El Ayuntamiento de Jerez ha sacado adelante un plan específico de seguimiento del desarrollo urbanístico en suelo rústico, que pretende “poner coto al fenómeno residencial no ordenado”. Y es que desde 2018 se viene produciendo un contexto de “expansión inmobiliaria” en dicho suelo del término municipal (donde es ilegal construir) reflejado en el repunte de parcelaciones, de asentamientos con claro carácter recreativo o residencial, y de casas.
Para la puesta en marcha de este proyecto (siguiendo las directrices del Plan de Inspección Urbanística Municipal aprobado en diciembre de 2019), la concejalía de Urbanismo reforzará el personal adscrito a Disciplina Urbanística con el nombramiento de cuatro funcionarios interinos: un inspector urbanístico (arquitecto técnico), un arquitecto o arquitecto técnico (ingeniero de Edificación), un licenciado en Derecho, y un administrativo. Para estas contrataciones temporales se dispone de un gasto plurianual de 671.000 euros.
Con la aprobación de este plan específico que en principio se extenderá durante tres años “establecemos las líneas de intervención para que nuestros técnicos lleven a cabo sus funciones de inspección y vigilancia urbanística en suelo rústico”, repite la alcaldesa María José García-Pelayo; quien reconoce que “a pesar del trabajo que se hace desde Urbanismo para contener el fenómeno, estamos asistiendo desde hace años a una proliferación de edificaciones irregulares y actos de parcelación que han superado cualquier previsión y que nos obliga, como administración responsable, a tomar decisiones y a adoptar medidas en materia de disciplina urbanística para tratar de contenerlo o reducirlo”.
Normalmente se trata de casas prefabricadas, caravanas fijas, casas móviles e incluso contenedores de transporte fáciles y rápidos de instalar.
“Esta proliferación de asentamientos no regulados genera, además, un grave problema medioambiental, dado que estos asentamientos constituyen un foco de insalubridad y provocan además un número creciente de casos de captación ilegal de agua y de contaminación de los acuíferos, de inseguridad o de enganches ilegales de energía”, añade la primera edil del PP, que además se queja de “la facilidad con la que los medios de publicidad digitales ayudan a que se produzcan estas actividades en su gran mayoría ilegales”.
A todo ello se une el amplio término municipal jerezano (1.188 kilómetros cuadrados) y los numerosos asentamientos dispersos (21 asentamientos poblacionales en suelo rústico), que dificultan “una gestión suficiente o acorde” con los medios de control de los que dispone el Ayuntamiento.
Durante la ejecución de este plan, técnicos de Urbanismo trabajarán en colaboración con otras administraciones públicas competentes, los órganos judiciales y con el Ministerio Fiscal, al objeto de hacer cumplir efectivamente las medidas provisionales y definitivas que se hayan acordado.
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
Para su desarrollo se han establecido tres líneas de intervención, se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. Por un lado, una línea enfocada a prevenir la implantación ilegal en suelo rústico de usos residenciales cuando constituyan nuevas parcelaciones urbanísticas o cuando puedan suponer un riesgo de formación de asentamientos no previstos.
En segundo lugar, se ejercerá un control sobre los nuevos usos residenciales ilegales y otros usos no permitidos, así como de aquellos actos y usos que favorezcan el crecimiento irregular.
Y por último, se realizará un seguimiento y supervisión del cumplimiento efectivo de la ejecución de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística ya impuestas.
Además, establece una serie de recorridos prioritarios, entre los que figuran espacios protegidos, vías pecuarias, patrimonio cultural, zonas paisajísticas, viñedos, regadíos, zonas inundables, zonas de servidumbre aeronáutica, plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, huertos de ocio o hábitats rurales diseminados, entre otros.
Finalmente, se remarca que este plan específico de seguimiento del desarrollo urbanístico en suelo rústico se irá ejecutando en distintas etapas: una fase preventiva y de vigilancia inspectora del desarrollo de actuaciones en suelo rústico; otra de tramitación de procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad territorial; y una tercera de control de las medidas definitivas.
