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El Congreso insta al Gobierno a ‘romper’ con Marsegur, concesionaria de los servicios de vigilancia privada en instalaciones de Defensa

El Gobierno central, tras aprobarse en la Comisión de Defensa del Congreso, deberá intervenir en el conflicto laboral provocado por la empresa Marsegur, adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa, entre ellos los militares de la provincia gaditana, donde están afectados medio centenar de trabajadores que han visto mermados sus salarios y condiciones laborales. Ha salido adelante, pese a la abstención del PP, una iniciativa de Unidos Podemos que demanda que se rescinda el contrato.

El Gobierno central, tras aprobarse en la Comisión de Defensa del Congreso, deberá intervenir en el conflicto laboral provocado por la empresa Marsegur, adjudicataria desde diciembre pasado de los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa, entre ellos los militares de la provincia gaditana, donde están afectados medio centenar de trabajadores que precisamente este lunes y martes, 25 y 26 de septiembre, estaban llamados a secundar huelga. La proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos, respaldada por todos los grupos, salvo la abstención del PP, requiere que el Ministerio rescinda el contrato con esta empresa ‘pirata’.

Esta plantilla viene protagonizando desde hace unos meses movilizaciones con el objeto de protestar por los niveles de precariedad que vienen padeciendo a partir de la llegada de la nueva concesionaria, ante la aplicación por parte de la dirección de un convenio colectivo que ha sido declarado ilegal en sentencia de la Audiencia Nacional y que merma sus salarios de manera considerable, “hasta el punto de situar su economía familiar en niveles incompatibles con una mínima calidad de vida”, insisten los sindicatos que apoyan al colectivo. Han visto reducidos su sueldo en más de 400 euros, por lo que ahora gira entre los 600 y 700 euros mensuales.

El PSOE por su parte recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que viene cuestionando desde hace tiempos sobre la subrogación en esta empresa vinculada como la anterior, Seguridad Integral Canaria, al empresario canario Miguel Ángel Ramírez –“amigo del exministro del PP José Manuel Soria, a quien el Gobierno de Rajoy ya indultó y cuya empresa vuelve a estar investigada en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal de 9 millones a Hacienda y de 11 millones a la Seguridad Social”-.

“Una empresa que no respeta el convenio estatal y que pretende con el suyo propio mandar a la indigencia laboral a estos trabajadores”, ha insistido la portavoz adjunta de Defensa y diputada del PSOE por Cádiz en el Congreso, Miriam Alconchel, recordando que en la provincia el conflicto afecta a medio centenar de agentes de seguridad privada, que incluso están teniendo problemas para cobrar.

Alconchel, que se solidariza en nombre del PSOE con el colectivo en huelga estos días, ha llamado la atención sobre las deficiencias en el servicio tales como turnos en los que algunos puestos no se cubren, alta rotación en la cobertura de puestos, dudas fundadas sobre la capacitación de los vigilantes enviados a cubrir ausencias o sobre las condiciones de instalaciones como los armeros.

Del mismo modo, esta diputada jerezana añade que el Gobierno central tiene que responder todavía al paquete de preguntas por escrito registradas por el Grupo Socialista relacionadas con Marsegur. Entre éstas destacan, por ejemplo, el número de quejas que han sido presentadas en la Dirección de Acuartelamiento y en la Inspección General del Ejército en cuanto a las condiciones de prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones dependientes de Defensa o las medidas que se han adoptado por parte del Ministerio respecto a los hechos denunciados, tanto para la comprobación de los mismos como, en su caso, para exigir la subsanación de los que hayan sido confirmados.

El PSOE se interesa además por el número de trabajadores despedidos por Marsegur, dentro de los que prestan sus servicios en las instalaciones del Ministerio de Defensa por parte de esta empresa adjudicataria y requiere saber los motivos legales alegados por la empresa adjudicataria para llevar a cabo los despidos de trabajadores.

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