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Se avanza en la actualización de la ordenanza del registro municipal de demandantes de vivienda protegida de Cádiz, sin tocar desde 2012

El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto un plazo de 20 días hábiles para consulta de la ordenanza del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, y aportaciones, de cara a su adaptación a la legislación actual. No se actualiza desde hace casi una década.

El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo de consulta previa, audiencia e información pública de la ordenanza del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, de cara a su adaptación a la legislación actual.

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda presentar sus aportaciones a la actualización de la ordenanza, se encuentra ya abierto este plazo durante 20 días hábiles.

La última vez que se modificó esta ordenanza fue en 2012 “y desde entonces se han sucedido varios cambios en la normativa que afecta a la regulación de los registros de demandantes como la aprobación de la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de vividas o el decreto 91/2020 de 20 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030”, detalla la concejala de Vivienda y presidenta de la empresa municipal Procasa, Eva Tubío.

“De hecho hemos incorporado el plan municipal de viviendas, aprobado en el pleno de marzo de 2019, como uno de los documentos a tener en cuenta en esta ordenanza dada la perspectiva y visión actualizada que recoge”, agrega en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

Algunos de los aspectos que se pretenden mejorar con la adaptación de la ordenanza son, repasa Tubío, el de “establecer los requisitos que habrán que reunir las personas demandantes de vivienda protegida así como los datos básicos que deberán figurar en la solicitudes, elevar del 25 al 50% el límite del porcentaje de pleno dominio sobre otra vivienda adquirida a titulo de herencia o legado que impide a las personas titulares el acceso a vivienda protegida en el registro, la modificación del sistema de baremos para la selección de las personas adjudicatarias teniendo en cuenta a los grupos con especial protección que se recoge en el artículo 5 del Plan Vive en Andalucía o la supresión del sistema de subasta pública para el acceso a vivienda protegida en régimen de propiedad sustituyéndolo por el orden de antigüedad en el registro”.

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