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Diputación ‘salva’ de momento el comedor social de La Viña; la Junta precisa que la subvención “no es un derecho adquirido año tras año”

La Diputación ha salido al rescate del comedor social de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz, en el barrio de la Viña de la capital. La UDP conocía hace unos días que no había accedido a las subvenciones del 0,7% del IRPF convocadas por la consejería de Políticas Sociales. Sin estos fondos, se veía abocada a clausurar ya mismo este servicio que atiende a unos 60 mayores. Sin plazo para buscar una solución, la institución provincial, en coordinación con la delegación territorial de dicha consejería, ha decidido asumir temporalmente el mismo, a partir de los recursos de su residencia Matía Calvo.

La Diputación ha salido al rescate del comedor social de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz, en el barrio de la Viña de la capital. La UDP conocía hace unos días que no había accedido a las subvenciones convocadas por la consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el marco de las ayudas para fines sociales financiadas con el 0,7% del IRPF. Sin estos fondos, se veía abocada a clausurar a finales de este diciembre este servicio que atiende cada día a unas 60 personas mayores.

El Ayuntamiento, que se ha reunido con la entidad –en la persona de la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández-, ha reclamado a la Junta “que recapaciten de cara al listado definitivo” de estas subvenciones. “Un barrio como La Viña no puede prescindir de un elemento vertebrador y fundamental para la ciudad y sus vecinos”, subrayaba Fernández. Y el PP local, más allá de culpar al Gobierno regional, al local y al PSOE, ha instado a que sea el propio Consistorio el que asumiera el comedor.

Finalmente, la institución provincial ha confirmado, ante la inminente clausura del servicio, “asumir este compromiso social a la espera de que se estabilice la situación”, según palabras del diputado provincial Fran González, que también es concejal socialista en el Ayuntamiento.

De este modo, será la Diputación la que atenderá, al menos durante el mes de enero, a las 53 personas usuarias actualmente de la Asociación de Pensionistas. La asistencia, consistente en el servicio de comedor para la provisión de almuerzos, se llevará a cabo en la residencia de mayores Matía Calvo, que gestiona en la capital gaditana.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se subraya que esta decisión ha sido adoptada por la presidenta de Diputación, Irene García, una vez que se han analizado las opciones posibles junto a la responsable del área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario y el diputado provincial Fran González. García dice haber mantenido también conversaciones al respecto con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Manuel Herrera, al objeto de alcanzar una solución coordinada.

“No podíamos mirar para otro lado, considerando que se necesitaba resolver. Con esta decisión “estas personas no quedan desamparadas y se gana tiempo para encontrar la mejor alternativa”, insiste González.

La dirección de la residencia Matía Calvo ya está al corriente de la nueva circunstancia y acordará con los responsables de la UDP los aspectos logísticos y asistenciales que sean precisos para procurar “un servicio de calidad”. Ya se ha determinado la adopción de dos horarios para los almuerzos, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de los residentes del centro de la Diputación (90 personas) y los nuevos usuarios del comedor de la calle La Rosa (cerca de 60). La nueva demanda requerirá, durante enero, un refuerzo del personal de cocina, así como de ayudantes de servicios especiales y auxiliares.

LA JUNTA ACLARA QUE AHORA ESTAS SUBVENCIONES SON POR CONCURRENCIA COMPETITIVA

Por su lado, desde la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales también se ha mantenido estos días una reunión con representantes de la Asociación de Pensionistas de Cádiz para conocer de primera mano la situación. En este encuentro, el delegado territorial del ramo, Manuel Herrera, les ha anunciado que en los próximos días el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la consejería, Francisco José Martín, se reunirá con la entidad para hacer las pertinentes aclaraciones sobre la denegación de la subvención que solicitaron este año con cargo al 0,7% del IRPF, “dado que su concesión, por concurrencia competitiva, es centralizada”.

Cuestiones administrativas aparte, para la Junta, dada la decisión de la entidad de cerrar el comedor ya mismo, lo importante era que a partir de enero ninguna persona usuaria de este servicio se quedara sin almuerzo. Así, se añade que se ha recurrido a “la colaboración entre administraciones”, y de ahí este acuerdo con la Diputación, que se hará cargo de este servicio en enero, y prorrogable hasta dos meses.

Mientras tanto, y una vez que la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz se reúna con representantes de Sevilla de la consejería de Políticas Sociales, “se verá cuál es el futuro de este comedor”.

La delegación territorial, de momento, muestra su satisfacción por el hecho de que estos mayores del comedor de la Viña puedan seguir teniendo su servicio sin interrupción, por lo que agradece la colaboración de la Diputación. Asimismo, recuerda que “siempre tiene las puertas abiertas a las entidades para tratar de buscar soluciones que redunden fundamentalmente en aquellas personas más vulnerables de la sociedad”.

Asimismo se precisa que las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF han cambiado de titularidad; hasta este año era el Estado el encargado de otorgarlas a través de un reparto, una fórmula que ha cambiado con la transferencia de esta competencia a las autonomías y, en concreto, a la Junta de Andalucía, que ha optado por el modelo de concurrencia competitiva. En este sentido, la administración andaluza considera que una subvención “no es un derecho adquirido año tras año” y que un proceso de convocatoria por concurrencia competitiva “tiene en cuenta la calidad de los proyectos presentados”.
En concreto esta convocatoria ha estado sujeta a una baremación tanto de las entidades como de los programas y proyectos presentados en base a los criterios de valoración publicados en la orden de bases reguladoras y en la orden de convocatoria.

El hecho de que la competencia este año haya pasado, en parte (80% para el tramo autonómico y 20% para el tramo estatal), a las comunidades autónomas ha elevado el número de solicitudes en Andalucía, tal como ha ocurrido en el resto de regiones.

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