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La oposición impide que suba la tarifa del agua en Jerez, aunque esa actualización es “obligada” por contrato

El Ayuntamiento de Jerez ha celebrado su pleno ordinario de diciembre. Dentro del orden del día, ha debatido la “actualización” de las tasas de agua y alcantarillado, rechazada por toda la oposición (el PP, se ha abstenido). Ello implicaba la subida en un 2,3% de la tarifa del agua, en manos de Aqualia. El Gobierno local del PSOE insiste en argumentar que “la subida planteada es una obligación contractual desde 2013”, cuando la derecha privatizó el servicio.

El Ayuntamiento de Jerez ha celebrado este jueves su pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Dentro del orden del día, ha debatido la modificación de las ordenanzas reguladora del abastecimiento del agua en baja, y de la ordenanza del servicio de alcantarillado y depuración, que han sido rechazadas por toda la oposición (el PP, se ha abstenido), y únicamente han obtenido los votos a favor de los concejales del PSOE. Ello implicaba la subida de la tarifa del agua.

Al respecto, el concejal de Economía, Santiago Galván, ha recordado que la modificación de estas ordenanzas venía obligada contractualmente (con Aqualia) como recoge el informe de Intervención, lamentando que “este año ya hemos tenido que indemnizar a la concesionaria, y queremos evitar que eso vuelva a ocurrir”. Y ha repetido que “la subida planteada es una obligación contractual que tiene este ayuntamiento desde 2013 y así se recoge en los pliegos de condiciones de la venta del agua”. Una venta que efectuó el Gobierno del PP, en mayoría, en el anterior mandato.

Así, este edil socialista ha reiterado que la necesidad de la subida “viene del contrato firmado por el anterior Gobierno, que parece que tiene amnesia. Queda clara la catadura política del Partido Popular, y de la señora Pelayo, que firmó la concesión, dilapidó 80 millones de euros, pero hoy no está aquí en este pleno”.

Por su parte, el interventor municipal, Juan Raya, ha advertido antes de la votación de que “el expediente incluye informes de control financiero por parte de esta Intervención. Si en este caso fuera posible hacer informes de reparo, les aseguro que habría reparo. Las observaciones están bastante claras, y por ello debo hacerles esta consideración sobre las responsabilidades que se pueden derivar de no aprobar la modificación de la ordenanza. Por mi lealtad al pleno, debo hacerles estas reflexiones”.

La modificación de ambas ordenanzas, rechazadas, ya se incluyó en el orden del día del pleno de noviembre, y fueron retiradas para ofrecer a los grupos de la oposición la oportunidad de revisar con más tiempo y detenimiento toda la información. Pero de poco ha servido.

“SI AQUALIA NO ESTÁ CONTENTA CON EL NEGOCIO, QUE LO SUELTE”

Sobre este punto, Ganemos Jerez ha resaltado que tras un minucioso estudio de varios informes concluye que Aqualia, la empresa concesionaria, “no ha proporcionado, ni siquiera lo ha intentado, la documentación que acredite el desequilibrio económico que supondría mantener el precio del agua, sin aplicar el aumento del IPC de un 2,3%”.

Por otro lado, la concejala de la agrupación de electores, Kika González, ha señalado que en dicho análisis la empresa privada “duplica los beneficios”, y que sus cuentas “reflejan un menor coste de personal así como de contratos con otras empresas”.

“El Gobierno ha hecho el papel delante de Aqualia a cambio de todo lo que empresa le financia. Ha sido una defensa cutre que ha intentado meter miedo cuando saben perfectamente que les quedaría mucho camino hasta llegar a los tribunales”, afirma González. En cualquier caso, desde Ganemos añaden que “si es necesario ir a los tribunales para defender ese derecho, se irá. Si Aqualia no está contenta con el negocio porque ya no es tan redondo y ganan menos que lo suelte. Nosotras estaremos encantadas de recuperarlo”.

En el mismo sentido, IU ha defendido que “no está dispuesta a tolerar que se le suba, aún más, el agua a los jerezanos mientras no exista un informe económico de costes del servicio actualizado y justificado que permita fijar la cuantía de la tasa en base al coste real del servicio que se está prestando y no por encima”, como a juicio de esta organización política, lleva ocurriendo desde hace años. Añade que los informes económicos de costes que justificaron el cálculo original de la tasa “se encuentran inflados y se repercute hasta en dos veces un mismo concepto”, como el mantenimiento de la red de agua de Tempul.

Izquierda Unida también sospecha que Aqualia está liquidando unas cantidades “muy por encima” de lo que le corresponde pagar a los jerezanos en concepto de canon de trasvase, “extremo que quedaría al descubierto de haberse publicado en el BOP las liquidaciones anuales, cosa que no ha venido sucediendo pese a ser preceptivo al tratase de tasas municipales”.

“El Gobierno local del PSOE nos presenta la subida a la que dice estar obligado por contrato pero no se molesta en analizar cómo se ha calculado la tasa actual, con informes inflados. Si lo hiciera y velara por los intereses de los jerezanos, comprobaría que Aqualia no está en condiciones de exigir nada porque lleva años cobrándole de más a todos los jerezanos”, insiste el portavoz izquierdista, Raúl Ruiz-Berdejo.

OTROS PUNTOS DEL PLENO

Por otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la sesión plenaria ha aprobado una proposición de Ganemos para que el Ayuntamiento inste a los grupos con representación en el Congreso a no apoyar la propuesta de aplicar con carácter retroactivo la cláusula del vencimiento anticipado del actual proyecto de ley de créditos hipotecarios.

Igualmente se ha dado luz verde a una proposición de Ciudadanos para instar al Consorcio de Bomberos a iniciar las actuaciones necesarias, conducentes a la puesta en marcha de un parque retén de bomberos en la zona rural, con la correspondiente asignación de recursos.

Por su lado, IU ha sacado adelante una propuesta para instar al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno; y a que se adopten las medidas legislativas para que se apruebe una ley que reconozca el derecho de la persona “a la autodeterminación, la libertad y la dignidad en el final de su propia vida”, e instar a impulsar las medidas oportunas para proceder a despenalizar la eutanasia o suicidio asistido. El PP ha sido la única fuerza que ha mostrado su rechazo a esta moción, y ha acusado al resto de partidos de ser “partidarios del derecho a la muerte”, mientras la derecha “defiende el derecho a la vida”.

Este mismo pleno de diciembre ha aprobado una proposición del PP para instar a la Diputación a que realice las acciones oportunas para que Estella del Marqués cuente con un campo de fútbol de césped artificial al igual que el resto de las entidades locales autónomas (ELAs) de Jerez.

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