El Gobierno local en el Ayuntamiento de Cádiz llevará a cabo los trámites necesarios y completará el expediente informativo para poder elevar a un pleno extraordinario, en los próximos días, la propuesta de moratoria de un año para la concesión de licencias de apartamentos turísticos en suelo residencial.
Se trata del primer paso para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regulará el uso turístico en suelo residencial a fin de marcar unos índices que “garanticen el equilibrio”, y que ya se supera en la mayor parte del caso histórico.
Un estudio realizado por Ibermad y presentado hace meses revela que actualmente (en septiembre de 2019) en la capital gaditana había 1.224 viviendas legalmente constituidas para ser alquiladas con fines turísticos, aunque también añade que en las diferentes plataformas de alquiler turístico las casas disponibles ascienden a 1.509, por lo que se estima que hay 285 (casi un 20% del total) que no están dadas de alta como tal. Con estos números, la presión de viviendas de alquiler con fines turísticos en la ciudad “asciende a un 2,47%”.
El extenso análisis expone que tres de cada cuatro viviendas de alquiler con fines turísticos se encuentran en intramuros (sufre el 6,56% de presión de estas casas), y las zonas de San Antonio, El Mentidero y San Francisco-Mina son las que más viviendas de este tipo tienen en relación al total de pisos. Por ejemplo, en el ámbito de la plaza de San Antonio hay más de 140 plazas en viviendas de alquiler con fines turísticos por cada mil habitantes. Las zonas con menor presión de este tipo de viviendas turísticas de toda la ciudad son Segunda Aguada y el barrio de Astilleros, además de la Barriada de La Paz y Cerro del Moro.
Detalla también una simulación de crecimiento de este tipo de oferta en los próximos 2-4 años (aunque entonces no se tenía presente el factor coronavirus), en los que la cifra de viviendas de alquiler con fines turísticos podría llegar hasta los 1.900 pisos.
Finalmente, los responsables del informe elaboran una serie de propuestas como establecer un tope del 4% de presión de viviendas de alquiler con fines turísticos en todo el término municipal.
“ES UNA MEDIDA QUE LA GENTE RECLAMA, APOYA Y NECESITA”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ subraya que esta moratoria que pretende elevar a pleno y posterior regulación “es una medida muy importante para Cádiz y vamos a seguir adelante con ella, porque además, desde que la anunciamos, estamos sintiendo más que nunca como la gente la reclama, la apoya y la necesita”.
En este sentido, no entienden como el PSOE “puede insinuar que no es el momento e incluso que hay colectivos ciudadanos que así lo opinan, cuando nosotros hemos tenido varios encuentros con asociaciones vecinales o que trabajan en materia de vivienda y el problema de la turistificación es siempre, sin excepción, una de sus principales preocupaciones y reclamaciones”.
“Precisamente si antes ya era el momento, ahora más, pues tras la crisis sanitaria estamos a las puertas de una nueva crisis social y económica que necesitamos afrontar con mayores garantías habitacionales, para que no se repitan los dramas que ya sufrimos en la crisis anterior”, entienden desde el equipo de Gobierno de Adelante.
Al respecto, se relata que cada semana llegan hasta Procasa (la empresa municipal de vivienda) familias que a día de hoy no les renuevan los contratos o intentan expulsarlos de sus fincas para convertirlas en apartamentos: “con nuestra regulación del uso turístico en el suelo residencial, que por cierto van a adoptar otras ciudades como Sevilla, frenaremos esta realidad”.
Ante ese contexto, se recuerda a los socialistas que “no pueden adoptar la misma línea política del PP, porque la política del PP de Cádiz en vivienda habla por sí sola, con 284 desahucios que se produjeron sólo en 2014 o por como esquilmaron el parque público, vendiendo hasta 924 viviendas municipales”.
Por todo ello, desde el Gobierno local se muestran “muy sorprendidos” por las declaraciones de la edil del PSOE, Natalia Álvarez, “porque contrastan gravemente con lo que prometieron a los vecinos en su programa, donde hablaban de regular y frenar el avance de las viviendas turísticas, e incluso contrasta con la postura de sus propios militantes, como es el caso del exconcejal socialista Juan José Jiménez Mata que ha dicho que la turisficación en el centro de la ciudad es muy grave y que está provocando el desalojo”.
“Tendrían que tener más abiertos los oídos, los ojos, y la mente, para entender lo que está pasando, y apoyar esta medida. El PSOE debe tener claro donde se posiciona. O con el derecho a la ciudad y a la vivienda, o junto a la derecha, que pone por delante la especulación”, se sentencia.
PSOE Y PP COINCIDEN EN QUE EL GOBIERNO LOCAL “CRIMINALIZA” AL SECTOR
Pero qué ha dicho Álvarez: “Cádiz necesita buscar el equilibrio con las viviendas turísticas, pero sin criminalizar el sector; a la hora de llevar a cabo este tipo de actuaciones hay que contar con informes objetivos y neutrales de todas las partes implicadas”.
Para los socialistas, los problemas de vivienda en la capital “no se basan únicamente en el número de viviendas turísticas. Va mucho más allá, y no olvidemos que el turismo es uno de los principales motores económico de la ciudad. Si no existen alojamientos, el turismo decaerá y los perjudicados serán las familias de los gaditanos que tendrán que buscar trabajo en otras provincias”.
El PP también se ha pronunciado al respecto, lamentando “el empecinamiento de Kichi y su equipo de Gobierno en buscar culpables de la deriva en la que ha entrado la ciudad en materia de vivienda, sin inmutarse ni hacer la más mínima autocrítica sobre su desastre de gestión en este aspecto. Ha pasado de decir que habría casa para todo el mundo a amenazar con una regulación en el alquiler de viviendas turísticas que, a día de hoy, no está justificada por los datos”.
Además, esta formación de derechas anuncia que pedirá en el expediente de adjudicación del estudio sobre la situación de la vivienda con fines turísticos en la ciudad, ya que estima “al menos curioso” que, “de nuevo, un colaborador de Podemos, alguien cercano, se lleve, en este caso 14.000 euros, para hacer un estudio de cuántos pisos con fines turísticos hay, cuando de ese asunto hay registros oficiales”.
El principal partido de la oposición insta al Ejecutivo a que “dialogue” con el sector y “abandone ya su postura radical de criminalizar a los gaditanos por los problemas que él no sabe solucionar, y de buscar culpables en cualquier sitio menos en su propio equipo”.
