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“Aclarar” la situación del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz: objetivo de la “reunión urgente” que el alcalde le demanda a la Junta

El alcalde de Cádiz comparte la opinión del presidente del TSJA: la capital gaditana “no puede esperar más” el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En este sentido, ha pedido al consejero de Justicia de la Junta una reunión urgente para aclarar y cerrar la ubicación de la misma, que ya se había consensuado con el anterior Gobierno andaluz del PSOE en los depósitos de tabaco, pero que el actual Ejecutivo de PP y Cs parece descartar. González Santos asegura que ya existía un anteproyecto de actuación.

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, comparte la opinión expresada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en la que aseguraba que la capital gaditana “no puede esperar más” el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y por ello mismo, ha pedido al consejero de Justicia y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, una reunión urgente para aclarar y cerrar la ubicación de la misma, que ya se había consensuado con el anterior Gobierno andaluz del PSOE en los depósitos de tabaco, pero que el actual Ejecutivo de PP y Cs parece descartar.

En dicho encuentro, el primer edil pretende “poder avanzar en lo acordado ya con el anterior Gobierno de la Junta”. Es más, apunta que “toda la documentación requerida por la Junta ha sido entregada por parte del Ayuntamiento, por lo que no entendemos por qué está paralizado”.

Justo antes del cambio de Gobierno en la administración regional, a decir del alcalde, “no sólo había firmado un protocolo general de actuación a través del cual el Ayuntamiento cedía parte del inmueble del antiguo depósito de tabacos para destinarlo a la Ciudad de la Justicia sino que se había presentado el anteproyecto de actuación”.

Pese a esto, “el PP no ha dudado a la hora de afirmar que no existía documentación alguna”. En este sentido, González Santos ha acusado a este partido de derechas de “querer eternizar la espera de la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia con el único fin de paralizar proyectos importantes de la ciudad y así bloquear la gestión municipal”.

De este modo, ha exigido que se dejen de “buscar excusas” para no invertir en la ciudad ya que “son los máximos responsables de más de un década de retraso. Se demostró durante más de quince años al poner toda serie de impedimentos para llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Junta, entonces del PSOE, y lo ponen ahora desde la Junta con este Ayuntamiento”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde reprocha a los nuevos gobernantes de la Junta que “sólo les interese seguir poniendo trabas para que este Ayuntamiento no puede realizar los proyectos que son importantes para la ciudad y que mejoran la vida de sus ciudadanos. No les importante tomar a los gaditanos como rehenes con tal de paralizar las inversiones y la actividad municipal”.

“Este equipo de Gobierno ha demostrado una y otra vez su capacidad para entenderse con otras instituciones con el único interés de desbloquear proyectos que llevaban años paralizados en la ciudad”, repite el primer edil de Sí se puede. Sin embargo, “el PP vuelve a demostrar que no se ruboriza lo más mínimos al mentir que no existe ningún documento para justificar que no se incluyan en los presupuestos cuando se ha llegado a presentar el anteproyecto”.

De este modo, José María González no duda de que el presidente del TSJA “lleva razón” porque “Cádiz no puede esperar más una Ciudad de la Justicia, más aún cuando se había encontrado una situación que satisfacía a los dos administraciones tanto por su ubicación como su proyección de ejecución en el tiempo”.

A todo ello, suma la repercusión que tendría la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco ya que “revitalizaría y dinamizaría” barrios de extramuros como los del Cerro del Moro, Loreto, La Laguna y Segunda Aguada. Y en particular supondrá la renovación de las condiciones de la planta judicial de la ciudad.

GRADUADOS SOCIALES Y JUNTA REPASAN NECESIDADES DE LA JUSTICIA EN CÁDIZ

Esta misma semana, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, acompañada por el delegado territorial de Justicia, Miguel Rodríguez, ha mantenido una reunión con parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, donde han puesto en común las demandas y necesidades que requiere la justicia en la provincia.

Mestre ha agradecido al representante de los Graduados Sociales, José Blas Fernández, y a su vez su compañero en el PP, su interés para “buscar un consenso a la hora de valorar los dos espacios”, según ella, que “actualmente están sobre la mesa respecto al lugar que más conviene ubicar la Ciudad de la Justicia, estimando los pros y los contras de cada uno y apoyar el trabajo de la Junta para que sea una realidad”.

“Hemos entregado a los representantes de la Junta toda la documentación sobre este proyecto, cuyos antecedentes se remontan a 2001. La situación de las sedes judiciales es pésima, pero tenemos que dar un plazo y un margen de confianza a esta administración para que, sin más demora, se encuentre una situación definitiva, sea en la ubicación que sea”, ha apuntado al respecto Fernández, quien incluso ha llegado a apuntar que “somos conscientes de las dificultades y de la absoluta falta de colaboración por parte del Ayuntamiento, que no ha cumplido hasta la fecha con los compromisos adquiridos con los anteriores responsables para la cesión de los terrenos de los antiguos almacenes de Tabacalera”.

Por otro lado, ambas partes han tratado la situación de la administración de la justicia, en particular la de sus instalaciones, así como las de los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) y el Sercla, “claramente mejorables”. Ana Mestre y Miguel Rodríguez también han recogido el interés del Colegio de Graduados Sociales para que estos profesionales puedan acceder al denominado ‘turno de oficio’, el sistema de representación técnica gratuita, otorgando a la figura procesal del graduado social, “escuchando con atención su demanda”.

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