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Facua denuncia la subida “ilegal” de tarifas de Eléctrica de Cádiz instando a la Junta a que se le obligue a anularla y se le sancione

Facua ha denunciado ante la Junta, competente en protección a los consumidores, a la empresa semipública Eléctrica de Cádiz por la subida de tarifas que la comercializadora ha comenzado a aplicar a sus clientes desde el 1 de octubre. La asociación insiste en que la estipulación del contrato en la que la empresa se ampara para justificar el alza de precios “es similar a las cláusulas suelo de las hipotecas”.

Facua ha cumplido su advertencia, y ha denunciado a la empresa Eléctrica de Cádiz (participada principalmente por el Ayuntamiento, además de por Endesa y Unicaja) por la subida de tarifas que la comercializadora ha comenzado a aplicar a sus clientes desde el pasado 1 de octubre. La denuncia se ha presentado ante la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, competente para sancionar a las empresas en materia de protección a los consumidores.

La empresa mixta defendía semanas atrás que se ve “obligada” a subir el precio del kilovatio/hora a su clientela debido al “sostenido encarecimiento del precio de la electricidad en el mercado mayorista”. Este incremento, “el menor posible”, solamente afecta al precio de la energía consumida.

Por su lado, la asociación de consumidores insiste en que considera ilegal la subida, atendiendo a que en los contratos que la empresa tiene suscrito con sus clientes “no se indican los motivos por los que podrá considerarse válido un incremento de sus tarifas”, lo que, a juicio de esta organización, supone una vulneración de lo establecido por la normativa vigente. En su denuncia, no sólo solicita a la consejería competente que imponga una sanción a Eléctrica de Cádiz, sino que, además, le pide que le inste a anular la subida y a reintegrar a sus clientes el importe que les haya cobrado en demasía por su aplicación.

Además de otros preceptos legales, Facua invoca en su denuncia que la subida vulnera lo establecido por el artículo 85.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que considera como abusivas “las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato”.

En base a los argumentos expuestos en su denuncia, y antes de proceder su presentación, Facua Cádiz recuerda en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que se dirigió tanto a la empresa mixta como al Ayuntamiento solicitándoles que anularan la subida. La empresa contestó desestimándola, alegando que en sus contratos se recoge la posibilidad de una revisión trimestral de sus tarifas, justificando, además, su decisión en “la actual situación de altos precios de la electricidad en el mercado mayorista”. Y el Consistorio no ha contestado directamente a la organización de consumidores, pero emitió un comunicado de prensa “en el que copiaba el argumento del incremento de precios en el mercado mayorista esgrimido por la empresa”.

“DEBE ESPERAR A LA FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA SUBIR PRECIOS”

Facua entiende que la estipulación del contrato en el que la empresa se ampara para justificar la subida es “claramente perjudicial” para los usuarios, con los que suscribe un contrato en el que se establece un precio fijo (a diferencia de la tarifa PVPC, cuyo importe oscila diariamente) pero en el que, al mismo tiempo, se incluye una cláusula de revisión de precios en la que no se detallan las referencias, plazos ni índices a aplicar para determinar la subida de las tarifas. “Esta condición causa un efecto similar al que provocan las cláusulas suelo en las hipotecas, que obliga a los consumidores a asumir la subida de los tipos de interés, pero les impide beneficiarse de las bajadas que en los mismos se produzcan”, se interpreta.

A tal efecto, la asociación se remite tanto a la comunicación que Eléctrica de Cádiz ha remitido a sus clientes informándoles de la subida como al comunicado emitido por el Ayuntamiento, en los que se señalan que los precios vigentes antes de la subida databan de 2019, y que para su fijación se había tenido en cuenta un precio de la electricidad en el mercado mayorista en torno a los 50 euros/MWh. Atendiendo a dichos argumentos, esta organización se pregunta “por qué no se realizaron revisiones a la baja de las tarifas tanto en el año 2019, en el que precio medio fue de 47,68 euros/MWh, como en 2020, en que descendió hasta 33,96 euros/MWh”.

“Para que Eléctrica de Cádiz pueda subir sus tarifas debe esperar a la finalización de los contratos suscritos actualmente con sus clientes y firmar un nuevo contrato con los mismos en los que se modifiquen las condiciones de contratación, adecuándolas a las exigencias de la normativa”, sentencia Facua.

“LA SUBIDA ES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN”, SEGÚN LA EMPRESA

Eléctrica de Cádiz, por su lado, ya insistía semanas atrás que no duda de que la cláusula de revisión de precios de la energía contenida en las condiciones generales del contrato “es plenamente acorde con la legislación sectorial eléctrica y asimismo de protección de los consumidores y usuarios”. Hay que tener en cuenta que, siendo el precio de la electricidad un componente fluctuante y variable diario, la propia Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 44, 1, letra d), establece el derecho de los consumidores en relación con el suministro, a “ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se produzca, y no más tarde de un período de facturación después de que haya entrado en vigor dicha revisión, de forma transparente y comprensible”.

En este sentido, la empresa gaditana dice que “no sólo cumple y ha venido cumpliendo escrupulosamente con lo dispuesto en dicho precepto, sino que ha procurado ser más garantista con sus clientes, yendo más allá en los estándares de protección a los consumidores”. Y es que, las condiciones contractuales de la comercializadora contemplan la de precios en su clausulado, con la garantía adicional de comunicar dicha actualización de precios con una antelación de un mes, e informando al cliente de su posibilidad de rescindir el contrato sin penalización alguna.

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