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La cancelación del ciclo de cine israelí en Cádiz “no fue un acto de odio, sino de amor, defensa y respeto por los derechos humanos”

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha dictado un auto en el que, como ya pidió la Fiscalía, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones en el marco del caso en el que la organización pro-sionista Acom acusaba a varios miembros del equipo de Gobierno local y a activistas de la Apdha de “delitos de odio”, por la cancelación en instalaciones municipales de un ciclo de cine israelí en 2017 en el marco de la campaña ELAI. Ambas partes señaladas aplauden que se impone “la sensatez, la lógica, la libertad y el respeto por los derechos humanos”.

A mediados de pasado septiembre acudían al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz varios miembros del equipo de Gobierno local y activistas para declarar por la cancelación en instalaciones municipales de un ciclo de cine israelí en 2017, a raíz de la querella presentada “por delitos de odio” (y prevaricación) por la organización pro-sionista Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (Acom), contra el Ayuntamiento de Cádiz y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). En noviembre se conocía que la Fiscalía no veía nada de eso, y pedía el sobreseimiento provisional de la causa. Y ahora un auto del Juzgado de Instrucción número 1 ha dictado ese sobreseimiento.

En dicho auto, la magistrado-juez expone que “la supresión del ciclo de cine israelí no trae causa en motivos antisemitas o de exclusión por motivos de nacionalidad, ni se atisba en él desprecio a normas elementales de convivencia o dignidad de la persona”. Por tanto, considera que no existe “discurso de odio” tal y como defendían los demandantes.

Desde Acom, a raíz de su denuncia, tan difundida por medios y panfletos de derechas (ya se sabe lo que pasa con cualquier asunto que ‘huela’ a Podemos), lanzaban parrafadas como la siguiente: “los antisemitas enmascarados en un supuesto progresismo, los incitadores al odio, los que están acostumbrados a la impunidad de su violencia mientras se le llena la boca de falso humanitarismo, los que usan fondos de todos para crear una industria de chiringuitos para los amigos de los terroristas, a todos esos que se creían por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales y del resto de los españoles, se les ha acabado la bula. Vergüenza para ellos y conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”.

El auto conocido ahora fundamenta igualmente la inexistencia de un delito de prevaricación en la decisión tomada de cancelar el ciclo de cine israelí, toda vez que sobre la decisión pesa otra de la Junta de Gobierno Local en fecha 12 de agosto de 2016 en la que, por unanimidad, se concretó la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz a la campaña ELAI.

La llamada estrategia de Boicot, Desinversiones y Sanción (BDS por sus siglas en inglés) promovida por entidades internacionales e inspirada en la campaña internacional de bloqueo al régimen sudafricano en tiempos del apartheid, incluye esa iniciativa ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. “Estas estrategias no tienen en ningún caso contenido antisemita ni se dirigen contra el pueblo judío. Es un Estado, el de Israel, el objetivo de sus denuncias en tanto que responsable directo de las vulneraciones de derechos humanos que se producen diaria y masivamente en su territorio”, recordaban meses atrás desde Nodo BDS de Cádiz.

“LA RAZÓN Y NUESTRO CORAZÓN ESTÁN JUNTO A PALESTINA”

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, tanto el Gobierno gaditano como la Apdha en Cádiz han saludado el sobreseimiento y que se haya impuesto “la sensatez, la lógica, la libertad y el respeto por los derechos humanos”.

El alcalde, José María González ‘Kichi’, considera que se trata de la decisión “lógica” en un sistema democrático. “Lo que se demuestra que no tenía ningún sentido –añade- era la admisión a trámite de la querella, que ha obligado a una exposición mediática de un tema, como se ha comprobado, sin el menor recorrido”.

Al hilo, González Santos reitera que la cancelación del ciclo de cine israelí “no se trataba de un acto de odio, sino de un acto de amor, defensa y respeto por los derechos humanos”. “Se enmarca en la defensa de la libertad del pueblo palestino, en el rechazo a la ocupación ilegal israelí y el apartheid, tal y como señalan las resoluciones internacionales que sostienen esta realidad”, apunta.

De hecho, recalca que “con esta decisión judicial se constata y se evidencia que el BDS no es un movimiento que incite al odio, sino todo lo contrario: se trata de un movimiento que lucha contra todas las formas de racismo y discriminación, incluyendo el antisemitismo y la islamofobia”. “Las instituciones tienen el derecho y deber de proteger los derechos humanos, y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Cádiz”, señala.

En este mismo sentido, destaca que el actual equipo de Gobierno de Adelante Cádiz “nunca” permanecerá “indiferente ante la injusticia” pese a que haya organizaciones, entidades y figuras políticas que quieran “amedrentar llevando a la justicia este tipo de casos”. “La razón y nuestro corazón están junto a Palestina. Y nuestro compromiso siempre está con los derechos humanos, por eso no vamos a permanecer en silencio mientras ahogan a este pueblo. Seguiremos luchando contra el racismo. Seguiremos peleando por un mundo mejor”, ha remarcado el alcalde de Cádiz para finalizar.

Por su parte, el portavoz de la Apdha en Cádiz, Diego Boza, se ha mostrado muy crítico con la decisión anterior de admitir a trámite la querella en este caso, “que no tenía ni pies ni cabeza, y que sólo ha provocado una gran pérdida de tiempo y ha contribuido a colapsar la justicia”.

Para la Apdha, la organización pro-sionista denunciante interpuso su querella “haciendo un uso torticero de tipos penales como el artículo 510 pensados para la protección frente a la discriminación y el delito de odio dirigido a sectores vulnerables y que aquí es utilizado para intentar asfixiar y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso del pueblo palestino”.

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