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La Justicia ordena retirar la tricolor; el PP, que logra “reprimir el derecho a la memoria”, insta al Ayuntamiento a “pedir perdón”


La derecha impone su ‘ley’, otra vez. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, a partir de la denuncia presentada por la delegación del Gobierno en Andalucía y tras recibir las alegaciones del Ayuntamiento, ha ordenado la retirada de la bandera republicana izada frente a las Puertas de Tierra, en el contexto de las II Jornadas por la Memoria hasta el 21 de abril. Esta medida cautelar, sin que se ha fallado la causa principal, “es una demostración empírica de que el PP a través de su Subdelegación utiliza todas las administraciones que tiene a mano para intentar reprimir el derecho a la memoria”, lamenta el Gobierno municipal. El subdelegado replica que “este bipartito igual debería pedir perdón por estas acciones a los gaditanos”.

De momento, otra vez, el PP impone su ‘ley’. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz, a partir de la denuncia presentada a finales de la semana pasada por la delegación del Gobierno en Andalucía y tras recibir las alegaciones del Ayuntamiento, ha ordenado la retirada de la bandera republicana izada en los últimos días en el jardín frente a las Puertas de Tierra de la ciudad, en el contexto de las II Jornadas por la Memoria que ha diseñado la concejalía de Memoria Democrática junto a la Plataforma por la Memoria Histórica local hasta el 21 de abril. Tricolor que en este tiempo ha sufrido varios actos vandálicos y ha tenido que ser repuesta en un par de ocasiones.

El Gobierno municipal se resigna y ya ha informado de que retira la enseña (preconstitucional, pero ni es ilegal ni tampoco inconstitucional) ubicada en la plaza de la Constitución “a pesar de que el proceso ordinario sigue abierto y no se ha fallado la causa principal”.

De este modo, el bipartito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común cumple la orden dada desde el Juzgado aunque critica que “nos obliguen a retirar la bandera sin que se hayan pronunciado sobre la causa principal”. Y se interpreta que “esta orden es una demostración empírica de que el PP a través de su Subdelegación utiliza todas las administraciones que tiene a mano para intentar reprimir el derecho a la memoria”.

Desde el equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ no comparten, “aunque respetan”, esta decisión judicial, pues, como se reflejó en el escrito de alegaciones, “la colocación de esta bandera no incumple ningún artículo de la Constitución y su izada es totalmente legal”. Al respecto, se incide en que la tricolor fue colocada acompañando las II Jornadas por la Memoria que arrancaron el pasado 4 de abril con la inauguración de la exposición ‘El ADN de la memoria’. Además, precisan que esta bandera “constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico. El hecho de exhibirla no impone un determinado modelo político, es más, la actual legislación de memoria democrática insta y apoya su recuerdo”.

En cuanto a la ubicación, la Ley de banderas “en la que se basa el PP a través de la Subdelegación, hace referencia a edificios y establecimientos de la administración que sea”. Ante esto, explican que “una plaza, como es la de la Constitución, no se considera como tal y la ubicación de la bandera sólo cabe contemplarla como lo que es, el hecho de exhibirla en la vía pública”. Y en este punto se evidencia que el Ayuntamiento de Cádiz sigue teniendo las banderas oficiales en todos sus edificios públicos. Dicha ley nada dice de colocar una bandera de unos determinados colores en la vía pública. Además, se entendía este el mejor lugar para su exhibición, ya que está declarado como lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el bipartito lamenta que la derecha “vuelva a hacer uso de las instituciones que gobiernan para seguir ahondando en la herida en lugar de ser partícipe de su recuperación. Estas jornadas y el izado de la bandera, pretenden seguir en la senda de la recuperación y reparación de daños a las víctimas del franquismo, un camino en el que el PP no para de poner obstáculos”.

Obstáculos, según añaden, que “van en la línea de la estrategia del miedo y de la línea de limitaciones a la libertad de expresión emprendidas desde su llegada al Gobierno central y a la que como equipo de Gobierno y como Ayuntamiento nos oponemos rotundamente”.

EL SUBDELEGADO LLEGA A SUGERIR QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE “PEDIR PERDÓN”

Por su lado, y ante la decisión momentánea del Contencioso Administrativo, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, dice manifestar su “respeto” a la decisión judicial, al tiempo que pide al equipo de Gobierno municipal que “acate la decisión porque nadie en España está por encima de la Justicia”.

“Es reiterada la doctrina jurisprudencial que indica que la administración pública no puede utilizar más bandera que la contemplada en la Ley 39/1981 y artículo 4 de la Constitución en todo acto oficial que lleve a cabo, entendiendo por acto oficial todo aquel que una administración organiza y en cuyo nombre se lleva a cabo”, considera este político colocado por el PP.

Por ello, Muñoz dice lamentar la “reacción” de los gestores municipales, “que han acusado a la representación estatal de utilizar a otras instituciones, en este caso, la judicial, hecho radicalmente falso”.

“La instituciones públicas y sus representantes somos los primeros que debemos respetar los principios de objetividad y neutralidad en sus actuaciones”, agrega el subdelegado, incidiendo en que “precisamente todas las administraciones deben cumplir y hacer cumplir la ley y no interpretarla según intereses del partido que ostente el gobierno en cada momento”.

