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El expediente para privatizar la gestión de Los Toruños “está plagado de graves irregularidades”: no hay ni urgencia ni causas objetivas

La gestión del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la Algaida sigue dando que hablar. Ecologistas en Acción denuncia ahora que el expediente que está tramitando la consejería de Fomento para contratar la “gestión integral” incurre en “graves irregularidades”, vulnerando la ley en cuanto al procedimiento de urgencia y en la justificación de la necesidad. Este “despropósito” demuestra que “es sólo una decisión política que opta por la privatización de equipamientos y servicios públicos”.

La gestión del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la Algaida sigue dando que hablar. Desde hace unos meses diferentes colectivos y partidos políticos denuncian la pretensión de la Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas, de privatizar la misma, mientras la administración autonómica lo desmiente y asegura que con el anterior gobierno socialista también se externalizaban servicios: “todo es un bulo, no va a cambiar nada” repiten desde PP y Cs.

En concreto, la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio –de la que depende este espacio natural en los términos municipales de El Puerto y Puerto Real- abría a finales del verano un concurso para contratar la “gestión integral” por 2,4 millones de euros de Los Toruños, que hasta ahora ha sido gestionado “con un modelo de éxito”, directamente por la Junta “por medio de encomiendas de gestión a empresas públicas”. Un espacio de unas 1.000 hectáreas que recibe medio millón de visitas al año para el desarrollo de actividades ambientales, lúdicas y de ocio, educativas, deportivas y culturales.

A finales de septiembre, Ecologistas en Acción desvelaba que once empresas han presentado ofertas para hacerse con esta controvertida “gestión integral”, solo una gaditana y hasta cuatro multinacionales. Y ahora esta misma entidad ha denunciado que el expediente que está tramitando la consejería “incurre en graves irregularidades”: vulneraría la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, “en lo concerniente al procedimiento de urgencia y en la justificación de la necesidad”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas entiende que “es todo un despropósito que demuestra lo forzado de la justificación para privatizar este parque metropolitano, por la sencilla razón de que no existen causas objetivas; es sólo una decisión política que opta por la privatización de equipamientos y servicios públicos, incluso de aquellos, como este parque, que ha venido siendo gestionado de forma satisfactoria por una empresa pública”.

¿URGENCIA? ¿JUSTIFICACIÓN?

Según desarrolla esta asociación verde, el pliego de cláusula administrativas particulares del contrato establece que se tramitará la licitación por el “procedimiento de urgencia”. Al respecto, la ley establece que “podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”.

El expediente en este caso contiene dicha declaración de urgencia, aprobada por la Secretaría General Técnica mediante resolución del 29 de abril. Sin embargo, no cumple con el principal requisito que establece la ley: que se encuentre debidamente motivada, subrayan desde Ecologistas en Acción. Y es que dicha resolución indica que el motivo que lleva a la Junta a tramitar el expediente de manera urgente es para “acelerarlo por razones de interés público” pero no se recoge en el documento justificación alguna que permita conocer cuál es ese interés público. Los únicos argumentos que se mencionan es que el 31 de julio de 2020 finalizaba la encomienda de gestión a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que ha venido prestando los servicios objeto del contrato, y que la interrupción de plazos decretada por el Real Decreto 463/2020 ha impedido tramitar antes el procedimiento de externalización de los mismos.

“Sin embargo, el 26 de marzo, un mes antes de que se dictase la resolución, la propia Junta de Andalucía ya había aprobado una memoria justificativa para prorrogar dicha encomienda de gestión”. Es decir, que cuando se decidió tramitar urgentemente el contrato, la administración autonómica ya conocía, desde hacía un mes, que la encomienda de gestión sería prorrogada y que, por tanto, los servicios no dejarían de ser prestados, tal y como así consta en el segundo punto de los antecedentes de la resolución de 29 de julio de 2020, de la viceconsejería, por la que se autoriza la encomienda de gestión a la AVRA. Además, dicha encomienda de gestión que garantizaba que los servicios seguirían siendo prestados por este organismo público, se publicó el 29 de julio, 12 días antes del anuncio de licitación, “con lo que la consejería de Fomento tenía pleno conocimiento de la misma”. La propia encomienda establecía, además, que entraría en vigor el 1 de agosto y tendría una duración, al menos, de un año. “¿A qué tanta urgencia?”, se preguntan desde Ecologistas.

Por otro lado, de entre las irregularidades que se detectan destaca el hecho de que la Ley de Contratos del Sector Público indica que cualquier administración que tramite un contrato deberá incluir una “motivación de la necesidad”. Esta motivación aparece, supuestamente, recogida en el apartado 3 de la memoria justificativa, de 14 de julio de 2020, firmada por la Jefa del Servicio de Gestión de Planes Territoriales, “adoleciendo de importantes errores”.

En primer lugar, se indica en la memoria que la Junta carece de medios suficientes para prestar esos servicios en Los Toruños, puesto que la encomienda de gestión a la ARVA finaliza el 30 de abril de 2020. “Si los servicios dejan de prestarse vía encomienda el 30 de abril ¿quién los ha estado prestando hasta el 14 de julio, día en que se firma la memoria?”, se pregunta al aire la asociación denunciante.

Lo cierto es que la encomienda no solo se prorrogó hasta el 31 de julio, sino por un año más, hasta el 1 de agosto de 2021. Hecho este que la Junta conocía desde el 1 de abril, fecha en la que acordó iniciar los trámites para la nueva encomienda. En ese sentido, el 9 de julio de 2020, la Asesoría Jurídica de la consejería de Fomento emite informe facultativo ratificando la viabilidad de la encomienda. “Es decir, que reconocían tener esos medios pero a la hora de justificar la externalización del servicio aseguraron que no los tenían. Lo cual es completamente inverosímil, porque la AVRA venía prestando de forma satisfactoria esos servicios desde el año 1998, así que es difícil de entender cómo esta Agencia deja de tener los medios suficientes para poder llevarlos a cabo”, se apostilla.

En segundo lugar, se indica en la memoria que la Ley de Contratos del Sector Público “ha modificado sustancialmente la regulación de las encomiendas de gestión, ahora denominadas encargos de ejecución, exigiendo para su realización requisitos que imposibilitan continuar con el modelo de gestión ‘encomienda de gestión o encargo de ejecución’ hasta ahora vigente para dichos parques metropolitanos”. Sin embargo, aprecian desde Ecologistas, “no se indican cuáles son esos requisitos que exige la ley y que imposibilitan el uso de la figura de la encomienda o el encargo a medios propios”.

“Esta ausencia, de entrada, ya es suficiente para considerar que la necesidad en el cambio de modelo de gestión no está motivado. No siendo cierto el que la nueva ley haya introducido elementos nuevos que impidan esa fórmula de prestación de los servicios, vía las encomiendas de gestión”, se afirma. Prueba es que la propia Junta de Andalucía resuelve el 29 de julio autorizar una nueva encomienda de gestión a la ARVA.

Aunque en el texto de la encomienda se incluyen términos como “apoyo” respecto de los servicios que se pretenden externalizar, “nada impide en la normativa que sea la propia ARVA la que continúe prestando los mismos vía encomienda”. De hecho, se sentencia, “si hasta el 30 de abril, y después hasta el 31 de julio, los venía prestando, era porque la ley lo permitía. Si no era así, la Junta habría vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público todo este tiempo encomendando a la AVRA unos trabajos que dicha ley supuestamente prohibía encomendar”.

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