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Ante el temor de un próximo aumento de desahucios en Cádiz, el Ayuntamiento insta a propietarios a implicarse en el alquiler social

El Ayuntamiento de Cádiz anima a que más propietarios se sumen al programa municipal de alquiler (con modificaciones desde hace unos meses, con mayores rentas para los arrendadores), cuyo objetivo es impulsar el alquiler residencial en la ciudad propiciando que casas vacías o destinadas a uso turístico se pongan, “con las debidas garantías” para el dueño, a disposición municipal con destino a vecinos con escasos recursos. La concejala de Vivienda se teme que a partir de agosto se produzca un aumento de desahucios por impagos al expirar la moratoria estatal por la pandemia.

El Ayuntamiento de Cádiz quiere animar a que más propietarios se sumen al programa municipal de alquiler, cuyo objetivo es impulsar el alquiler residencial en la ciudad propiciando que casas vacías o destinadas a uso turístico se pongan, “con las debidas garantías” para el dueño, a disposición de la empresa municipal de vivienda, Procasa, con destino a los sectores de población más vulnerables. Así, se pide “colaboración” a quienes poseen segundas o más casas.

“Hay datos que avalan que el alquiler anual es más rentable económicamente que el turístico y genera menos problemas de convivencia en las comunidades”, asevera al respecto la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Eva Tubío, que junto al resto del Gobierno local pide “colaboración” a los propietarios de viviendas.

Pero hay más: advierte de que la futura Ley de Vivienda a nivel estatal está valorando gravar las viviendas vacías con un aumento del IBI, con lo cual, “es un buen momento para sacarlas al alquiler”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Tubío señala que desde la modificación en abril de la ordenanza (básicamente, se incrementa la cuantía de las rentas para los arrendadores), tras una primera etapa de escaso éxito, se han sumado “varias viviendas” al programa; aunque no se ofrecen cifras concretas.

No obstante “se siguen necesitando más, máxime cuando en caso de no prosperar la reivindicación que se está haciendo desde este Ayuntamiento y desde los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, el próximo 9 de agosto expira la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional aprobada por el Gobierno de España con motivo de la pandemia y el estado de alarma, lo que hace sospechar que pueda producirse un aumento de estas situaciones”, anota la edil izquierdista.

Tubío incide en que, además de la construcción de vivienda de alquiler social con las obras que actualmente se están ejecutando por parte de Procasa en las calles Botica, Marañón y Marqués de la Ensenada, o el recién aprobado proyecto de 16 viviendas en calle Santiago (con un presupuesto que supera los 1,6 millones y un plazo de ejecución de 18 meses), este programa responde al compromiso del equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ de “poner todas las herramientas posibles para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el derecho de los gaditanos a vivir en su ciudad”.

Asimismo, ha apuntado que la normativa supone también una alternativa para sacar al mercado viviendas en la ciudad que no cuentan con las condiciones de habitabilidad a través de créditos reintegrables de hasta 10.000 euros para reformas y, por otro lado, facilita el acceso a las mismas de personas con recursos limitados.

Entre otras cuestiones, la modificación de la ordenanza en vigor contempla el incremento de la cantidad mensual de alquiler de 550 euros más 50 de comunidad a un máximo de 800. En concreto, Procasa entrega a los propietarios que le cedan casas para alquiler social hasta un máximo de 600 euros en el caso de viviendas de un dormitorio, un máximo de 700 euros para los de dos dormitorios y un tope de 800 euros para las de tres. Asimismo, el tiempo de los contratos de alquiler se eleva de tres a cinco años conforme al cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Las viviendas privadas son cedidas para su gestión pública durante cinco años, en los que “el Ayuntamiento garantiza el buen uso del inmueble y el pago en fecha del cien por cien de la renta que le corresponda en base a la ordenanza, que está en los límites del mercado”. Es la administración local la que se encarga de cubrir la diferencia hasta ese límite sobre el precio que se acuerde con el inquilino teniendo en cuenta sus posibilidades económicas. Las ayudas económicas a los beneficiarios para el pago de las rentas de los alquileres se realizan como ayuda social por los equipos técnicos competentes.

Sentencia Eva Tubío que, conforme al Plan Municipal de Vivienda, esta iniciativa persigue contribuir a aumentar la oferta de alquiler y sobre todo a “hacer ciudad” en tanto que ayuda a evitar que haya vecinos que tengan que marcharse a otras localidades de la Bahía porque aquí no exista suficiente oferta para vivir, “al estar buena parte de ese posible parque de alquiler deshabitado o destinado al alquiler turístico”; y lo hace al mismo tiempo con el apoyo municipal, “con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento”.

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