Este político jerezano interpreta que, lo sucedido este año y el pasado –en el que Subdelegación también denunció el izado de la tricolor en un mástil adicional en el Ayuntamiento-, “demuestra que no se trata de un hecho casual, sino repetitivo en el tiempo por una administración, la municipal gaditana, más pendiente en estos momentos de hacerse notar por hechos como éste, que por una gestión seria y dirigida a todos los gaditanos y no a un sector concreto de la población, como parece que hace”.

Así, este representante del Gobierno de Rajoy llega a pedir al Ejecutivo gaditano que “deje de echar cortinas de humo a su gestión con acciones como ésta, que sólo sirven para confundir a los ciudadanos y tapar la falta de iniciativa y de gobernar para todos lo gaditanos y no a una parte de la ciudadanía, que parece ser lo que pretenden”

Agustín Muñoz reitera que precisamente el actual Gobierno local en el Ayuntamiento de Cádiz es “reincidente” en esta polémica –que tanto este año como en 2016 genera la propia Subdelegación, el PP y sus medios afines, algo que obvia-, por lo que “este equipo de Gobierno igual debería pedir perdón por estas acciones a los gaditanos”.

“ESPAÑA ES UNA MONARQUÍA PARLAMENTARIA”, EL PRINCIPAL ARGUMENTO DEL PP

Tras una primera amenaza del presidente del PP provincial, Antonio Sanz, también delegado del Gobierno en Andalucía a través de los periodistas a principios de la pasada semana, ya el jueves “a propuesta de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz”, se confirmaba dicha denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por “no considerar ajustado a derecho” el izado de este símbolo, al tiempo que se exigía como medida “cautelarísima” la retirada de la misma. Este Juzgado dio al Ayuntamiento de plazo hasta el lunes para exponer sus alegaciones.

En su recurso, el Gobierno de Rajoy interpreta que, con la exhibición de esta bandera en un lugar emblemático de la ciudad, “se vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas”. Argumenta que al mostrarse “refleja una determinada ideología” que “entra en conflicto con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Constitución, al proclamar que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”.

“Parece obvio que el mero hecho de que la Constitución configure la bandera oficial del Estado en el modo en el que lo hace no supone obstáculo alguno para que pueda exhibirse una bandera de determinados colores, hoy no vigente y que tan solo supone una mera referencia histórica”, alegó el Consistorio al respecto, incidiendo en que “no supone obstáculo alguno el hecho de que la Constitución adopte como forma de gobierno la monarquía parlamentaria a la exhibición de una bandera histórica, que por sí misma sólo constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico”.

Por su parte, el subdelegado, Agustín Muñoz, consideraba días atrás que “no es ninguna anécdota ni un absurdo” lo que representa la colocación de este símbolo en una plaza pública “junto a una lápida que conmemora precisamente la Constitución de 1978, heredera de la de Cádiz, que salió adelante gracias a que todos los españoles decidimos cerrar heridas políticas y llevar adelante el concepto de nación y de España dentro del máximo respeto y consenso”, entendiendo que con este tipo de acciones “puede entenderse que lo que subyace es abrir nuevas brechas en la sociedad gaditana”.

Así respondía este político conservador a la sensata observación del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, del PSOE, quien preguntado por los medios sobre la polémica avivada por medios de comunicación interesados reconocía que le parece “absurda” la denuncia ya que “que se ponga una bandera republicana en el marco de un acto de conmemoración es igual que cuando ponen la bandera del orgullo gay o la de una celebración deportiva”.

Mientras, el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha repetido que hoy día la tricolor “es símbolo de la memoria histórica” por lo que su izado se contextualiza en la celebración en la ciudad de las II Jornadas por la Memoria que ahondan en la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas del golpe de Estado de 1936. Una bandera que “es, desde hace años, símbolo de la memoria histórica y símbolo del movimiento memorialista”. A colación, llegaba a invitar públicamente a todos los representantes del PP, y en especial a su líder provincial, Antonio Sanz, a que participen de dichas jornadas “para que se sumen al cierre de heridas y a la reparación de las víctimas como mandata la propia organización de Naciones Unidas”.

Por su lado, la coalición a la que pertenece Vila, Ganar Cádiz en Común, era más contundente a través de sus redes sociales: “al Partido Popular le sigue doliendo que recordemos nuestra historia; esto y los chistes al fascista de Carrero Blanco les molestan porque al fin y al cabo vienen de donde vienen”.

EL PP YA LOGRÓ QUE SE RETIRARA LA BANDERA HACE UN AÑO

El año pasado y el mismo 14 de Abril, fecha del aniversario de la promulgación de la Segunda República española, la derecha local ya se salió con la suya: a partir de una denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno –entonces con Javier de Torre como responsable-, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo obligó al Consistorio sobre las tres de la tarde a arriar “inmediatamente” la bandera tricolor que, coincidiendo con la efeméride, había izado horas antes en su fachada en un mástil adicional, tras el descubrimiento de una placa en recuerdo del alcalde y concejales republicanos asesinados por el fascismo a partir de julio de 1936. Un cuarto mástil donde en fechas concretas, durante en el presente mandato, se están mostrando las banderas gay, trans o scout, sin problema alguno.

El Gobierno local acataba también entonces la medida cautelar aunque entendiendo que no estaba incumplido la llamada Ley de Banderas a la que se refería la denuncia –en ningún momento se retiraron las tres banderas habituales, la española, la andaluza y el pendón de la ciudad-, al tiempo que alcalde, José María González, lamentaba la “discrecionalidad” en la acción de un cargo institucional, De Torre, que “ha ido a por el Ayuntamiento”.


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