Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes, que se recuerda cada 18 de diciembre, se ha celebrado una concentración en Cádiz frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para exigir una “acogida digna” para la infancia migrante, soluciones de “inclusión” para la juventud ex tutelada, y en solidaridad con el “atentado racista” del centro de protección de menores de Hortaleza, en Madrid, donde a principios de este mes lanzaban una granada.

En la protesta han estado presentes miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Red de Apoyo a Inmigrantes Jerez-Dimbali, Voluntarios por Otro Mundo Jerez, la Red de Acogida de El Puerto de Santa María y la Asociación de Familias Solidarias de Chiclana.

Los colectivos concentrados han leído y secundado un comunicado con el que se exige al Gobierno andaluz (ahora de PP y Cs, con el aliento de la extrema derecha) que “cumpla la legislación internacional en protección de la infancia, que cumpla el principio de no discriminación, que establezca de una vez un sistema de acogida digno para menores que viajan sin referentes adultos y soluciones de inclusión eficaces para la juventud extutelada”.

“Si la Junta no asume su responsabilidad con estos jóvenes, es obligación de la ciudadanía denunciar esta dejación de funciones y exigir que nuestros gobernantes cumplan los acuerdos internacionales y salir a la calle en defensa de estar personas cuyos derechos elementales están siendo ignorados por quienes tienen precisamente la obligación de preservarlos”, se denuncia.

“Las personas no son ilegales, sin embargo, nuestros gobernantes siguen realizando prácticas ilegales y además no muestran ni la voluntad ni la capacidad de dar respuesta al clamor que crece en las calles y por la ciudadanía. Basta ya de favorecer desde las instituciones las duras condiciones de precariedad, discriminación y actitudes racistas hacia la infancia y la juventud migrante”, sentencia el manifiesto reivindicativo.

“INSOSTENIBLE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUNTA”

“La ciudadanía andaluza, y en especial la gaditana, se mantiene solidaria con las personas migrantes y así lo demuestran los numerosos actos cívicos desde que la primera patera llegase a nuestras costas”, se afirma en este comunicado recogido por DIARIO Bahía de Cádiz; en el que también se denuncia “estos 30 años de sufrimiento y de muerte, de continuas vulneraciones de los derechos de las personas migrantes, en especial de los niños que viajan sin la compañía de un familiar o referente adulto, los llamados Mena”.

Hasta el día de hoy, se incide, “son más de 7.000 personas las que han perdido la vida o desaparecido en nuestra frontera sur. Y seguimos echando de menos algún gesto, algunas palabras de condolencia o de consuelo por parte del presidente del Gobierno o del ministro del Interior para con los familiares de estas personas. Por nuestra parte, seguiremos reclamando vías de migración legales y seguras”. Pero incluso para quienes consiguen establecerse en España “la situación es muy difícil: regularizar su situación resulta casi imposible y eso las condena a la marginación, a la calle, al ostracismo social y a la explotación laboral más inhumana”.

“Estamos aquí especialmente para denunciar la vulneración de los derechos de la infancia que migra sin referentes familiares. Estamos aquí porque los dirigentes públicos encargados de velar por la protección de la infancia bajo el principio de la no discriminación siguen sin establecer un sistema que realmente proteja y sea digno para nuestros niños. Estamos aquí porque en enero 15 niños se quedarán en la calle en Bornos y 200 más en toda Andalucía, con una mano delante y otra detrás y muchos sin la documentación elemental que los condena a no existir administrativamente. Las redes solidarias de acogida ya no tenemos más capacidad, pese a que mucha gente nos está apoyando. Esta situación insostenible es responsabilidad institucional de la Junta que, como siempre, no sabe, no contesta, ignora el problema y prefiere lavarse las manos”.

Según los colectivos denunciantes, la única alternativa que la Junta de Andalucía vende como viable “es la de la repatriación. Una repatriación que consiste en devolver al mismo país de donde huyeron, al mismo contexto de falta de derechos sociales, de protección y alternativas que pudieron motivar la migración, incluso cuando se trata de países que numerosos organismos internacionales han declarado como no seguros y en los que se vulneran los derechos humanos como práctica habitual”.

Y para más inri, “contribuyen conscientemente a divulgar mitos y bulos basados en datos falsos y alentar a la ciudadanía a que señalen al colectivo migrante como los responsables del recorte de derechos sociales y de los efectos de la situación de crisis-estafa endémica que se ceba con las familias empobrecidas”. “No nos dejemos engañar, no son las personas migrantes ni otros colectivos los responsables de que cada día nos enfrentemos a la pérdida de derechos o la precariedad absoluta impuesta; es la inacción de los responsables políticos que tienen el deber de garantizar los derechos de todos los seres humanos y lo que buscan es enfrentarnos entre nosotros”.