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Planes de empleo, la viabilidad de Airbus, los recortes en la UCA o los fondos decomisados del narcotráfico, en el pleno de la Diputación

La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno de julio, de nuevo en formato virtual. Entre otros asuntos, se ha aprobado la puesta en marcha del plan de empleo extraordinario Covid-19, que va a movilizar 10,5 millones de recursos propios entre todos los municipios gaditanos para la contratación temporal de parados; y se ha instado a la Junta (con el lógico rechazo de las derechas) a la modificación de su llamado plan AIRE.

La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno mensual de julio, de nuevo en formato virtual, y pese a ello, con las cinco limpiadoras del colegio Institución Provincial Gaditana protestando a las puertas del Palacio Provincial exigiendo su recolocación, después de que la institución provincial haya aprobado su cierre.

Entre otros asuntos, esta sesión plenaria ha aprobado la puesta en marcha del plan de empleo extraordinario Covid-19, que va a movilizar un total 10,5 millones de euros de recursos propios entre las diferentes localidades gaditanas y que se gestionará desde el Instituto Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).

Con esta iniciativa, en la teoría, se pretende satisfacer las demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, asistiendo a los municipios en el ámbito de la gestión de sus competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora del desempleo, agravado por la pandemia, a través de la financiación de los recursos humanos y técnicos necesarios.

Los 10,5 millones invertidos en este plan beneficiarán a todos los municipios y entidades locales autónomas (ELAs) de la provincia, que ya han presentado las actuaciones a desarrollar en cada una de las mismas. Cada localidad recibirá una cuantía económica determinada por su número de habitantes. Se llevarán a cabo unas 200 actuaciones y se contratará a unas 3.000 personas temporalmente, hasta seis meses.

Por otro lado, el empleo ha seguido siendo protagonista de este pleno telemático con la aprobación de la propuesta del PSOE para instar a la Junta de Andalucía a modificar el denominado plan AIRE, que, según la diputada provincia Ana Carrera, no ha supuesto más que “cambiarle el nombre a los anteriores planes de empleo del Gobierno andaluz pero recortando 113 millones de euros en el conjunto de Andalucía y retrasando su ejecución”. Concretamente, esa merma económica asciende en la provincia de Cádiz “a 13 millones”, según la portavoz socialista.

Ante esta situación, el pleno ha acordado, con los esperables votos en contra de PP y Cs (socios de gobierno en la Junta), solicitar a la administración autonómica que aumente, como mínimo, su dotación presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018; que modifique los aspectos relativos a los costes laborales financiados con cargo a dicho plan, evitando que los ayuntamientos tengan que cofinanciar o renunciar a la puesta en marcha del plan (de momento, hasta seis consistorios gaditanos han anunciado que no se adherirán al mismo, entre ellos Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana y Puerto Real); o que se incluya como beneficiarias del mismo a las entidades locales autónomas.

En este capítulo, de manera conjunta, todos los grupos decidieron sumarse al manifiesto del comité interempresas de Airbus y los sindicatos en apoyo al mantenimiento de la actividad en el sector aeroespacial, con el apoyo de un plan industrial que garantice la viabilidad del mismo y especialmente la carga de trabajo las plantas de Airbus en la provincia de Cádiz (con plantas en Puerto Real y El Puerto).

FONDOS DECOMISADOS AL NARCOTRÁFICO Y RECORTES EN UNIVERSIDADES

A iniciativa de Adelante Cádiz se ha dado luz verde por unanimidad a una proposición encaminada a instar al Gobierno central a la modificación para la convocatoria de 2021 y sucesivas de los requisitos de acceso a las ayudas económicas a corporaciones locales, para el desarrollo de intervenciones que aborden la problemática de las drogodependencias, con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a fin de que municipios menores de 100.000 habitantes puedan también ser beneficiarios de las subvenciones a cargo del fondo regulado, por su elevado índice de criminalidad, afección a la salud pública o indicadores que favorezcan a la exclusión social de diferentes colectivos. El objetivo es que municipios como Tarifa, La Línea, Sanlúcar, Conil o Barbate, puedan ser beneficiarios de las subvenciones.

Formaciones como La Línea 100×100 han expresado su apoyo “incondicional” a esta medida, tal como ha manifestado su portavoz y alcalde linense, Juan Franco, que ha lamentado de manera jocosa “que no se nos hubiera ocurrido a nosotros antes”. Y el diputado del PSOE, David de la Encina, incluso ha matizado que el 50% de los fondos decomisados por actividades ilícitas de drogas a nivel nacional, se localizan en la provincia, algo que hace más necesaria aún esta modificación legal que daría más fondos para la prevención a los municipios afectados.

Por su lado, AxSí ha conseguido el apoyo necesario para la aprobación de su propuesta de rechazar cualquier recorte en las universidades públicas andaluzas que pueda llevarse a cabo por parte del Gobierno andaluz, así como instar a la consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad a que dote a las universidades públicas con recursos económicos suficientes para ofrecer a los andaluces de una enseñanza de calidad pasando de una aportación del 3% actual al 7% del PIB andaluz.

A la propuesta se unió (con la abstención popular) una enmienda de Adelante Cádiz para volver a solicitar un impulso para el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel en la capital gaditana. “La Universidad tiene que seguir siendo un motor social, de conocimiento, económico y solidaridad que no puede sufrir recortes”, ha insistido el diputado y alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’.

En el capítulo de mociones (una por partido) que no han prosperado está la del PP, reclamando “la libertad de educación y la igualdad de derechos de todos los alumnos independientemente del centro educativo en el que estudien”. Para esta formación de derechas, “el PSOE se mantiene en la estrategia de marginar a la enseñanza privada-concertada y la Educación Especial”.

En materia de nuevas tecnologías se aprobaron sendos acuerdos para que la Diputación se adhiera a la Red por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y para que la institución dé los pasos necesarios para optar a la convocatoria de la dirección general de Economía Digital e Innovación para 2020 de concesión de ayudas en especie para el Impulso al Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía.

Además, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha dado cuenta del listado de nombramientos y distinciones del Día de la Provincia, toda vez que el mismo no se pudo aprobar en el pleno del mes de marzo, al suspenderse el mismo por la crisis sanitaria. Así, se confirma por unanimidad que los galardonados de este año son: Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, como Hijo Predilecto de la Provincia; y la Ciudad de La Línea de la Concepción, el Circuito de Jerez, Ángel León González, Teresa Montero Cruz, la Asociación Autismo Cádiz, Amelia Romero de la Flor, Juan José Lucero Domínguez y Juan Lucero Medina, Manuela Leal Sánchez, La Pastora de Grazalema, Laura Vital Gálvez, Dionisio Aretxabala Ulazia, (a título póstumo), Israel Ramos Garrido, Juan Luis Fernández Fernández y Elizabeth Acosta del Río; todos ellos recibirán las Medallas de Oro de la Provincia. Se espera que la ceremonia de entrega se pueda llevar a cabo en el presente ejercicio.

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