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La edil de Cultura rechaza que sólo se pueda pagar con tarjeta en las taquillas de los teatros de Cádiz, y pide a Tesorería “una alternativa”

Una orden de la intervención municipal obliga a partir de ahora a no aceptar efectivo en los espacios dependientes del Ayuntamiento de Cádiz, incluidas todas las taquillas de los diferentes teatros: sólo se podrá pagar con tarjeta. Al respecto, la concejala de Cultura, que rechaza la medida, ya ha solicitado a la Tesorería Municipal una “alternativa”. “Se buscarán soluciones que permitan revertir dicha obligación y que se ajusten más a la realidad social de Cádiz”, anota.

Se acaba de conocer que una orden de la intervención municipal obliga a partir de ahora a no aceptar efectivo en los espacios dependientes del Ayuntamiento de Cádiz, incluidas todas las taquillas de los diferentes teatros. Un proceder que se pone en marcha de cara a la apertura de la venta de localidades para la programación de la temporada septiembre-diciembre del Gran Teatro Falla, a partir del 23 de julio: las entradas sólo se podrán adquirir con tarjeta en taquilla, o a través de los servicios de tickentradas.

Al respecto, la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, ha solicitado a la Tesorería Municipal una “alternativa” al pago único con tarjeta. Afirma que comparte “el rechazo” que esta medida ha suscitado “en una parte importante de la ciudadanía, ya que la apuesta de esta concejalía es promover acciones que caminen hacia la inclusión, la accesibilidad y no sean de carácter excluyente”.

Por todo ello, esta edil de Adelante Cádiz espera que desde la Tesorería Municipal se explique los criterios que se han seguido para tomar la decisión, “una aplicación de la que nos manifestamos en contra y que intentaremos que deje de aplicarse”.

Asimismo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Cazalilla apunta que “pese a que este tipo de pago único es una práctica extendida mundialmente y promueve la transparencia, entendemos que, en el contexto local, este método de pago es una acción que puede perjudicar a muchos ciudadanos de distintas generaciones y de distintas posibilidades económicas y que no atiende a realidades sociales que debemos tener en cuenta y priorizar”.

“Se buscarán soluciones que permitan revertir dicha obligación y que se ajusten más a la realidad social de Cádiz”, insiste la concejala.

Por último, aclara que esta medida no se ha tomado en ningún caso desde su concejalía de Cultura e insiste en que su prioridad es desarrollar directrices culturales que “avancen en las políticas de igualdad y de justicia social”.

FACUA HABLA DE “CLÁUSULAS ABUSIVAS”

De la misma forma, Facua Cádiz ha manifestado su discrepancia con esta medida, reclamando que la fiscalización de estos pagos para actividades en los teatros y espacios públicos municipales “debe hacerse mediante controles que no impliquen la limitación de los derechos de los consumidores en la utilización de los medios de pago legalmente admitidos”.

Esta asociación de consumidores recuerda que las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas, “son cláusulas abusivas conforme establece el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios”. Las únicas limitaciones al pago en efectivo recogidas en la ley (“para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”, suponen los 2.500 euros en operaciones en las que una parte sea empresario o profesional, y que ninguna parte está obligada a aceptar más de 50 monedas en cada pago, mientras que no existe límite para el número de billetes por pago.

“Por ello limitar el medio de pago en los teatros municipales de Cádiz al pago con tarjeta, supondría una limitación no prevista por las leyes en perjuicio del consumidor, incurriendo en una cláusula abusiva”, insiste Facua; que añade que entiende los problemas que pueden generar a los ayuntamientos la existencia de caja y los pagos en efectivo en sus dependencias, “pero estas dificultades no pueden solventarse a costa de los derechos de los consumidores, sino con la aplicación de medidas internas de control y fiscalización de esos pagos por parte del propio ayuntamiento”.

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