“Si la Junta no actúa de forma inmediata, se convierte en parte activa de una trama indecente”. Así lo entiende el comité de empresa del servicio de limpieza de los centros de salud de la Bahía de Cádiz y La Janda, que pide a la administración autonómica la anulación inmediata del nuevo pliego del concurso público para este contrato privatizado (actualmente explotado por la empresa Clece), cuya fecha límite de entrega es el 19 de septiembre. Una exigencia que comparte en paralelo Adelante Andalucía.
Ambos (sindicatos y Adelante) consideran especialmente grave que el nuevo pliego, cuyo presupuesto aumenta más de un millón de euros anuales respecto al anterior, “no solo no mejora la situación precaria del personal, sino que incluso recorta horas estructurales del servicio”.
Sindicatos como Autonomía Obrera llevan tiempo denunciando junto a los “incumplimientos sistemáticos” de la actual contrata, que este colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres “se encuentra expuesto diariamente a riesgos de toxicidad que la adjudicataria se niega a reconocer”, señalando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su “falta de sensibilidad, ausencia de compromiso y clasismo, su absoluta indiferencia y desprecio” hacia estas trabajadoras.
Y hoy día la patronal del sector insiste en no estar dispuesta a reconocer este derecho al plus tóxico (pese a que esta plantilla asume en sus jornadas la limpieza de sangre, orines, heces, vómitos…), mientras la Junta, “en lugar de intervenir para garantizar derechos laborales, se limita a trasladar responsabilidades entre las partes implicadas”.
“SE PASAN LA BOLA UNOS A OTROS”
Según el comité, el SAS les ha remitido por escrito que la cuestión debe negociarse con Clece y que el nuevo pliego recogerá las condiciones del convenio colectivo. Sin embargo, la actual adjudicataria argumenta que no puede firmar acuerdos al margen de lo pactado por su patronal en el convenio provincial de limpieza. Para los representantes sindicales, “existe un sistema retorcido donde se pasan la bola unos a otros y se ríen literalmente de los trabajadores”.
La denuncia trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz incluye datos económicos que, a juicio del comité, evidencian la “complicidad” entre las tres partes. El servicio actual contempla 166.630 horas de trabajo al año, pero la empresa actual “no realiza la mayoría de sustituciones por vacaciones, bajas o licencias, lo que reduce la carga efectiva a 160.286 horas”, un “incumplimiento flagrante del pliego que genera sobrecarga laboral”. Este ajuste, sumado a las horas no cubiertas, supondría “un ahorro injustificado de aproximadamente 400.000 euros anuales para Clece”, se calcula.
Pero para más inri, el nuevo pliego que el SAS pretende tramitar reduce 1.172 horas anuales respecto al anterior, al tiempo que aumenta el presupuesto un 49,2%, más de un millón de euros: “esta subida presupuestaria no se refleja en mejoras para las condiciones laborales ni en el reconocimiento del plus tóxico. Parte del aumento va a cubrir las sustituciones que Clece no ha realizado en cinco años, y el resto se destina directamente al beneficio empresarial”, se lamenta.
“La Junta, Clece y la patronal solo se preocupan por resolver el problema de la empresa, aumentando su beneficio”, remarca el comité, que entre sus exigencias reclama la anulación del nuevo pliego, una auditoría independiente con participación de la representación laboral, y que la Junta del PP “rompa su connivencia con Clece y la patronal”.
“Si la Junta sigue permitiendo que Clece y la patronal bloqueen el reconocimiento del abono del plus tóxico, no nos dejarán más alternativa que promover un conflicto colectivo desde el inicio del servicio”, se sentencia como advertencia. Esta connivencia entre las tres partes, se reitera, “queda evidenciada como una operación para proteger el beneficio empresarial, en lugar de proteger los derechos legítimos de los trabajadores”.
“LA DIGNIDAD DE ESTAS TRABAJADORAS NO ES NEGOCIABLE”
Esta misma idea la suscribe Adelante Andalucía, que pone el foco en la precaria situación de estas trabajadoras, “esenciales para garantizar la higiene y la seguridad en centros sanitarios públicos”. Esta formación izquierdista sigue comprobando cómo el nuevo pliego de condiciones mantiene su precariedad, una carga laboral excesiva y sigue obviando una de sus principales demandas: el abono del plus de toxicidad por las condiciones de su trabajo.
Por ello, Adelante también exige “la anulación inmediata del nuevo pliego y la apertura de una auditoría independiente y transparente, con la participación del comité de empresa, pues con los datos aportados por el mismo en cuanto a la falta de sustituciones, la Junta habría permitido el incumplimiento del contrato y un mal uso de los fondos públicos”.
“La dignidad de estas trabajadoras no es negociable, y sus derechos no deben considerarse un gasto, sino una obligación que la Junta de Andalucía tiene el deber de garantizar”, asevera este partido andalucista de izquierdas.
