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La Junta aprueba en Jerez más líneas de Infantil para un colegio católico concertado mientras elimina unidades en públicos cercanos

CGT ha aprovechado la vuelta al cole para volver a alertar del “ataque sistemático y organizado” que sufre la enseñanza pública en las etapas de Infantil y Primaria por parte de la Junta, antes del PSOE y ahora de PP y Cs. Y pone un ejemplo clarificador que se da en Jerez este nuevo curso 2019/2020. Mientras en el colegio concertado católico San José se ha incrementado el número de líneas de Infantil a tres, centros públicos cercanos “se han visto afectados por una supresión de unidades”.

CGT ha aprovechado este martes de vuelta al cole para volver a alertar del “ataque sistemático y organizado” que, asegura, sufre la enseñanza pública en las etapas de Infantil y Primaria “por parte de las políticas social-liberales del PSOE y neoliberales del PP-Cs”. Y pone un ejemplo clarificador que se da en Jerez este nuevo curso 2019/2020. En la localidad gaditana más poblada, la Junta de Andalucía ha suprimido este año 31 unidades en colegios públicos (de las 96 eliminadas en toda la provincia), 23 líneas en Primaria y ocho en Infantil.

En el Estado español, la mayor parte de las llamadas escuelas privadas concertadas, “todas financiadas con fondos públicos”, están regentadas por la iglesia católica. A colación, en Jerez, mientras en el colegio concertado San José, antiguo Hijas de San José o Josefinas, se ha incrementado para el nuevo curso el número de líneas de segundo ciclo de Educación Infantil a tres, centros públicos de Infantil y Primaria en los aledaños “se han visto afectados por una supresión de líneas”. Y la excusa que da la Junta es la bajada de la natalidad.

Este colegio católico está en la calle Avenida de los Marianistas. De forma lindante, explican desde CGT en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, hay varios colegios públicos con líneas suprimidas por la consejería de Educación, ahora en manos de Ciudadanos: en el CEIP La Unión la administración ha suprimido una línea de Infantil; en el CEIP Sagrada Familia la línea suprimida es de Primaria; el colegio Andrés de Ribera es otro CEIP cercano afectado con una línea de Infantil eliminada; y ya más al sur de la ciudad, el CEIP Luis Vives se ve afectado con una línea de Primaria menos.

El colegio San José está dirigido desde el curso pasado por la Fundación Xafer, la cual gestiona diversos centros educativos de orientación cristiana. Esta Fundación tiene su sede en Palma de Mallorca y cuenta a día de hoy con varios centros docentes repartidos en distintos puntos del país como las islas Baleares, Zaragoza y Huesca.

Este sindicato insiste en que una proyección a medio plazo, basada en los datos demográficos de los padrones, sitúa en el año 2029 el punto de inflexión “en el que la ola destructiva llegará a los niveles de Secundaria y Bachillerato si continúa esta tendencia neoliberal que desmantela la escuela pública con la excusa del descenso demográfico mientras mantiene las unidades escolares financiadas con fondos públicos en centros privados”. En paralelo, el descenso de unidades escolares públicas “está ocasionando una fuerte pérdida de empleo docente, que se ceba en el numeroso colectivo de personal interino”.

Ante la “aplastante realidad”, CGT concluye que el “tan mencionado descenso demográfico de la población andaluza no ha sido la causa, sino la excusa” para iniciar un proceso de cesión del servicio público educativo a intereses privados, para hacer negocio con ella. Pero además, este sindicato defiende la escuela pública “como garante de una educación inclusiva y una educación crítica con múltiples perspectivas frente a la educación privada de la iglesia que fomenta el pensamiento único y el dogmatismo”.

“Este es un ataque intolerable de la coalición PP-Cs-Vox a la escuela pública, que se desmantela con la excusa de la bajada de la natalidad, mientras se aumentan las unidades concertadas con la privada”, sentencia CGT, que con todo opina que “hubiese sido imposible sin la ayuda inestimable del PSOE que primero ha renovado todos los conciertos y no ha derogado la Lomce que permite usar el concepto de ‘demanda social’ para ampliar los conciertos”. Una demanda social que “solo vale para la privada, porque muchísimos centros públicos tienen más demanda de las plazas que ofrecen y no se les amplía la oferta, incluso se les recorta”.

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