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El Consistorio gaditano pide a Fomento casi 49 millones de euros para ejecutar cinco proyectos en pos de una “movilidad urbana sostenible”

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado cinco propuestas ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presupuestadas en cerca de 49 millones, relativas al plan de choque de movilidad urbana sostenible del Plan de Recuperación y Resiliencia, a raíz de la pandemia. Los proyectos persiguen favorecer una movilidad que reduzca las emisiones de gases de efectos invernadero, mejorar el servicio de autobús urbano, promocionar la bicicleta, impulsar vías ciclistas hasta el Río San Pedro y San Fernando y crear aparcamientos disuasorios.

A través de las concejalías de Urbanismo y Movilidad, el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado cinco propuestas ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Ministerio de Fomento) relativas al plan de choque de movilidad urbana sostenible del Plan de Recuperación y Resiliencia, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Dicho plan, presentado por el Gobierno central el pasado mes de octubre, afronta el reto de la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire, así como la potenciación y optimización del transporte urbano y metropolitano, el impulso de la sostenibilidad, digitalización, accesibilidad e innovación del transporte en su conjunto, optimizando el uso de la red de transporte para lograr un mayor beneficio social, con el objetivo de lograr unas infraestructuras resilientes y una movilidad inclusiva sostenible y segura.

Todos los proyectos presentados por el Consistorio gaditano, que suman cerca de 49 millones de euros, entroncan con lo establecido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se subraya en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

POTENCIAR EL AUTOBÚS URBANOS

El primero de ellos contempla la sustitución completa de la flota de autobuses urbanos, en su totalidad vehículos con motor diésel, por híbridos, al objeto de favorecer una movilidad que reduzca las emisiones de gases de efectos invernadero, que minore la huella ecológica del municipio y mejore el servicio y la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Igualmente, la propuesta contempla la implementación de una plataforma digital con la información de las diferentes líneas de bus urbano, el tiempo de espera real en parada, la localización y monitorización de cada vehículo, sistema de audio y video, monética, cobro y recarga de bonos de transporte.

Se establece un año para la ejecución del mismo, de enero de 2022 a enero de 2023, y un presupuesto total de 21 millones de euros.

En este punto, el edil de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, defiende que este proyecto “permitirá mejorar notablemente el acceso al transporte público contribuyendo a la descarbonización de la movilidad en la ciudad. La mejora en el acceso no sólo se da por la digitalización de la información relativa al servicio de transporte, sino también por el acceso a personas con movilidad con mayor facilidad”.

GESTIÓN DE UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE

Otra iniciativa que se ha presentado al Ministerio se basa en la implantación de un modelo de gestión de acceso a las zonas de bajas emisiones o de tráfico restringido que permita gestionar las autorizaciones en función de las características de los vehículos y los tipos de colectivos, en la cual éstos y los ciudadanos autogestionen sus propios datos y solicitudes de acceso.

El sistema se complementa con la gestión de los aparcamientos de rotación, la información al vecino a través de paneles de mensaje variable, la implantación y gestión de medidores medioambientales para la monitorización de la calidad del aire, como muestra de la eficacia de la acción, junto con un sistema de informes, estadísticas de movilidad de vehículos y peatones y la gestión de las propuestas de multa.

“El objeto es la gestión de la movilidad de la ciudad en lo relativo al acceso controlado de vehículos a las zonas de bajas emisiones y otras áreas o vías que se determinen, con el fin de garantizar una movilidad más sostenible que permita el libre uso y disfrute del espacio público urbano por los ciudadanos, reducir la alta densidad circulatoria, ordenar la carga y descarga, aumentar las plazas de estacionamiento para residentes, mejorar la seguridad vial y peatonal, y disminuir los niveles de contaminación acústica y atmosférica en dichas áreas”, expone Vila.

Este proyecto –para el que se piden casi 2,4 millones y que se implantaría entre enero de 2022 y enero de 2023- igualmente contempla la implementación con los sistemas actuales de control de tráfico y control de accesos existentes en la capital, a través de la digitalización del sistema actual de comunicaciones y la unificación de los sistemas de gestión de control semafórico, permitiendo esta actuación un incremento de la seguridad vial.

