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Adelante lamenta que Pilar Tubío, una trabajadora municipal, “esté siendo víctima de un calvario judicial fruto de una denuncia del PP”

Un auto judicial ha dictado la apertura de juicio oral contra Pilar Tubío, trabajadora social en el Ayuntamiento de Cádiz, y la Fiscalía llega a pedir nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en el proceso de adjudicación de viviendas sociales de Matadero. Mientras el PP exige ya que esta funcionaria sea retirada de su puesto, Adelante le muestra su “absoluto apoyo” e interpreta que la causa contra ella “es fruto de una represalia por su actitud de denuncia y de valentía”.

Se ha conocido estos días un auto del Juzgado número 1 de Instrucción de Cádiz dictando la apertura de juicio oral contra una trabajadora social en el Ayuntamiento, Pilar Tubío, y la petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación de viviendas sociales de Matadero.

Ante ello, Adelante Cádiz, formación que forma el actual Gobierno municipal, ha querido manifestar su “absoluto apoyo” a esta trabajadora, hermana de la concejala Eva Tubío. Por su lado, el PP se salta la presunción de inocencia y entiende que “esa funcionaria no puede estar al frente de los Servicios Sociales. La condena, si llega, ya llevará aparejada la medida laboral consiguiente, pero es potestad del alcalde dar o quitar la responsabilidad de la dirección de área, y la situación de Pilar Tubío no admite un solo minuto más el ejercicio de esa responsabilidad”.

Para Podemos, Ganemos e IU, según exponen en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “la causa contra Pilar Tubío es claramente fruto de una represalia por su actitud de denuncia y de valentía, al canalizar en su día, como coordinadora del área, las quejas de ochenta trabajadores sociales de la delegación de Asuntos Sociales ante la gestión del PP, cuando gobernaba el Ayuntamiento, en la adjudicación de las viviendas de Matadero”.

“Lamentamos que haya llegado tan lejos y que una trabajadora municipal esté siendo víctima de este calvario judicial, fruto de una denuncia del PP, que en su manera de proceder habitual, denuncia a quien ose poner en duda su labor, a modo de castigo, y por supuesto, de amenaza a futuro para intentar amedrentar a funcionarios y cargos públicos”, insisten desde Adelante.

Asimismo, la coalición izquierdista opina que precisamente “el PP, que ostenta el infame récord de ser el partido más corrupto de la democracia española, con más personas implicadas o en prisión en todo el Estado español, no tiene legitimidad alguna para señalar la labor de una trabajadora social por una valoración técnica propia del desempeño de su trabajo. Ni mucho menos, para solicitar que deje su puesto actual cuando tiene experiencia, reputación y sobrado currículum para el desempeño del mismo”.

Y reitera que “la querella interpuesta en su día por la exconcejala popular Mercedes Colombo (ahora recolocada como delegada territorial en la Junta), donde también se acusaba a cuatro trabajadoras sociales, dos concejales y una abogada, es otro episodio más de una práctica común en la actividad política del PP, no solo en Cádiz sino a todos los niveles, que les critique o acude. No es nada nuevo, ha ocurrido en casos de renombre nacional como la Gürtel o el caso Bárcenas, y también le pasó al alcalde por pronunciarse sobre la crisis del agua contaminada en Loreto, causa en la que el PP fracasó estrepitosamente, como ya le ha ocurrido en el grueso de esta causa”.

Por todo ello, desde Adelante Cádiz sentencian que “no aceptamos que, para más inri, pretendan servirse de esta artimaña para echar tierra sobre la mejor política social que nunca ha tenido esta ciudad. Eso es lo que les duele, que la prensa nacional destaque lo bien que se están gestionando nuestros servicios sociales”.

Por su lado, el ahora principal partido de la oposición señalaba días atrás que quiere saber “dónde están ahora todos aquellos que fueron a los juzgados y a los medios de comunicación señalando a dos concejalas del PP porque, según decían, las irregularidades eran claras, cuando saben que era una de las acusadoras las que, según Fiscalía, cometía delitos de prevaricación. Habría que preguntar al anterior portavoz socialista, a UGT en la Junta de Personal y sobre todo a Martín Vila, que personó al Ayuntamiento mediante un decreto aprovechando una baja del alcalde, si ahora van a iniciar acciones legales contra Pilar Tubío por ese delito que, evidentemente, menoscaba los intereses públicos del Ayuntamiento de Cádiz”.

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