La concejala de Recursos Humanos y el de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez han presentado el presupuesto para 2016 y han anunciado el cierre del expediente administrativo de las transacciones que al final contempla la reincorporación de 91 empleados municipales afectados por el ERE que hace justo cuatro años impuso el PP, una veintena menos de los esperados (116 cuentan con sentencia de despido improcedente), lo que no han dudado en denunciar Ganemos e IU: “que no decida el PSOE, que decida el pleno y que sea el TSJA, que al fin y al cabo debe homologarlos, quien tenga la última palabra” pero con todos los casos, exigen.
La concejala de Recursos Humanos y el de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez y Santiago Galván, respectivamente, han presentado el presupuesto municipal para 2016, las propuestas adicionales que se incorporan al plan de ajuste, y han anunciado el cierre del expediente administrativo de las transacciones que “al final contempla el ingreso de 91 empleados municipales afectados por el ERE que hace justo cuatro años aplicó el Gobierno del PP”, una veintena menos de los esperados, lo que no han dudado en denunciar Ganemos Jerez e IU. Los tres asuntos serán elevados a un pleno que se quiere celebrar esta misma semana.
Precisamente, ligado a las cuentas de 2016 (que recogen 275,5 millones de ingresos y 228 de gastos, a los que se suman el anticipo de 49 millones), se encuentra la reincorporación de los trabajadores afectados por el ERE (desde principios de agosto mantienen un encierro en dependencias municipales exigiendo que se cumpla de una vez esta promesa); y el Capítulo I contempla ya que puedan volver al trabajo “a partir del 1 de octubre”.
A decir de Laura Álvarez, “ya tenemos cerrado el expediente, 91 personas podrán optar a la transacción que se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”. El tribunal tendrá la última palabra; ahora el expediente se elevará a pleno con el informe del interventor.
“El problema de esta tramitación ha surgido tras registrar el PP un escrito en el que exige a Secretaría información que está contestada en el informe jurídico que se ha elaborado”, ha enfatizado esta edil del PSOE. Es por ello que el Gobierno municipal no alcanza a entender que “después del estar el PP todo un año callado” presente ahora el escrito sin tener en cuenta todo el trabajo llevado a cabo y la situación de las familias. “No entendemos cuál es el objetivo del PP”, ha incidido la responsable de Recursos Humanos. “No solo es de justicia social que entren estos trabajadores sino también de necesidad porque se necesita personal para prestar servicios”. El despido de 260 trabajadores municipales impuesto por la derecha durante el anterior mandato “obligó a cerrar polideportivos, bibliotecas, y a pagar horas extras y compra de libranzas por falta de personal”, ha recordado.
Además de finalizar del expediente y de elaborar una consignación presupuestaria en 2016 para estos trabajadores, ha señalado que el Ejecutivo local “se compromete a seguir trabajando para tratar de incorporar al resto de afectados por el ERE, buscando cualquier resquicio procesal que les permita optar a la transacción”. “Haremos la modificación presupuestaria para que se incorporen”, ha afirmado.
El Gobierno municipal espera además el visto bueno del Ministerio de Hacienda para el presupuesto de 2016 (el Ayuntamiento se puede decir que está ‘intervenido’ por Montoro), “lo que permitía presentar el de 2017 antes de finalizar el año, sobre noviembre, y poner fin a una situación que provocó el PP que tuvo al Ayuntamiento dos años y medio sin presupuesto”, ha concluido Santiago Galván.
GANEMOS E IU RECLAMAN LA REINCORPORACIÓN DE “TODOS LOS AFECTADOS CON SENTENCIA DE DESPIDO IMPROCEDENTE”
Ganemos Jerez e IU, desde la oposición, reclaman al Gobierno municipal que cumpla su promesa y reincorpore no a 91 sino los 116 de los trabajadores despedidos hace cuatro años que lo han solicitado. Además, el pleno ya aprobó a finales de 2015 la reincorporación de todos estos afectados con sentencia de despido improcedente.
“Ante la controversia jurídica, manifestamos una vez más, que se permita al pleno municipal pronunciarse sobre los 116 casos de despido improcedente”, insisten desde la agrupación de electores promovida por Podemos, añadiendo “que no decida el Gobierno municipal, que decida el pleno y que sea el Juez, que al fin y al cabo debe homologarlos, quien tenga la última palabra”.
“Que el Gobierno del PSOE haya anunciado su decisión en el minuto de descuento, pretendiendo dejar fuera a una veintena de trabajadores y trabajadoras, es acorde con los continuos vaivenes que ha mantenido a lo largo de los meses y es decepcionante, pues ellos conocen sobradamente de nuestra intención, junto a IU, de llevar todas la reincorporaciones al pleno”, se apostilla.
“Se ha aportado un sólido informe jurídico que contradice el informe encargado por el Ayuntamiento y que cita precisamente un acuerdo homologado por el TSJA, en un caso idéntico a los despedidos que el Gobierno municipal quiere dejar fuera. Un acuerdo transaccional que ha sido homologado hace apenas dos meses. Una sentencia que ni menciona el informe encargado por el Ayuntamiento al gabinete privado de Sevilla, siendo tan trascendente para el caso”, subrayan desde Ganemos.
Por otro lado, a esta formación le resulta “llamativo” que el PP, “que perpetró estos despidos arbitrarios e injustos, haya despertado de su letargo en este tema, solo y exclusivamente para seguir poniendo palos en la ruedas”.
Del mismo modo, IU dice tenerlo claro: “los acuerdos de pleno de septiembre y noviembre de 2015 abordan la presentación de todos los acuerdos transaccionales y sobre la posibilidad de presentar al TSJA todos esos acuerdos deberá pronunciarse el pleno de. Lo contrario, presentar sólo algunas de esas transaccionales por decisión exclusiva del Gobierno local, sería incumplir los acuerdos plenarios, además de prejuzgar a más de 20 afectados sin que el órgano competente tenga siquiera la opción de manifestarse al respecto”.
Los izquierdistas manifiestan que la reincorporación de los despedidos “no es una decisión del Gobierno, lo es del pleno y, por tanto, es éste quien debe manifestarse al respecto previo informe del Interventor”.
El portavoz municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, insiste en que “la única competencia, que además es obligación, del Gobierno es garantizar que todas las transaccionales cumplen con las exigencias del Ministerio, incluyéndolas en el presupuesto y el plan de ajuste -cosa que no ha hecho-, y remitirlas al Interventor, todas ellas, para que éste informe al pleno de cara a su pronunciamiento”. Por lo tanto, si el equipo de Gobierno de Mamen Sánchez decide descartar, por su cuenta y riesgo, la posibilidad de presentar las transaccionales de más de una veintena de afectados, incluso antes de que el interventor se pronuncie al respecto, “estaría actuando de manera contraria al procedimiento regulado en la ley, por lo que tendría que dar muchas explicaciones”.
Además, la coalición considera que la intención del Gobierno local de excluir a más de 20 afectados del ERE del PP en base al criterio de un bufete de abogados privado, que contradice los argumentos legales expresados por el gabinete jurídico del Ayuntamiento para avalar la presentación de todas las transaccionales, “es contraria al Reglamento, y por tanto también supondría una vulneración de la legalidad vigente”.
Para finalizar, Ruiz-Berdejo también entiende que la actitud de la derecha “intentando generar dudas sobre la legalidad de los acuerdos transaccionales es deleznable. No tuvieron suficiente con destrozar la vida de 260 familias, que también pretenden rematar a los pocos que pueden salir de esa pesadilla”.
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