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La Junta plantea una vuelta al cole en Cádiz “presencial y segura” compartiendo su responsabilidad entre todos los actores implicados

La Junta ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa gaditana de cara al inicio del nuevo curso en plena pandemia, poniendo en valor “todas las actuaciones” que de la consejería de Educación “para una vuelta al colegio presencial, segura y responsable entre todos”. “Ni los equipos directivos ni nuestros docentes son sanitarios, ni lo pretendemos”, se quiere dejar claro desde el Gobierno de PP y Cs. Mientras, la Marea Verde prevé movilizaciones en septiembre y se reclama, principalmente, la bajada sustancial de ratios en las aulas para mantener las distancias recomendadas por Sanidad.

La Junta de Andalucía ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa gaditana (que ya ha llevado a cabo movilizaciones estas semanas y no serán las últimas) de cara al inicio del nuevo curso en plena pandemia del coronavirus, poniendo en valor “todas las actuaciones” que dicen estar poniendo en marcha desde la consejería de Educación y la delegación territorial “para una vuelta al colegio presencial, segura y responsable con la colaboración de todos”.

El delegado territorial Educación, Miguel Andréu, ha dado la cara este lunes en una rueda de prensa incidiendo en que “para esta vuelta segura, es imprescindible que todos aporten su apoyo, empezando por las consejerías de Educación y Deportes y de Salud y Familias, pasando por los ayuntamientos, entidades locales, equipos directivos, profesorado, familias y el propio alumnado tendrá que poner de su parte”.

“Estamos ante un inicio de curso extraordinario ante el que nunca nos hemos enfrentado y es normal la preocupación de la comunidad educativa”, ha admitido este delegado territorial colocado por Cs. Por ello, ha subrayado, “todo nuestro esfuerzo se centra en una vuelta a las aulas presencial y segura con la responsabilidad compartida en el papel que tiene que asumir cada uno de los actores implicados”.

En este sentido, según la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha aclarado que “los equipos directivos tienen que elaborar un protocolo Covid-19 partiendo de las instrucciones y medidas establecidas tanto por Educación como Salud, en las que se incorporarán las medidas de tipo pedagógico y organizativo necesarias para el desarrollo del curso escolar, que estará en el plan de centro”. Igualmente, desde la consejería con el discutido Javier Imbroda al frente, se ha elaborado un documento “con un decálogo para una vuelta al cole segura y las respuestas a todas las dudas y cuestiones que se nos plantearon”.

“En esas respuestas queda claro que ni los equipos directivos ni nuestros docentes son sanitarios, ni lo pretendemos”, por lo que “cada centro educativo tendrá un contacto con un representante de salud que será informado en todo momento de lo que ocurra en el centro”.

“LA PRESENCIALIDAD ES FUNDAMENTAL”

Igualmente, Miguel Andréu ha resaltado que “esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la presencialidad es fundamental en los procesos de enseñanza y que los docentes son insustituibles”. Por ello, la Junta de derechas presume de estar trabajando en un plan de acción “con un presupuesto extraordinario de 600 millones de euros” para toda la comunidad autónoma “para la vuelta segura, la digitalización, refuerzo del personal, más material sanitario y adecuación de espacios”.

En este curso, como medida excepcional, se adelanta el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), al inicio de curso y se amplía a tres tardes para aquellos alumnos que “se desconectaron” en el último trimestre del pasado curso por diferentes motivos, una vez que apareció el estado de alarma”.

En cuanto a la digitalización, algunas de las medidas van destinadas a minimizar en todo lo posible la brecha digital. “Estamos trabajando para llegar al 100% de los centros, ya que tenemos algunos problemas en la Sierra de Cádiz, además de suministrar ordenadores portátiles a todos los centros públicos para cada docente y para los alumnos que sabemos que no se pudieron conectar a finales del pasado curso por no disponer de un dispositivo”. Además, “está el plan de Ministerio de Educación en el que la consejería aporta 20 de los 100 millones para la adquisición de dispositivos a zonas vulnerables de las que el pasado curso ya entregamos 1.100 tablets en la provincia”, ha recordado este delegado territorial.

