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Huelga en el sector público contra el ‘Icetazo’: interinos gaditanos de diferentes administraciones exigen este 28-O una “solución justa”

Diferentes sindicatos y plataformas han convocado este 28-0 en todas las administraciones públicas una huelga estatal “por la estabilidad” contra el llamado ‘Icetazo’, porque “las personas que están en abuso de temporalidad necesitan una solución que sea justa”. El proyecto de ley todavía por debatir y aprobar plantea que la bajada de interinidad que exige Europa a España se va a hacer consolidando puestos y no a quienes llevan años trabajando en ellos. “Sancionan a la víctima, en lugar de sancionar a quienes cometen el abuso”, se lamenta, reivindicando que “quienes están, se quedan”. En Cádiz se ha celebrado además una manifestación.

Este jueves 28-O diferentes sindicatos y plataformas han convocado en todas las administraciones públicas una huelga estatal “por la estabilidad” contra el llamado ‘Icetazo’, porque “las personas que están en abuso de temporalidad necesitan una solución que sea justa”.

Reclamando “medidas reales de consolidación” de las personas en situación de abuso de temporalidad, la convocatoria de Ustea, CGT y co.bas en Andalucía ha estado apoyada entre otros por SAT, Autonomía Obrera, CTM, CTA, o CNT, y numerosas plataformas de empleados públicos y coordinadoras de todo el estado y todas las administraciones.

El motivo de la movilización, se incide en la información remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, es que “el Gobierno central, Miquel Iceta (ministro durante unos meses de Función Pública) y el lobby sindical CCOO, UGT y CSIF consuman su traición a los trabajadores temporales de las administraciones debido a que la bajada de interinidad que exige Europa a España se va a hacer consolidando puestos y no a las personas que ya están trabajando, tanto en la administración pública como en la enseñanza, a través de oposiciones masivas durante tres años”.

En Cádiz, este paro (que por ejemplo en el Ayuntamiento de la capital ha sido secundado de forma mayoritaria; pero en colegios e institutos públicos de la provincia, según datos de delegación territorial de Educación, no ha llegado al 2% de seguimiento) ha tenido como reflejo en la calle una manifestación que partía de la plaza de San Juan de Dios y desembocaba frente a la Subdelegación del Gobierno.

Con pancartas, banderas y consignas reivindicativas, personal público llegado de varios puntos de la provincia, ha recorrido las calles del casco histórico, en una manifestación a la que al personal en abuso de temporalidad en el Ayuntamiento de Cádiz (agrupados en la plataforma Patac; respaldada en la misma mañana del jueves por el alcalde, José María González ‘Kichi’) se han sumado trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, la Diputación y la Junta de Andalucía. Frente a la Subdelegación esperaban profesores interinos convocados por el sindicato Ustea. Y allí se ha leído el correspondiente manifiesto reivindicativo.

“PEDRO SÁNCHEZ PREPARA UN AUTÉNTICO ERE PARA 800.000 FAMILIAS”

Un manifiesto en el que los afectados denuncian que “800.000 familias españolas (160.000 en Andalucía; más de 200 en el Consistorio gaditano) nos sentimos totalmente decepcionadas con el presidente del Gobierno y el PSOE. Nos provoca una enorme indignación contemplar como el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, prepara la ejecución de lo que es un auténtico ERE”.

Un despido masivo que, “además, afectará a un 70% de mujeres en edades comprendidas entre 45 años y 55 años, con familias a su cargo. Este Gobierno sabe al igual que nosotros que mandar al paro a una mujer con 50 años, con hijos y una experiencia única en la administración es arrojarla a la exclusión social. El feminismo del que hace gala Pedro Sánchez y su Gobierno es sólo una pose”.

La solución que se reclama bajo el lema ‘Quienes están se quedan’, se insiste, “se ha hecho ya, vía Presupuestos Generales del Estado del año 2020, con la figura del empleado público fijo a extinguir para los trabajadores de empresas absorbidas por el Estado. ¿Por qué unos sí y otros no?”.

“Con el proyecto de Ley que se debate en el Congreso, Pedro Sánchez, su Gobierno y el PSOE sancionan a la víctima, en lugar de sancionar a quienes cometen el abuso, las administraciones, tal como fija la normativa europea. Es inconcebible que un partido como el PSOE sancione a trabajadores víctimas de abuso”, se denuncia.

“NO SOMOS NÚMEROS”

El llamado ‘Icetazo’ es un acuerdo entre el anterior ministro de Función Pública y los sindicatos mayoritarios, incluyendo a CSIF, que se plasmó en el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad. El objetivo del mismo es reducir la tasa de interinidad en la función pública del 33% al 8% en tres años, ante las reiteradas sentencias de los tribunales europeos que han puesto en evidencia las malas prácticas de la administración pública española, que lleva años abusando de la contratación de personal interino para cubrir puestos estructurales. Un decreto que no ha contado con el apoyo de casi ningún grupo en el Parlamento, por lo que finalmente va a ser tramitado como proyecto de ley. Para este próximo debate ya se han presentado numerosas enmiendas por parte de todos los grupos políticos.

En cuanto a la enseñanza en Andalucía, si bien se ha dado el plazo de un año para hacer una regulación más específica en Educación, el marco de esta reforma legislativa obligará a todas las administraciones a sacar a oferta pública de empleo todas las plazas que sean ocupadas por personal interino durante tres años seguidos. Al final del curso 2020/2021, en la comunidad autónoma había unos 35.000 docentes interinos contratados, una tasa superior al 33%: “es decir, en tres años desaparecerán más de 20.000 plazas ocupadas por interinos, quedando en torno a 10.000 en total para vacantes y sustituciones”.

“Hoy, esas reivindicaciones están al alcance de nuestra mano y se encuentran en plena tramitación parlamentaria. Solo unidos en la lucha podremos inclinar la balanza hacia una ley que garantice la estabilización de las personas y no de las plazas. No somos números”, sentencian desde CGT.

A su vez, para Ustea, este proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, “no solo no soluciona el problema sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a los trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso y con indemnizaciones que supondría la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas, no aporta soluciones a la temporalidad e incluso, promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza a los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza latente para la continuidad de los servicios públicos, y en definitiva no contempla ninguna solución al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad”.

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