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La Policía persigue el intrusismo en el sector de la seguridad privada en la provincia de Cádiz, sobresaliendo en el ámbito de la construcción

La Policía Nacional ha formulado en lo que va de año en la provincia de Cádiz una docena de denuncias contra empresas y personal no habilitado por intrusismo en el sector de la seguridad privada. Estos casos afectan principalmente al sector de la construcción, a comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales y a garajes comunitarios. Con esta práctica, se pretende ahorrar el coste que supone la contratación de una empresa de seguridad que aporte personal formado.

La Policía Nacional ha formulado en lo que va de año en la provincia de Cádiz un total de 12 denuncias (tramitadas ante la Subdelegación del Gobierno) contra empresas y personal no habilitado por intrusismo en el sector de la seguridad privada.

La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, donde las empresas buscan protegerse mediante la contratación de personal ‘low cost’, ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios.

Pero los casos de intrusismo en este sector en la provincia no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas “simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes”.

De esta manera se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado, “el cual además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior”, y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos.

Esta docena de intervenciones, en lo que va de 2019, han sido realizadas a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual reserva en exclusiva a empresas autorizadas por Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

En tres de los casos, los trabajadores contaban además con un amplio historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas. Asimismo, en otra de las situaciones denunciadas, al trabajador intruso le fue intervenido un dispositivo lanzadestellos similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que colocaba visible en el techo de su vehículo a fin de ahuyentar a posibles ladrones.

Paralelamente, además de a la Subdelegación, en varios de los casos se ha dado cuenta a la delegación provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de presuntas irregularidades detectadas en la contratación del personal y de las precarias condiciones laborales a las que estas empresas comúnmente someten a sus empleados, “pues son muy habituales las interminables jornadas de trabajo y unas cotizaciones mínimas a la Seguridad Social”.

MULTAS SEVERAS

Desde la Policía se recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentran “severamente castigado” en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil.

En el caso de las personas físicas no habilitadas, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 euros. Asimismo, estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.

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