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Sólo ocho ayuntamientos gaditanos han solicitado a la Junta que ayude a abonar el alquiler a inquilinos de su parque de viviendas


Ocho ayuntamientos gaditanos se han sumado de momento –el plazo se cierra a final de mes- a la orden de la Junta que regula la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la consejería de Fomento y Vivienda y que cuenta con 4,3 millones de presupuesto para toda la comunidad. El delegado territorial de Vivienda reclama asimismo a la Diputación que se acoja a esta medida “para agilizar la adjudicación de sus inmuebles desocupados”.

Ocho ayuntamientos de la provincia de Cádiz se han sumado a la orden de la Junta de Andalucía que regula la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la consejería de Fomento y Vivienda y que cuenta con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros hasta final de año para toda la comunidad.

Los municipios que ya han firmado el correspondiente convenio, a través de sus respectivas empresas municipales de vivienda, son los de Cádiz, San Roque, Chiclana, Conil, San Fernando, Jerez, Rota y La Línea, según ha detallado el delegado territorial de Vivienda, Manuel Cárdenas, quien ha confiado en que hasta el 1 de octubre, fecha límite para presentar las solicitudes, más ayuntamientos gaditanos se sumen a esta nueva línea de ayudas que se ofrece para tratar de cumplir con los criterios establecidos por la ONU y los objetivos de la propia consejería para que familias con escasos recursos económicos no destinen más del 25% de sus ingresos al pago del alquiler de sus casas. “Además facilitamos a los ayuntamientos que sus viviendas sean habitadas en régimen de alquiler, en vez de permanecer cerradas y en venta”, ha añadido.

Desde la Junta se recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que los destinatarios de las ayudas son personas con escasos recursos económicos que residan en alguna vivienda del parque público autonómico, municipal o provincial y que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler.

Dichos adjudicatarios deberán reunir una serie de requisitos como recibir ingresos no superiores a 1,5 veces el IPREM (11.182 euros) y disponer de un informe de los servicios sociales competentes en el que se determine la situación de especial vulnerabilidad de la familias, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos y otras circunstancias especiales a tener en cuenta. La ayuda para el pago de las rentas podrá alcanzar hasta el 75% del importe total, dependiendo de las circunstancias económicas del inquilino y del coste del alquiler de la vivienda.

Cárdenas también ha aprovechado para reclamar a la Diputación que solicite las ayudas para poder emplear todo su parque de vivienda: “es una oportunidad clara que tiene la institución provincial para poder garantizar el derecho a la vivienda que tienen muchas familias de la provincia sin necesidad de grandes obras ni nuevas construcciones y así lograr que el parque público cumpla con la función social que le corresponde”.

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