“Se depurarán todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias, sean penales o administrativas”. Lo sentencia el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, a raíz del incidente del pasado viernes: una concentración convocada por sindicatos de la Policía Local a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz obligaba a suspender el pleno municipal que se celebraba esa mañana y a desalojar el edificio ante el lanzamiento de varios botes de humo.
Al respecto, el alcalde, José María González ‘Kichi’, ha dado orden de investigar y esclarecer lo ocurrido “en los gravísimos incidentes protagonizados por un grupo de, presumiblemente, agentes de la Policía Local y que derivó en el desalojo del Consistorio por la presencia de humo y con dos concejalas atendidas en el centro de salud por intoxicación por inhalación de humo”.
Para ello se van a revisar las grabaciones las cámaras de seguridad instaladas en el Ayuntamiento para identificar a los responsables directos “y a los funcionarios que hubieran podido incumplir su obligación de evitar en el ejercicio de sus funciones que esto ocurriera”.
A su vez, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Seguridad Ciudadana insiste en que se van a depurar todas las responsabilidades. En esta línea, estarían las posibles responsabilidades penales, ya que “estamos ante un caso de desorden público de gravedad que trajo consigo daños a personas y la suspensión del pleno y la actividad normal del Ayuntamiento”.
Quirós se aferra a la revisión de las grabaciones ya que “en la protesta se pudo ver cómo algunas persona de forma dolosa hicieron todo lo posible porque el humo entrara en las instalaciones municipales, moviendo incluso la ubicación del bote de humo para que éste entrara en mayor cantidad en el Consistorio, sin importarle las consecuencias para la ciudadanía que se encontraba allí realizando gestiones, y a la que un policía local debería proteger siempre, ni a sus compañeros y compañeras que trabajan en esas dependencias”.
El también primer teniente de alcalde ha adelantado que se estudiarán las responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su cargo, “hubieran podido evitar estos hechos o identificar a los posibles autores” y “en el caso de que se sustanciara un expediente sancionador y este derivara en la comisión de una falta muy grave, esto podría suponer la separación definitiva del servicio de la persona que hubiera cometido la infracción”.
Por último, recuerda que los agentes de Policía Local, “que supuestamente eran los que se encontraban en esta protesta” en la plaza San Juan de Dios, “tienen la obligación legal de denunciar hecho delictivo que observen y quienes estuvieron presentes y vieran a personas que podrían haber cometido estos delitos tienen la obligación legal de poner los hechos en conocimiento de las autoridades”. Por ello, el edil responsable de Seguridad Ciudadana espera que “en las próximas horas estos funcionarios se personen voluntariamente en el expediente abierto”.
Por su lado, a través de varios medios de comunicación los sindicatos convocantes de aquella protesta –en el marco del conflicto laboral que mantienen desde hace meses con el Ayuntamiento, exigiendo mejoras- han pedido disculpas por las molestias que hayan podido causar con sus protestas. “Cometimos la ingenuidad de quemar unos botes de humo pero de ahí a lo que se está diciendo y a querer pisarnos la cabeza, hay un abismo”, han apuntado en su defensa desde la UPLB.
