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El tercer plan Invierte de la Diputación, aprobado por unanimidad, repartirá 11 millones para obras entre todos los municipios gaditanos

La Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad, en un pleno extraordinario y urgente previo a las ‘vacaciones’, la tercera edición del plan Invierte, cifrada en 11 millones de euros a repartir entre todos los ayuntamientos de la provincia para obras (los siete de la Bahía dispondrán de 375.000 euros cada uno), y que el PP tacha de “insolidario” con los pueblos y ELAs; y un plan de mejora de caminos rurales, dotado con 2 millones, más otros 5 de la Junta. En ambos casos, los fondos proceden del superávit presupuestario de 2017 de la propia institución provincial.

La Diputación de Cádiz ha sacado adelante por unanimidad, en el pleno extraordinario y urgente celebrado este miércoles, la tercera edición del plan Invierte, cifrada en 11 millones de euros a repartir entre todos los ayuntamientos de la provincia para obras; y el plan de mejora de caminos rurales, dotado con 2 millones. En ambos casos de fondos propios de la institución provincial.

Planes que se han aprobado, antes del ‘descanso’ de agosto, para permitir que puedan ponerse en marcha con celeridad y que, se asegura, tendrán “un efecto inmediato” ya que su ejecución se desarrolla en esta segunda mitad de 2018. En total 13 millones, que salen del superávit del presupuesto de la Diputación de 2017, destinados “a crear actividad económica, fomentar el empleo y mejorar infraestructuras y servicios de los municipios”.

Los 11 millones del Plan Invierte 2018 se distribuyen entre los 44 municipios de la provincia y las 11 ELAs, a razón de 375.000 euros para cada ayuntamiento de población superior a 20.000 habitantes (aquí entran los siete integrados en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz); 150.000 euros cada municipios con menos de 20.000; y 50.000 euros para cada ELAs (entran principalmente las pedanías jerezanas). Además, millón de euros de este plan se empleará para arreglos y mantenimiento de la red provincial de carreteras. Como en las dos ediciones anteriores (de 2016 y 2017), cuando se puso a disposición de los municipios 8 y 16 millones de euros, respectivamente, el reparto de la inversión se realizará atendiendo a la población.

Durante el pleno, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la presidenta de Diputación ha defendido que pese a que este tercer Invierte dispone de menor cuantía, “la inversión que ha llegado a los municipios en este año 2018 con fondos de las arcas provinciales es superior a la del año pasado, y que ese es el motivo por el que la dotación económica del Invierte se reduzca con respecto a 2017”. Afirma que se han habilitado nuevos planes, por ejemplo, el de inversiones para equipamientos culturales y deportivos, enfocados a pequeños municipios. Por lo tanto “el superávit se reduce, pero no así el total de fondos propios movilizados. Una inversión sin precedentes en la historia de la Diputación”, asevera la socialista.

En el caso del plan de mejoras en caminos rurales (que en el caso de la Bahía, solo implica a Rota), la portavoz del equipo de Gobierno, Encarnación Niño, ha explicado que se trata de un programa coordinado con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. La Junta aporta el 60% del total y los ayuntamientos debían hacerse cargo del 40% restante. La aportación de la Diputación permite aliviar la cantidad que han de sufragar los consistorios. De modo gradual -cuanto más pequeño es el municipio, mayor es el porcentaje que aporta- los 2 millones que pone la institución provincial posibilita que ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sólo tengan que asumir el 5% del total; los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 15%; y los mayores de 20.000, el 20%. La consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural aporta por su lado 5 millones.

Además, Niño, ha manifestado que los beneficios de este plan tienen una doble vertiente. Por un lado su aspecto medioambiental y de seguridad de estas vías agrarias, y por otro como elemento de apoyo a la actividad económica del sector primario, que se sirve de estos caminos para acceder a sus diferentes explotaciones de zonas rurales.

En su mayoría son municipios menores los que participan del reparto de fondos de este plan de mejoras en caminos rurales: Castellar, El Gastor, Espera, San José del Valle, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Jimena, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Trebujena, Ubrique y Villamartín. Sólo tres superan los 20.000 habitantes: Barbate, Conil y Rota.

Tras la aprobación plenaria, el último paso previo desde el punto de vista administrativo para el inicio formal de los planes es la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOE): una “cuestión de días”.

“NINGÚN GRUPO HA PODIDO VOTAR EN CONTRA”

La presidenta de la Diputación, Irene García, se ha mostrado tras el pleno “muy satisfecha” por este apoyo unánime, que permite poner en marcha estas inversiones. “Todos los grupos han tenido que reconocer que son buenos planes”, ha afirmado la presidenta del PSOE, quien ha subrayado cómo repercuten estos planes en la mejora de los municipios, en materia de instalaciones, infraestructuras, accesibilidad o servicios, pero siempre con el objetivo principal de la creación de empleo, temporal.

“Trece millones de euros para movilizar en apenas unos meses supone un gran revulsivo ligado al empleo y que la provincia tenga buenas noticias y nuevas oportunidades”, ha interpretado.

García también ha puesto el foco en la gestión financiera de la institución, y ha señalado que esta aprobación desmiente falsas teorías (que lanza una y otra vez el PP) sobre una hipotética mala situación económica: “hoy se ha podido ver de forma muy clara que existe una buena gestión económica de la Diputación. Ningún grupo político ha podido votar en contra de planes que son positivos para los municipios y para la ciudadanía”. Por ello, ha celebrado “el buen estado de salud” de la economía de la entidad, que ha permitido que “año tras año las cuentas de la Diputación sean cada vez más positivas y con superávit”.

Una buena gestión que la socialista también ha hecho extensiva al trabajo técnico y administrativo por parte tanto del personal de la Diputación y de los diferentes municipios que han permitido tener toda la documentación lista a tiempo para esta aprobación urgente, y que se aceleren los plazos de ejecución y justificación.

EL PP TACHA DE “INSOLIDARIO” EL NUEVO INVIERTE

Y el PP, principal partido de la oposición, pese a apoyar ambos planes, ha preferido centrar sus críticas en lo que llama “rebajas de verano” en la institución provincial “con reducciones millonarias en el plan Invierte para 2018 y el programa para caminos rurales”.

En el caso del Invierte, el portavoz popular, José Loaiza, ha remarcado que se ha reducido, con respecto al de 2017, “en 33,6%, con 5,3 millones menos que el año pasado”. Y lamenta que “el castigo de la Diputación es especialmente duro con los municipios y las ELAs, que cuentan con menos recursos habitualmente y ven recortadas las ayudas en mayor proporción”, por lo que pide al Gobierno socialista que rectifique.

En este sentido, ha tachado de “insolidario” este plan y el argumento de Irene García, “que asegura que deben recibir más los ayuntamientos que más aportan ingresos a la Diputación”. Loaiza ha instado a que “retire públicamente estas palabras porque la Diputación debe garantizar la redistribución de recursos y apoyar especialmente a los municipios con menos capacidad económica”.

En el caso de los caminos rurales, la derecha cuestiona que se “obligue a los ayuntamientos a asumir una factura de un millón de euros”.

Loaiza no ha dudado en insistir en el “caos económico” que quiere ver en la institución provincial: “sigue dejando las inversiones en mínimos, con cifras más propias de la crisis económica que de la actualidad”. En este sentido, ha remarcado “el fracaso en la gestión de los planes provinciales de obras y servicios, con 5,1 millones de euros de 7,2 sin gastar en 2017, una deuda oculta de 2 millones o un volumen de licitación pública cinco veces menor con respecto al anterior mandato”.

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