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El “apoyo al pueblo cubano” del PP no cuela en la Diputación de Cádiz, que sí aboga por la revisión de los conciertos con la sanidad privada

El pleno de julio de la Diputación de Cádiz ha abordado entre sus puntos el refuerzo de la sanidad pública frente a los conciertos privados, la estabilidad financiera de los centros de tratamiento de adicciones, el reconocimiento a los profesionales de la arqueología o la necesidad de que haya cajeros en los pueblos. El PP, además, ha intentado dar publicidad a su versión sobre la situación en Cuba, pero no ha salido adelante.

El pleno mensual de la Diputación de Cádiz, correspondiente a julio, celebrado todavía en formato telemático, ha abordado entre sus puntos el refuerzo de la sanidad pública frente a los conciertos privados, la estabilidad financiera de los centros de tratamiento de adicciones, el reconocimiento a los profesionales de la arqueología o la necesidad de que haya cajeros en los pueblos.

No ha prosperado esa declaración institucional “de apoyo al pueblo cubano y a sus esfuerzos por alcanzar la democracia y la libertad” presentada de forma oportunista por el PP, siguiendo los dictados de Génova y los voceros de derechas de medio mundo. Aunque la Diputación gaditana, sobre esta cuestión, sí aprobó en otoño de 2016, y por unanimidad, otra declaración de apoyo al levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero que EEUU mantiene contra Cuba. Los populares ahora ni se acuerdan de ese bloqueo que ahoga a la isla caribeña.

Así, entre los puntos que han salido adelante, se ha respaldado la propuesta de Adelante Cádiz que plantea un reforzamiento de la sanidad pública y la revisión de los conciertos con empresas privadas. En concreto, la iniciativa reclama a la Junta de Andalucía la derogación de la norma que regula la derivación de especialidades al ámbito privado; la reversión de los conciertos, de manera que el personal adscrito a los mismos y las inversiones permiten fortalecer el servicio público; además de una auditoría que analice las subvenciones, contratos y conciertos alcanzados por la Junta en la última década. Como era de esperar, sólo las dos derechas que cogobiernan en Andalucía, PP y Cs, han votado en contra.

“La pandemia ha puesto de manifiesto por encima de todas las cosas la necesidad de contar con una sanidad pública fuerte, que garantice el acceso a todas las personas a una atención sanitaria. Pero, también, ha desvelado la debilidad de nuestro sistema sanitario que, en los últimos años, ha sufrido las políticas neoliberales de privatización y mercantilización”, sostienen desde Adelante, incidiendo en que la administración autonómica, “antes y ahora, con PSOE y PP, ha desguazado nuestro sistema sanitario, troceándolo para externalizar cada vez más servicios y que unos pocos se enriquezcan con dinero público”.

OTRAS MOCIONES APROBADAS

Por su lado, según se detalla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el PSOE ha elevado una moción que reclama, también a la Junta, “estabilidad económica” para los 14 Centros de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA) adscritos al servicio provincial de drogodependencias. La propuesta aboga por recuperar los convenios que establecía la Junta con las entidades locales, al entenderlo como un sistema que aportaba certidumbre a largo plazo para beneficio de las plantillas y “las 6.700 personas usuarias”. Actualmente, el Gobierno andaluz de derechas ha prescindido de los citados convenios, optando por una convocatoria anual de subvenciones. La iniciativa ha prosperado con el voto de la mayoría de los grupos, salvo la franquicia naranja que ha dicho no, y los populares, que se han abstenido.

“Los CTA –han subrayado los socialista- no pueden recibir, año a año, a través de la Diputación y los ayuntamientos las subvenciones que dispone la Junta, porque esa situación lastra la estabilidad futura del servicios y se basa siempre en una especulación periódica en base a los fondos que recibe y eso hay que atajarlo a la máxima brevedad”.

También desde el PSOE se ha defendido que la Junta acometa mejoras en el albergue juvenil de El Bosque, adscrito a la red autonómica que gestiona la sociedad Inturjoven. Se exigen tareas de mantenimiento y conservación del inmueble, así como su inmediata reapertura a sabiendas de la demanda existente sobre este tipo de establecimientos y su importancia en términos de empleo y actividad económica. De nuevo, distanciándose del apoyo de todos los grupos, PP y Cs se han abstenido.

