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Culmina la investigación en torno a irregularidades en el Consorcio de Bomberos de Cádiz, con 14 implicados y 7,5 millones defraudados

La Policía Nacional ha investigado a 14 personas relacionadas con el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en el marco de la operación ‘Flama’, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios. La malversación del dinero procedente del erario público se ha estimado en un perjuicio económico por más de 7,5 millones. La investigación parte de una denuncia en 2013 del Sindicato de Bomberos de Cádiz, que dice estar “horrorizado por esta presunta trama urdida por los dirigentes del CPBC”.

La Policía Nacional ha investigado a hasta 14 personas relacionadas con el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC) (12 de ellas han sido detenidas), en el marco de la operación ‘Flama’, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios. La malversación del dinero procedente del erario público se ha estimado en un perjuicio económico por valor superior a los 7,5 millones de euros sin contar los beneficios que hubieran podido obtener los encartados a través de su participación en los hechos investigados.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Cádiz, se inició a raíz de la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Cádiz en 2013, por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), con ocasión de la firma de un acuerdo regulador de las relaciones de los empleados públicos del Consorcio de Bomberos en el año 2010 y la posterior contratación de una póliza de jubilación anticipada dirigida en principio al gremio de los Bomberos, beneficiando principalmente a dirigentes del Consorcio en detrimento del resto de la plantilla.

Durante las primeras pesquisas, según se relata en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, los investigadores detectaron prácticas irregulares e ilegales en distintos ámbitos de la gestión del CBPC, principalmente en el período comprendido entre los años 2008 y 2014, que estarían relacionados con las posibles acciones constitutivas de delito realizadas por funcionarios públicos que ostentaban cargos de responsabilidad.

Por todo ello la causa fue derivada al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz quien pasó a dirigir la instrucción desde 2014. A lo largo de tres años el trabajo policial ha sido intenso, teniendo que analizar una extensa documentación y realizar las diligencias de investigación e indagaciones oportunas para recabar los indicios de criminalidad en los hechos denunciados, así como el descubrimiento de la comisión de nuevas irregularidades que salieron a la luz fruto de las pesquisas y el trabajo exhaustivo de los agentes.

Esto reveló todo un historial de actos y procedimientos, a priori fraudulentos, que habrían sido cometidos por quienes dirigían entonces el Consorcio de Bomberos, “algunos de los cuales todavía continúan en sus cargos”, y por los responsables de las empresas contratadas, en beneficio de unos y otros, en contra del interés público y del propio ente público, que como organismo dependiente de la Diputación y de la mayoría de ayuntamientos gaditanos que lo conforman, “se habrían visto perjudicados económicamente”.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran la firma de un acuerdo regulador y la contratación de un plan de jubilación anticipada para el personal operativo del CBPC en cuyo contenido se habrían llevado a cabo decisiones sin tener en cuenta la legislación vigente y que garantizaría una pensión complementaría a la pensión pública que recibirían los bomberos en el caso de pasaran a la situación de segunda actividad desde los 58 años hasta su jubilación efectiva a los 65 años.

Igualmente, la Policía encontró irregularidades en el área de formación, en convenios suscritos con un sindicato y en la justificación de la subvención recibida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como la contratación de la empresa elegida para impartir la formación on line para el personal. Esta sociedad mercantil, al parecer habría sido creada ‘ad hoc’ para prestar el servicio, siendo seleccionada por el Consorcio, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, dándose la circunstancia que la empresa no prestó el servicio contratado.

Así pues, tras recabar todas las pruebas que determinaban la presunta responsabilidad penal de los investigados se procedió a la detención de nueve personas y a la citación de otras dos personas implicadas en calidad de investigados cuyas diligencias se desarrollaron en la Comisaría Provincial. La otra parte fue practicada en colaboración por el Grupo 7º de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, que procedió a detener a tres miembros de una sociedad mercantil dedicada a la consultoría de formación con sede en la capital del Estado y que actualmente se encuentra en fase de liquidación.

“ESTAMOS HORRORIZADOS”

Según concreta el sindicato denunciante, SBC, entre los cargos implicados se encuentran un expresidente del Consorcio, una exgerente, el jefe de formación, el interventor, el tesorero, la secretaria general accidental, el exjefe de servicios estratégicos, el director técnico, un técnico de administración y un funcionario colaborador en el departamento de Formación.

“Desde el Sindicato de Bomberos de Cádiz –se remarca- estamos horrorizados por esta presunta trama urdida por los dirigentes del CPBC y esperamos, ante todo, en beneficio de los ciudadanos y de los bomberos, que el dinero malversado vuelva a las arcas del Consorcio”.

Este sindicato apostilla que “no es justo que en los últimos ocho años en el CBPC no se hayan realizado inversiones para la mejora del servicio de bomberos, alegándose por la dirección falta de medios. Lo que ha dado lugar a que los equipos que se usan, las instalaciones y los camiones estén obsoletos; los bomberos no puede tener segunda actividad como marca la ley; tenemos que salir fuera de la provincia para formarnos; y estamos mermados en personal”. Todo ello “mientras un grupo selecto del Consorcio, quienes precisamente inventaron y llevaron a cabo esta presunta trama para beneficio propio, están beneficiándose de indemnizaciones astronómicas”.

Por su lado, araíz de hacerse pública la conclusión de la investigación, CSIF ha solicitado al presidente y a la dirección del Consorcio que suspenda cautelarmente a todos los implicados en los presuntos delitos investigados que se encuentren en activo, y que sean separados del servicio hasta que la Justicia se pronuncie.

Según explica el responsable provincial de Administración Local de CSIF Cádiz, Francisco Silvestre, “prácticamente la mitad de los involucrados mantienen actualmente sus cargos, tanto directivos como operativos, en este organismo, y no es lógico que sigan trabajando como si nada cuando la Policía los ha relacionado con unos delitos tan graves”. Igualmente, Silvestre, sorprendido por la magnitud de la irregularidades, no entiende cómo pueden estar implicadas personas relacionadas con un sindicato cuando se ha estado perjudicando a sus propios compañeros profesionales del colectivo de bomberos”.

Mientras, el actual presidente del Consorcio, Francisco Vaca, que ostenta el cargo desde octubre de 2015, defendía hace unos días que él recibió una petición de información por parte de la Udef el 9 de diciembre de ese mismo año, a tenor de una investigación comenzada en 2013, “y por tanto anterior a su mandato”. “En ningún momento se ha citado a la actual presidencia para que acuda a declarar sobre estos hechos ni ningún otro”, subrayaba, al tiempo que sentenciaba que ningún cargo representativo (presidente y consejeros) ha estado o está incluido en este tipo de seguro.

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