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SOS Bebés Robados avanza su intervención en el cementerio de San José, que “confirma que en la provincia de Cádiz se han robado niños”

SOS Bebés Robados Cádiz ha trasladado in situ a representantes de la Diputación y del Ayuntamiento el estado actual de la exhumación que promueve en el cementerio de San José de la capital. Este proceso lo impulsan 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987. De momento se confirma que han aparecido cuatro féretros sin restos óseos y otros cinco niños no están en sus sepulturas.

La portavoz de la asociación SOS Bebés Robados Cádiz, Chary Herrera, se ha reunido este martes en el cementerio de San José, de la capital, con la diputada provincial Elena Amaya y el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, entre otros, para trasladarles el estado actual de la exhumación de sepulturas que promueve este colectivo.

Este proceso lo impulsan 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987; bebés cuyo fallecimiento fue declarado oficialmente pero que, sospechan, fueron entregados a otras familias durante el franquismo y los primeros años de democracia postmuerte del dictador.

Herrera ha confirmado que, de momento, han aparecido “cuatro cajas vacías y otros cinco niños no están en los hoyos donde estaban registrados”. Nueve casos que, a juicio de su asociación, “confirman que en la provincia de Cádiz se han robado niños”.

La Diputación, a raíz de un convenio alcanzado en julio con SOS Bebés Robados, participa en esta iniciativa con una aportación de fondos que permite la contratación de dos profesionales: una psicóloga que atiende a los familias “que lo pasan realmente mal y sufren situaciones muy delicadas”, según ha explicado Chary Herrera, así como un antropólogo que determina las semanas de gestación de los huesos que se están recuperando.

Amaya, en esta visita, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha mostrado la predisposición de la institución provincial a seguir colaborando y “fortalecer una unidad institucional” donde convergen el Ayuntamiento de Cádiz, la empresa supramunicipal Cemabasa (que aporta 50.000 euros para costear las labores), la Junta de Andalucía y la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz.

Responsables municipales como Martín Vila, o representantes de la Plataforma, como Antonio Chico, participaban en esta visita al clausurado cementerio “personificando dicha unidad”. Junto a la socialista Elena Amaya también comparecía personal técnico del servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación.

Los detalles de la intervención (que se practica en los patios 3, 4 y 5 del camposanto) han sido precisados por el arqueólogo municipal José Gener. Excavaciones que inciden en sepulturas dispersas que hay que reconstruir por estratos. Ya se han resuelto las exhumaciones solicitadas por 31 familias si bien sólo la identificación genética mediante el cotejo de ADN podrá establecer si hay vínculo entre los restos óseos y dichas familias. La intervención comenzó el 20 de octubre de 2017.

La Diputación gaditana, con anterioridad a esta participación, ya visibilizó el trauma de las familias detrás de SOS Bebés Robados con el documental ‘El dolor que no prescribe’, realizado por su servicio de Vídeo con guión de la periodista Tamara García.

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