“Cierto es que la red de Inturjoven ha visto un detrimento importante de sus ingresos, tal y como lo ha tenido, por ejemplo, la red de hoteles de Tugasa, sin embargo, la diferencia es que la Diputación de Cádiz no ha cerrado ningún hotel y la Junta sí los albergues, como es el caso de El Bosque”, ha dejado caer el partido proponente ante los peros de la derecha.

El PP, por su lado, ha presentado una iniciativa para establecer cajeros automáticos o multi-servicio en pequeños municipios y entidades locales autónomas de la provincia. La propuesta fue aprobada por todos los grupos a excepción de Adelante, que se abstuvo, y planteó una enmienda con el ánimo de asegurar el servicio a través de entidades públicas, banca ética o cooperativas agrarias. En similares términos se expresó el PSOE, alertando de que no deberían adjudicarse estos servicios a las mismas entidades financieras que han cerrado oficinas en pequeñas poblaciones.

A propuesta de IU se ha debatido el reconocer oficialmente a los profesionales de la arqueología en todos los ámbitos de la administración. La inclusión del colectivo en el Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), o la aprobación de un acuerdo marco a nivel andaluz que confiera el reconocimiento de la profesión son algunas de las demandas expresadas en una moción que fue aprobada por unanimidad. Los izquierdistas calculan que actualmente se registran 270 arqueólogos en la provincia de Cádiz, en la figura de autónomos.

Además, AxSí ha presentado una propuesta en demanda de un plan de emergencias nuclear para la Bahía de Algeciras. El pleno decidió la votación por separado de los cuatro puntos de la parte dispositiva. Quedaron aprobadas tres solicitudes: la elaboración de un plan de emergencia nuclear; el desarrollo de planes de Protección Civil en coordinación con los municipios limítrofes; y el traslado a los ministerios competentes de las resoluciones adoptadas. En cambio fue rechazada la “desnuclearización” de Rota y Gibraltar.

También prosperó por unanimidad la iniciativa de la franquicia naranja que insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a impulsar el programa Faros de España por sus réditos turísticos, culturales y formativos. La misma moción solicita la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Faro de Chipiona, además de proponer a Diputación y a la Junta el desarrollo de una ruta por los faros de la provincia.

Y La Línea 100×100, mirando como siempre para su localidad, ha reclamado señales de tráfico que indiquen el acceso a La Línea desde la A-7, la Nacional 340 y la A-34. Las solicitudes se trasladarán a la Secretaría de Estado de Transportes y a la Junta para que cada entidad reaccione en el ámbito de sus competencias.

SIGUE TRAMITÁNDOSE EL NUEVO DIPU-INVIERTE

En este mismo pleno ordinario se ha dado luz verde por unanimidad el nuevo plan Dipu-Invierte (con fondos del sobrante presupuestario de la institución, anteriormente llamado simplemente plan Invierte) que cubrirá actuaciones en todos los municipios y ELAs por casi 21 millones de euros. El responsable del área de Desarrollo Local, Manuel Chacón, avanzó las características de una intervención que financiará obras, reformas, renovaciones de servicios públicos, suministros y adquisición de bienes, entre otros ámbitos. En suma, este programa muy similar al de ediciones pasadas resolverá 279 iniciativas solicitadas por los ayuntamientos. Cada una de las siete localidades de la Bahía de Cádiz recibe 570.000 euros (además, cada ELA jerezana se lleva 150.000 euros para estas obras).

Además, también se ha aprobado el cronograma y las inversiones que asumirá la Diputación, en el periodo 2021-2023, para materializar el plan de modernización de espacios productivos que beneficiará a 32 municipios. La tardanza en la confirmación de resoluciones por parte de la Junta ha obligado a reformular aspectos claves como los porcentajes de financiación asumidos en cada uno de los ejercicios de esta inversión plurianual. La institución provincial asume más de 1,4 millones, mientras la administración autonómica aporta más de 5,8 millones de fondos europeos.

Finalmente, esta sesión plenaria ha validado varias modificaciones presupuestarias al objeto de proporcionar cobertura económica para diferentes intervenciones. En este sentido, se ha aprobado un suplemento de crédito a favor de la Fundación Provincial de Cultura para emprender un circuito de danza y teatro que transite por diferentes localidades.

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