FOMENTO DE LA BICI

Otra de las iniciativas que se sueña materializar con estos fondos europeos que manejaría el antiguo Ministerio de Fomento tiene que ver con la bicicleta. De este modo, una vez que implantación de la red de carriles bici en la ciudad está casi completa con más de 20 kilómetros, “es preciso mejorar las infraestructuras y apostar por su promoción como medio de transporte eficaz, saludable y alternativo al coche, al objeto de favorecer una movilidad sin emisiones de gases de efectos invernadero”.

Para ello se propone una serie de medidas encaminadas a la mejora de la infraestructuras existentes, creación de otras complementarias, y actividades tendentes a la promoción del uso de la bicicleta cuyos destinatarios sean tanto el ciudadano en general como colectivos específicos (jóvenes, mayores, mujeres, centros de trabajo…).

Esas medidas son la creación de un sistema público de bicicletas de alquiler, con la instalación de 46 estaciones y 460 bicicletas, contando con software para su gestión; la creación de la imagen corporativa de la bicicleta en la ciudad, desarrollo de aplicaciones interactivas, App, redes sociales, web, campañas de difusión, concienciación y publicitarias; la monitorización de los modos de transporte mediante la instalación de 20 aforadores de peatones, bicicletas, patinetes eléctricos, motos, coches, camiones y buses; la creación de nuevos carriles bici (en calle América y calle Adelfa) e instalación de aparcamientos tipo hangar y aparcabicis; así como la compra de bicicletas para préstamo rotativo a las empresas, centros de trabajo de la administración y colegios en campañas de incentivación del uso.

Este proyecto se prolongaría desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, y el presupuesto total es de 3,2 millones de euros. A colación, el concejal responsable apunta que todo ello “mejoraría la calidad urbana ambiental, en términos de reducción de ruidos y de emisión de gases de efecto invernadero, además de mejorar la salud al favorecer la movilidad activa combatiendo hábitos de vida sedentarios”. De la misma forma, “supondría una mejora en los tiempos de desplazamiento de los modos de transporte en la ciudad, así como la recuperación del espacio público en favor del peatón y de modos de transporte sostenible”. Y también se refiere al “fomento de la economía local, pymes vinculadas al comercio de proximidad y de las empresas relacionadas con la venta y reparación de bicicletas”.

VÍAS CICLISTAS HASTA PUERTO REAL Y LA ISLA

La cuarta propuesta presentada por el Ayuntamiento lleva plantea ampliar la infraestructura ciclista en el ámbito metropolitano más cercano, hasta San Fernando y hasta Puerto Real. El proyecto se iniciaría el próximo enero y concluiría en diciembre de 2024 como máximo, con una inversión de 4 millones de euros.

Martín Vila argumenta que en la conurbanización existente en la Bahía se localizan en la vecina Puerto Real varios centros de atracción como la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, las factorías de Astilleros y Airbus, polígonos industriales y comerciales, etcétera. “No obstante, actualmente quedan lejos del alcance de los itinerarios ciclistas ya que es imposible transitar por ninguno de los dos puentes que conectan la ciudad de Cádiz con el municipio vecino de Puerto Real”. Además, la conexión con la otra ciudad limítrofe, La Isla, precisa de mejor conexión para que sea “más funcional y transitable”.

Por ello con esta iniciativa se propone impulsar el estudio y construcción de dos nuevos carriles bici más allá de la capital: el primero trazado sobre el puente José León de Carranza conectando posteriormente con la barriada de Río San Pedro; y el segundo paralelo a la autovía CA-33 camino de San Fernando.

APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Y un proyecto de aparcamientos disuasorios, para el que se piden hasta 18 millones –para su ejecución allá por junio de 2025- supone la quinta propuesta.

De este modo, la ubicación de dos aparcamientos de carácter disuasorio en la Zona Franca y en el Puerto “permitirán el cambio de modo de transporte en dos ejes fundamentales, el acceso sur de la ciudad y en el perímetro del casco urbano”.

El proyecto recoge que estos equipamientos contarían con un sistema de compactación semiautomático con el objetivo de obtener el mayor rendimiento en el suelo disponible, puntos de aparcamiento y alquiler de bicicletas, así como acceso cercano a la red de transporte público, ejerciendo como intercambiadores de transporte de la ciudad, tal y como ya recoge el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible en ambos enclaves.

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