Respecto al refuerzo extraordinario de personal, se asegura que alrededor de 650 profesores de apoyo llegarán a los centros educativos gaditanos, distribuidos en 290 de Primaria y 360 de Secundaria, “a expensas de la oficialidad en septiembre”. Estos profesores adicionales se suman a la plantilla de cada centro y el criterio es de ampliar en uno cuando se tratan de 5 a 10 clases con más de 20 alumnos; dos para los centros que tengan entre 11 y 16 clases; tres si son de 17 a 23 las clases que superan la veintena de alumnos; y cuatro cuando estos superen las 24 clases. Asimismo, el refuerzo se incrementa con 23 nuevos PTIS (Personal Técnico de Integración Social) los centros de Cádiz.

Por otro lado, se ha puesto en valor el “importante esfuerzo” que se realizará para repartir, cada mes, por todos los centros alrededor de 456.000 mascarillas y unos 54.000 litros de gel hidroalcohólico. Además, se realizarán test a todo el personal docente y no docente antes del inicio del curso por parte de la consejería de Salud.

Por último, Miguel Andréu se ha referido a la inversión de cerca de 3,9 millones de euros que la consejería invertirá en la provincia “para obras de adecuación de espacios”. Los centros educativos de Secundaria han tenido la posibilidad de presentar hasta dos proyectos valorados en 25.000 euros cada uno, siendo 145 los centros que lo han presentado y un total de 166 obras aprobadas, prevaleciendo el criterio de trabajos de adaptación de espacio.

Con todas estas medidas y actuaciones, Miguel Andréu confía en “una vuelta a las aulas presencial, segura y responsable en colaboración con el resto de las administraciones y de la comunidad educativa”, emplazando a la última semana de agosto para una reunión con las mesas sectoriales “en la que se verá la evolución de la pandemia”.

MAREA VERDE PREVÉ MOVILIZACIONES EN SEPTIEMBRE

Por su lado, la Marea Verde (en defensa de la educación pública) anunciaba días atrás movilizaciones a nivel andaluz para septiembre, exigiendo esa “vuelta segura” a las aulas. Comenzarán el 1 de septiembre (con acciones locales), e incluyen manifestaciones provinciales el día 5, manifestación regional el día 12 y huelga general educativa el día 18. También se propondrá una manifestación estatal en Madrid en octubre en defensa de la escuela pública ante la tramitación de la nueva ley educativa, “para exigir que el dinero público vaya a la escuela pública”, no a la privada-concertada.

La Marea Verde Andaluza (que representa a la comunidad educativa de la escuela pública de las ocho provincias) acordaba a finales de julio estas protestas “ante la irresponsabilidad de la administración educativa que no está poniendo los recursos necesarios para una vuelta segura a las aulas, sino parches que descargan la responsabilidad en el profesorado y los centros educativos y ante la tramitación de una nueva ley educativa (LOMLOE) que parece una nueva oportunidad perdida para la defensa de la escuela pública”.

Considera fundamental la Marea Verde que el curso se desarrolle de manera presencial, “puesto que es la única forma de garantizar el derecho a la educación para todas las personas”; por ello, exige a la Junta las medidas necesarias para que esta vuelta al cole en septiembre, en plena crisis sanitaria, “sea segura”.

Estas medidas incluyen, entre otras: “la bajada sustancial de ratios para mantener las distancias establecidas por las recomendaciones sanitarias, y la consiguiente contratación del profesorado y personal necesario para ello, así como la habilitación de espacios públicos necesarios, entre otras”.

Este movimiento también entiende como fundamental el “blindaje” de la escuela pública y el cese inmediato del cierre de aulas públicas y del proceso privatizador que debe garantizarse en la nueva Ley Educativa que está en trámite parlamentario, “que debe como mínimo recuperar el carácter subsidiario de la enseñanza privada concertada y avanzar hacia la eliminación progresiva de la financiación pública de los centros privados”.

Mientras, asociaciones de padres y madres de alumnos ya están advirtiendo de que, si no hay cambios, harán un llamamiento a las familias para que no lleven a sus hijos a clase el 10 de septiembre, “porque la administración nos está dando a elegir entre salud y educación”.

Paralelamente, partidos como el PSOE exigen a la administración autonómica recursos para que los ayuntamientos gaditanos “puedan cumplir con el servicio de limpieza e higiene en los centros educativos ante la situación generada por el Covid-19”.

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