La Junta General de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz ha aprobado una modificación de crédito para la adquisición del suelo ofrecido por el Ayuntamiento de Puerto Real (en Malas Noches) para la reubicación, en condiciones dignas, del Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz; o lo que es lo mismo, la perrera competencia del ente mancomunado, actualmente una parcela privada de Chiclana, que ‘sirve’ a los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real, y cuyos servicios están adjudicados a la empresa Athisa.
Dicha Junta General se ha celebrado en la mañana de este martes un rato después de la comisión convocada para analizar el informe técnico encargado a raíz del expediente abierto por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, señalando un panorama “desolador” para los más de 160 perros que se encuentran en “condiciones miserables” actualmente en este centro público privatizado.
Sin embargo, pese a lo apuntado por el Seprona, dicha propuesta de informe concluye que “no se observan ejemplares en mal estado o hacinados”; aunque sí observa que las zonas de cuarentena y recepción se encuentran permanentemente ocupadas, y que no se han empezado a construir los nuevos cheniles exigidos en el pliego.
De hecho, la comisión ha dejado sobre la mesa este primer informe “porque no responde al sentimiento y la percepción manifestada por algunos ayuntamientos en la reunión”, revelan desde el Consistorio isleño, públicamente el más crítico con la situación de la perrera. Así, volverá a celebrarse una reunión en una semana “para revisar y aprobar, en su caso, un nuevo informe”.
“AGILIZAR AL MÁXIMO LOS PLAZOS”
Entre tanto, en la Junta General el Ayuntamiento de la capital se ha ofrecido a la Mancomunidad a asumir la redacción del proyecto básico para la construcción del proyectado nuevo Centro de Bienestar Animal en Puerto Real.
De este modo, según se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este proyecto básico será redactado por la Oficina Técnica de su concejalía Urbanismo, “con el objetivo de agilizar al máximo los plazos y que la Bahía pueda contar cuanto antes con un nuevo centro de protección de animales”. Al respecto, la próxima semana se celebrará en Puerto Real una reunión técnica para comenzar a trabajar en este documento.
Sobre este punto, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importancia de “crear alianzas entre los municipios que formamos parte de la Bahía y de la Mancomunidad para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos”; “con la redacción de este proyecto básico queremos colaborar en la puesta en marcha, lo antes posible, de este nuevo Centro de Bienestar Animal”, repite el primer edil del PP.
EL AYUNTAMIENTO DE LA ISLA NO VE UNA OPCIÓN “ESPERAR HASTA 2027”
Con todo, de nuevo desde San Fernando se muestran poco optimistas. Su concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, por su lado, dice haber planteado “alternativas claras” para agilizar la construcción de la perrera.
Al respecto, en la comisión previa ha preguntado por “las mejores perspectivas de plazos” con los que trabaja la Mancomunidad. “Hay que tener en cuenta que aún falta la adjudicación final del suelo, la licitación del proyecto, la ejecución del mismo, la licitación de las obras y la ejecución de éstas”. Esta edil del PSOE se queja de que la Mancomunidad, con el popular Millán Alegre de presidente, “no ha sido capaz de determinar una fecha aproximada, más allá de fijar como objetivo el mandato”.
Por tanto, añade Foncubierta, dado que el nuevo centro “no estará hasta 2027 en el mejor de los casos”, el Ayuntamiento de San Fernando considera que es un plazo “inadmisible dada la situación en la que viven los animales”. Por ello, ha puesto sobre la mesa alternativas que “permitirían construir el nuevo centro a través de empresas y entidades públicas para su puesta en funcionamiento en el plazo máximo de un año o un año y medio”. Todo lo que exceda de ese tiempo, se repite, “no debe ser una alternativa aceptable para la Mancomunidad”.
En este sentido, ha planteado opciones para el servicio de recogida de animales abandonados y gestión del centro de acogida de animales; como que la Diputación de Cádiz, “como hace la Diputación de Pontevedra”, gestione este servicio a través de una encomienda a la empresa pública Tragsatec u otra. O por otro lado, que se encargue la empresa pública Cemabasa, “que en sus propios estatutos recoge el objeto social de dar servicio de recogida, residencia, albergue, adiestramiento y los de refugio para animales abandonados y perdidos, así como los de su cesión y adopción, entre otros”.
Considera esta concejala que “las empresas públicas permiten unos sistemas de contratación y ejecución mucho más ágiles y garantistas con el interés final de protección de los animales, que es lo que en este momento necesitamos”.
SE EXIGE UNA REVISIÓN DEL CONTRATO “PARA ADAPTARLO A LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL”
Pero desde el Ayuntamiento de La Isla, que días atrás amenazaba con dejar de costear la perrera mancomunada, también han reclamado en la reunión que, tal y como permite la Ley de Contratos del Sector Público, se revise y modifique el contrato del servicio suscrito con Athisa (adjudicado por un plazo de tres años por cerca de 1,6 millones de euros), ya que este “se articula en base a una ley obsoleta y debe adaptarse a la nueva Ley de Bienestar Animal”.
“No vamos a ser cómplice de una situación inasumible para una administración pública por su falta de ética, por el incumplimiento de la normativa actual y porque nuestro compromiso con el animalismo no nos lo permite”, ha aseverado María José Foncubierta.
Ha señalado a modo de ejemplo que los cheniles que se deben instalar en la perrera, según el contrato, son de 1,5 por 2 metros, careciendo los animales de refugio suficiente para protegerse de las inclemencias meteorológicas “y, además, algunos de los perros llevan semanas o incluso meses sin salir porque no hay zona habilitada para el esparcimiento”: “atendiendo a la ley, en el Ayuntamiento de San Fernando entendemos que esto es maltrato animal y, por tanto, no vamos a tolerarlo”.
Finalmente, desde el Consistorio isleño se ha expresado la “preocupación máxima” ante las informaciones planteadas relativas a la pérdida de la calificación de núcleo zoológico del actual centro de protección animal, “lo que corrobora nuestro planteamiento de que la situación es insostenible y genera una gran inseguridad jurídica”, por lo que ha reclamado “contundencia y agilidad” a la Mancomunidad en la búsqueda de soluciones.
