos de trabajo, impulsados por la consejería de Fomento y Vivienda, están formados por representantes de la Diputación y de cada uno de los ayuntamientos que forman parte de los respectivos consorcios. En el caso del Bahía de Cádiz están consorciados los siete ayuntamientos que integran la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz: la capital, Jerez, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana, Puerto Real y Rota.

De esta manera se retoma el procedimiento que quedó bloqueado hace unos meses ante la constante ausencia de representantes municipales y de Diputación del PP y, consecuentemente, falta de quórum en los consejos de administración celebrados, por lo que el proceso de adaptación a la nueva ley quedó frenado, se expone desde la Junta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

Ante el nuevo cambio normativo, la administración regional constituyó un grupo de trabajo técnico para que elaborara una propuesta inicial marco de los nuevos estatutos conforme a la normativa estatal. Dicha propuesta servirá de base a estos grupos de trabajo y al de los demás consorcios andaluces para seguir avanzando.

Entre otras cuestiones, en el grupo de trabajo se analizarán, propondrán y elaborarán propuestas de modificación y adaptación de los estatutos de los consorcios a los requerimientos que marca la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público. También se aprovechará para ajustarlos a las necesidades operativas que se han considerado necesarias en el funcionamiento real de estos entes, con el fin de que la propuesta de modificación de estatutos la aprueben los consejos de administración de cada ente a finales de este mes de julio, de manera que el Consejo de Gobierno pueda aprobarlo en enero de 2016, una vez que la propuesta definitiva cuente con el visto bueno de los plenos de las entidades locales consorciadas y tras un período de información pública.

CAMBIOS RELACIONADOS CON EL NUEVO MARCO

Los actuales estatutos del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz fueron aprobados en 2002 y modificados en 2005 para su adaptación a la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Andalucía. La nueva ley impuesta por el Gobierno de Rajoy obliga a adscribir los actuales consorcios de trasporte metropolitanos a una de las administraciones públicas que lo integran y dado que la Junta tiene una participación superior al resto de entidades que forman parte del ente supramunicipal, éste quedará vinculado a la consejería de Fomento y Vivienda, “lo que conllevará a la consecuente modificación de su régimen jurídico, de presupuestos, contabilidad, control y personal”.

La adaptación de los estatutos al nuevo marco también conlleva modificaciones motivadas por aspectos operativos y de funcionamiento que se han detectado durante el normal funcionamiento de estos consorcios, así como una serie de adaptaciones que han venido manifestando las entidades locales consorciadas, entre las que cabe destacar el mantenimiento de la participación orgánica (45% Junta de Andalucía, 5% Diputación y 50% ayuntamientos).

También se tendrá en cuenta la propuesta de las entidades locales de mantener su misma participación actual en los órganos de gobierno de los consorcios y disminuir sus  aportaciones económicas, de forma que la Junta aumente su contribución, “un incremento que de facto ya se viene produciendo en los últimos años, con las aportaciones extraordinarias que se realizan cada año por parte de Fomento y Vivienda”. La Junta está obligada por ley a aportar el 45% de los recursos públicos que asumen las entidades públicas, una cuantía que se eleva precisamente hasta el 59% en el caso del Consorcio de la Bahía de Cádiz, que hoy día presta servicios a una población de más de 820.000 habitantes.

Tras la primera sesión de los grupos de trabajo, González Piñero ha mostrado su satisfacción por el avance producido después de meses de estancamiento y ha asegurado que con la adaptación de los estatutos “se garantizará una mayor participación de los ayuntamientos y habrá más implicación de la Junta, que asumirá la mayor parte de la financiación de los consorcios”, ha precisado.


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